Por Eduardo Villalobos

El problema de la infraestructura, del caos vial, es propio de las urbes concebidas por el sistema capitalista.

El espacio vial, las patologías que se derivan de la combinación de la crisis y otros asuntos correlacionados con un sistema de vida que no es compatible con el bienestar de la población y de sus necesidades.

En este contexto, la promulgación de leyes punitivas, es una salida que en principio puede aparecer como razonable, pero viendo el marco general, es lo mismo que proponer represión para resolver la delincuencia y otros males generados por la apropiación de la riqueza por parte de la burguesía.

El aumento en los accidentes de tránsito causados por el consumo de alcohol y otras drogas lícitas e ilícitas, la alta velocidad entre otras, es reflejo de las relaciones sociales y de lo agobiante de las urbes.

Rezago de infraestructura y privatización

Como si fuera la pomada canaria, el neoliberalismo lanza la privatización de algunos servicios que son rentables y en que estaban en manos del Estado.

En un principio se tomó la tarea de privatizar, como “recomendación” del FMI, los servicios públicos como la energía, telefonía, aguas y otros de acuerdo a la particularidad de cada país.

Esta política ya se ha visto sus consecuencias, desde hace 20 años. El acceso de los sectores marginales a estos servicios se ha visto disminuido por que no es rentable para las empresas ampliar infraestructura, sobre todo con el aumento de los anillos de miseria en las grandes ciudades.

Este aumento de la población desordenado, propio del capitalismo, implica uno de los tantos problemas relacionados con el caos vial.

Además de eso, muchas familias relacionadas con el círculo de poder, vieron en la ampliación de las rutas una forma de aumentar sus ingresos, por medio de las expropiaciones de terrenos para obtener indemnizaciones multimillonarias a partir de propiedades sobrevaluadas.

En otro orden, las empresas concesionadas para la construcción y mantenimiento de las rutas, han hecho durante décadas un negocio redondo con la baja calidad de los materiales que utilizan. Esto ha sido certificado por los laboratorios de la Universidad de Costa Rica en numerosas ocasiones.

Al utilizar estos materiales, tienen trabajo asegurado por varios años, una calle es “reparada” y algunos días después vuelve a presentar los mismos problemas de huecos. Eso sucede en las calles que son reparadas, en las  otras ni eso.

Otro de los problemas de esta concesión fue el desmantelamiento del Ministerio de Obras Pública y  Transportes (MOPT). Toda la maquinaria y plantilla fue desmovilizada con la famosa “movilidad laboral” durante la administración Figueres Olsen, que fue pactada con la dirigencia sindical de la época.  No sólo se vino abajo la construcción y reparación de carreteras sino que también la de aulas escolares.

Tal y como se ve, el escenario fue preparado para los negocios de estas empresas ligadas a parientes y miembros de los que han estado o están en el gobierno.

Todo esto conjugado, da como resultado la anarquía capitalista en las vías de nuestro país.

Multas = caja chica=impuestos

El gobierno ha visto en las multas estilo “europeo”, una forma de dotarse de recursos por medio de un impuesto que castiga sobre todo a los sectores medios y bajos que andan en sus cacharritos.

Las multas son desproporcionadas con el nivel salarial de la población, prácticamente representan entre la mitad y hasta dos veces un salario mínimo.

A pesar de que los diputados han buscado atenuar el monto de las multas, el espíritu de la ley es el mismo, castigar e imponer a los que menos tienen, tal y como es el modelo impositivo en nuestro país.