Por Ramón Sibaja

Aunque el paro general programado para el 10 de marzo fue un fracaso, en cambio la marcha en San José, convocada para ese mismo día por la coalición de centrales obreras y sindicatos, en oposición al Plan Fiscal de Laura Chinchilla, superó todas las expectativas.

Enorme manifestación de descontento social

La marcha obrera salió desde diferentes puntos, del Parque Central, del Parque la Merced y desde La Sabana, hasta confluir en la Asamblea Legislativa, donde actualmente se discute el paquetazo del Plan Fiscal impulsado por el gobierno de Chinchilla. En su recorrido, la marcha logró agrupar unos 25,000 trabajadores. Independientemente de la cifra real, esta ha sido la primera gran demostración de fuerza de la clase trabajadora en contra del gobierno de Chinchilla. Desde las multitudinarias marchas el TLC en el año 2007 no se había visto semejante manifestación de descontento social.

La marcha fue convocada bajo las consignas de rechazo al Plan Fiscal y rechazando a los miserables aumentos de salarios del 2,33% para los trabajadores del sector publico y 2,63% para los trabajadores del sector privado, así como en solidaridad con el Sindicato de Trabajadores de Japdeva (SITRAJAP).

El discurso propositivo de Chinchilla

El gobierno trató de minimizar la importancia de la marcha, al afirmar que según reportes de la Caja de Seguro Social (CSS) faltaron a sus trabajos solamente en 1,1% de los asegurados.

Chinchilla declaró que “el Gobierno está actuando con responsabilidad en medio de una de las crisis fiscales más difíciles que ha enfrentado el país en los últimos años (…) Esperaríamos de parte de los funcionarios de la administración pública una actitud de propuesta más que de protesta. Una actitud que ofrezca soluciones y no sólo que demande reivindicaciones gremialistas. En fin, una actitud que procure, junto con el Gobierno, la búsqueda de mayores niveles de eficiencia de la administración, y alternativas tributarias que hagan sostenible el funcionamiento de las instituciones públicas.” (Extra, 11/03/2011)

Aunque las negociaciones con las dirigencias sindicales han fracasado, y las tradicionales buenas relaciones de los sindicatos con el gobiernos se han tensionado, Chinchilla comienza a manejar un discurso propositivo (pide propuestas no protestas), aparentemente defensivo, y clama desesperadamente por el reinicio de las negociaciones, pero con el objetivo de incorporar a los sindicatos en la búsqueda de alternativas que salven al Estado burgués costarricense de la inminente ruina financiera.

Como no puede derrotar ni evitar la movilización, Chinchilla ha optado por tirar un puente a la dirigencia sindical para que ayude a encontrar salidas a la crisis de las finanzas del gobierno. Los sindicatos y los trabajadores están presionados con las amenazantes declaraciones del ministro de hacienda, Fernando Herrero, quien ha dicho que si la Asamblea Legislativa no aprueba el proyecto de Ley de Solidaridad Tributaria, el gobierno se verá obligado a aplicarla de manera unilateral, aplicando desde ya la famosa “Directriz No 13-H”.

La unidad de acción debe continuar

No hay duda que el éxito de la marcha del pasado 10 de Marzo se debió, en primer lugar, a la unidad de todas las centrales obreras y sindicatos del país. Comp pocas veces hemos visto, esta unidad fue conformada por la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), la Asociación Nacional de Educadores (ANDE), el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación (SEC), la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), la Central General de Trabajadores (CGT), la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN) la Central Movimiento de Trabajadores Costarricenses  (CMTC) y Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP). Esta convocatoria fue apoyada por la Federación de  Estudiantes de la Universidad de Costa Rica  (FEUCR)

Esta amplia unidad en la acción también ha sido posible, en segundo lugar, por el enorme descontento social que sacude a la sociedad costarricense y por el temor generalizado a perder el empleo. Esta vigorosa presión social se reflejó en el discurso de los principales dirigentes sindicales.

Los discursos de los dirigentes

Alexander Ovares, presidente de la Asociación Nacional de Educadores (ANDE), planteó que "el movimiento social de Costa Rica está vivo. Hoy demostramos en las calles que somos fuertes. Si tan solo este gobierno decidiera pagar el salario mínimo a todos y todas las trabajadoras, la pobreza disminuiría en un 4%" (El País, 11/03/2011)

Mélida Cedeño, presidenta de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE),No somos cuatro gatos. Llegamos a un punto con esta marcha que demuestra que el pueblo exige garantías, le recordamos a Costa Rica que es en la calle donde se logran las luchas sociales. Exigir salarios e impuestos justos, que los ricos paguen como ricos, y los pobres como pobres” (La Republica, 11/03/2011) exclamó jubilosa: “

Gilberth Díaz, presidente del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC), muy contexto expresó que “la ley viene afectar la estabilidad alimentaría, salarial de las familias, entonces con este movimiento nos sentimos muy satisfechos”. (costaricahoy.info)

Liroy Pérez Pérez, Secretario de Prensa del SITRAJAP dijo que “estas políticas del gobierno no se diferencian de lo que están haciendo con JAPDEVA, es parte de la misma estrategia, hacerse más y más ricos unos pocos y al pueblo dejarlo con las manos vacías, sin salarios dignos, sin empleo, sin educación, sin salud, porque todo lo hacen negocio”.

Jose María Villalta, diputado del Frente Amplio, se hizo presente en la marcha y planteó en su discurso que “No es poniéndole más impuestos a la clase trabajadora como se va a solucionar el problema fiscal. No deberían ser los más débiles los que paguen los platos rotos de la crisis, debería ser una propuesta solidaria y eso no lo vemos en ningún lado” (La Nación, 11/03/2011).

Todos estos discursos reflejan de manera distorsionada la enorme presión social que ejercen los trabajadores y empleados públicos, que temen las desastrosas consecuencias del Plan Fiscal de Laura Chinchilla

Las peligrosas propuestas negociadoras de ANEP

Quizá el sector más afectado y amenazado directamente con la reducción salarial, el recorte de las conquistas laborales y el desempleo, son los empleados públicos. Por ello adquiere extrema importancia las decisiones de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), especialmente de su principal dirigente, Albino Vargas

En una entrevista reciente, Albino Vargas, haciendo un balance sobre la marcha del 10 de marzo, muy eufórico declaró que “este es el primer esfuerzo por rearticular el movimiento sindical después del movimiento del NO al TLC. Esto nos potencia, hay mucha confianza y está clara la unidad del pueblo que con esto señala que saldrá en defensa de la clase trabajadora”.( Extra, 11/03/2011)

Sin embargo, tras las combativas y certeras declaraciones de Albino Vargas se esconde la vana ilusión de creer que por la vía del dialogo con el gobierno se va a resolver la amenaza de desempleo masivo en el sector público: “(…) doña Laura Chinchilla sabe y ojalá que ella reciba a los sindicalistas, porque ella no quiere recibir a los sindicalistas. Doña Laura sabe que nosotros hemos sido constructivos, y nosotros hemos formulado 13 planteamientos, 13 propuestas para ayudarle a resolver el déficit fiscal al Gobierno, si es que existe déficit fiscal". (El País, 11/03/2011)

Del discurso combativo, Albino Vargas pasa a manejar un discurso contra la evasión fiscal, uno de los temas que también ha manejado el gobierno de Chinchilla, para justificar la aprobación del Plan Fiscal.

Una de las propuestas de Albino Vargas, es el control de la evasión fiscal: "hay que actuar por el camino de la evasión tributaria, hay que actuar por el camino del fortalecimiento de la administración tributaria (…) Hay que actuar por el lado de las rentas para llevar nuevos impuestos al fisco, y además, hay que promover ideas novedosas para que a la gente le guste pagar impuestos, para que la gente pida la factura (…) cómo vas a controlar la evasión con un país que tiene 80 policías fiscales. Por Dios, es imposible "(El País, 11/03/2011)

Esta política de ampliación de la base tributaria significaría que más personas, especialmente trabajadores de bajos ingresos, y trabajadores por cuenta propia, pasarían a pagar más impuestos. Es poco probable que el gobierno de Chinchilla entienda combatir la evasión fiscal con la creación de mecanismos para obligar las grandes empresas a pagar. Las declaraciones de Albino Vargas son muy claras, coincide con el gobierno en la necesidad de que la gente pague más impuestos, lo que representa un peligro para el futuro de la lucha, especialmente para los empleados públicos, el sector más amenazado por el Plan Fiscal de Laura Chinchilla.