Se trataba de una reunión de militares del Ejército de Honduras con el general Vladimir Padrino López, Ministro de Defensa de Venezuela, en el marco de un evento deportivo militar. El comentario de Dogu, sin lugar a dudas, más que injerencista fue un mensaje amenazante directo sobre la cúpula militar de Honduras.

Ante la envergadura del ataque, Xiomara Castro denunció el chantaje sobre los militares, “es un ataque que no podemos permitir porque debilita la institucionalidad de las Fuerzas Armadas y no solamente eso, pone en precario el proceso electoral que se avecina", (Xinhua 29/08/2024)

El 31 de agosto, Xiomara Castro, giró instrucción al canciller Eduardo Enrique Reina, para denunciar el tratado de extradición de 1912, el que se mantendrá vigente por seis meses más. Las amenazas de Dogu fueron apenas una primera andanada del ataque sobre el gobierno de Honduras y la familia de Mel Zelaya.

El 2 de septiembre, conociendo lo que se venía, Carlos Zelaya, hermano de Mel, secretario de la Junta Directiva del Congreso Nacional, renunció al cargo. También renunció Jose Manuel Zelaya Rosales, hijo de Carlos Zelaya y sobrino de Xiomara y Mel Zelaya, al cargo de Ministro de Defensa. El día 4 de septiembre, el portal Insight Crime, un organismo de fachada de la DEA, publicó un video del año 2013 sobre una reunión de Carlos Zelaya con miembros del cartel de “Los Cachiros”.

El escándalo del narcovideo ha reactivado a la alicaída oposición de derecha de Honduras, para pasar al ataque, solicitando la renuncia de Xiomara Castro. El ataque de Estados Unidos contra la familia de Mel Zelaya está dirigido a evitar que la candidata de Libre, Rixi Moncada, se imponga en las elecciones del próximo año. Para evitar una ruptura con la cúpula militar, Xiomara Castro nombró a Rixi Moncada como nueva ministra de defensa, la cual desde ya debe tejer un acuerdo de gobernabilidad con la cúpula militar.

Mientras la polvareda del escándalo del narcovideo se disuelve, vale la pena reflexionar sobre la suspensión del tratado de extradición, que Honduras suscribió con Estados Unidos en 1912 y que fue ampliado en 1925.

El artículo 102 de la Constitución de Honduras de 1982 prohibía la extradición de sus nacionales, pero en 2012, bajo el gobierno de Porfirio Lobo, y siendo Juan Orlando Hernandez, presidente del Congreso, se aprobó una reforma constitucional que estableció unas excepcionalidades: narcotráfico en cualquiera de sus tipologías, terrorismo y crimen organizado. Y como burla, la reforma estableció que ningún hondureño podrá ser extraditado por delitos políticos y comunes conexos.

De esta forma, Honduras renunció parcialmente a su soberanía, al permitir que otros tribunales juzguen a sus nacionales. Y quienes impulsaron la reforma del 2012 fueron, ni más ni menos dos presidentes, acusados e involucrados con el narcotráfico, creyendo que podían camuflar sus vínculos. Estados Unidos los dejó correr, para halar el mecate después. El caso más emblemático fue el de JOH que entregó y extraditó a varios miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía, para ser ahorcado con la misma cuerda que ensebó.

Se ha creado un mito en torno a la pulcritud de los tribunales norteamericanos, y bajo esta premisa Estados Unidos exige al resto de países que se sometan a sus tribunales y entreguen a sus nacionales. No hay duda que el narcotráfico es una peste social que maneja miles de millones de dólares, lava el dinero sucio a través de múltiples mecanismos, y reclutas adeptos en los barrios marginales.

Lo que no se dice es que los principales carteles de venta y distribución de drogas funcionan dentro de los Estados Unidos. Los carteles latinoamericanos abastecen de drogas a los carteles de Estados Unidos, pero no hay una persecución contra los carteles dentro de Estados Unidos. Y si lo hubiera, es una política condenada al fracaso, porque la única forma de terminar con el flagelo del narcotráfico y drogadicción es legalizando las drogas y utilizando esos recursos para educar a la juventud sobre los peligros que representa.

La campaña de desprestigio de Estados Unidos contra la familia de Mel Zelaya comienza a dar sus primeros resultados. Rixi Moncada, nueva Ministra de Defensa, declaró recientemente que Honduras mantendrá un "diálogo permanente" con Estados Unidos para combatir el narcotráfico y aceptó una "una atenta invitación" para visitar Washington y el cuartel del Comando Sur de Estados Unidos en el Estado de Florida.

Estados Unidos utiliza discrecionalmente la acusación de narcotráfico para tumbar a gobiernos que se rebelan. Tiene dos acusaciones favoritas contra las fuerzas políticas que le combaten: narcotráfico y terrorismo, siendo falsas en la mayoría de los casos.

De esta crisis debemos sacar una conclusión: la soberanía no se puede ceder, corresponde al pueblo de Honduras decidir cómo combatir al narcotráfico y juzgar a los delincuentes en sus propios tribunales, sin injerencias de ningún tipo.