La Corte Internacional de Justicia ha resuelto sobre las medidas Cautelares que demandaba el Gobierno de Laura Chinchilla (y el abanico de fuerzas de “izquierda” a derecha que se han alineado detrás de ella) contra Nicaragua. La resolución de la llamada Corte de la Haya señaló que sobre la primera medida cautelar que demandaba el Gobierno de Chinchilla, el retiro de tropas nicaragüenses de la llamada Isla Portillos, daba por un hecho que en tal terreno en litigio no hay presencia de fuerzas militares ni civiles nicaragüenses y ni la consideró para asumirla. Sobre las restantes medidas cautelares que el Gobierno de Chinchilla solicitaba resolvió que no había lugar para asumirlas como tales.

Es decir, que el argumento estridente y magnificado, con claro interés guerrerista respecto que había habido una invasión de tropas nicaragüenses a territorio costarricense, no fue respaldado por la Corte. Lo mismo que para los jueces no ha quedado demostrado que haya habido daños ambientales o que de manera inminente los vaya a haber por la acción del dragado y limpieza del Río San Juan y sus caños por parte de Nicaragua.

Pero, si bien es cierto la Corte no respaldó ninguna de las medidas cautelares que solicitaba el Gobierno de Chinchilla y compañía, sí consideró necesario definir otras medidas cautelares. Las mismas las consideró necesarias en razón de garantizar las condiciones de descompresión de los ánimos y hechos conflictivos mientras la Corte en analiza y resuelve fondo del juicio sobre la pertenencia de un territorio de 3 kilómetros cuadrados (la parte sudoriental de la llamada Isla Portillos) y un caño que los dos países reclaman suyo. Y en razón de ser el tema ambiental un tema sensible también incorporó una medida cautelar defensiva o de protección.

Antes de citar esas medidas que fijó la Corte de la Haya, hay una definición explícita de esta instancia judicial internacional que el Gobierno de Chinchilla no ha reconocido en ningún momento y es que ese territorio de 3 kilómetros cuadrados es territorio en litigio. Hasta entonces, el Gobierno de Chinchilla lo consideraba propio y por tanto fundaba su argumento de “invasión” nicaragüense bajo esa premisa.

Las medidas cautelares, que repetimos, no son las solicitadas por Chinchilla, son cuatro, pero se pueden resumir en dos más importantes:

1.                  Que los dos países se abstendrán de ubicar personal militar o civil en la citada zona en litigio con el propósito de que no se escalen o provoquen más conflictos mientras resuelve a quien le pertenece ese territorio.

2.                  En razón del interés y los compromisos que ha tenido el Gobierno de Costa Rica con la Convención de Humedales, le asigna a Costa Rica la posibilidad de que ingrese en el territorio en litigio personal con funciones de protección de los humedales para evitar daños ambientales.

La Corte ni aceptó que hubiera habido una invasión como lo presentó el Gobierno con claro interés provocador y guerrerista, ni acepta que haya habido daño ambiental por la limpieza y dragado del San Juan, ni solicita abstención ni prohibición de Nicaragua para continuar con la limpieza y dragado del Río.

Como una forma de validar la manipulación que hizo el Gobierno de Chinchilla del argumento ambiental, la Corte le reconoce el “interés” de Costa Rica por los humedales y le asigna el derecho de continuar protegiéndolos con ingresos o visitas de personal calificado, en coordinación con la Convención de ONU de Humedales y con el Gobierno de Nicaragua y a la vez hace un llamado a los dos Gobiernos a que colaboren conjuntamente para tal fin.

Desde un inicio del conflicto hemos tomado clara posición con el derecho de Nicaragua sobre el Río San Juan y el derecho a habilitarlo limpiándolo y dragándolo. Hemos calificado la política de Laura Chinchilla como una política de confrontación y militarización que es acorde con la política del imperialismo norteamericano contra los países que han suscrito el ALBA y manifestado algún grado de independencia nacional de la política imperialista, como es el caso del Gobierno de Nicaragua. Ha quedado demostrado que Nicaragua solo ha tenido como objetivo el dragado y limpieza y no la toma, invasión u ocupación de territorio costarricense a pesar de que el caño en cuestión y el pequeño humedal que está al margen izquierdo supuestamente invadido haría parte del territorio nicaragüense según las sentencias Alexander, ahora cuestionado.

Hoy el Gobierno de Chinchilla y la unidad nacional de izquierda a derecha que se conformó para apoyar esta política confrontativa, pro imperialista y guerrerista busca a lo largo de todo el documento algo que le permita presentar las medidas de la Corte de la Haya como un triunfo sin lograrlo y se afana en deformar las medidas tomadas por ese órgano jurídico. La verdad es que el territorio supuestamente invadido ha sido reconocido por la Corte como territorio en litigio sobre el cual versarán las pruebas, estudios y análisis jurídicos e históricos. La Corte no ha negado el derecho a dragar y limpiar el San Juan ratificándose la soberanía de Nicaragua sobre el Río. La preocupación ambiental ha sido la principal concesión que el Tribunal le ha otorgado al Gobierno de Costa Rica y un nuevo insumo de este Tribunal Internacional acorde a la hipócrita y mediática preocupación de la ONU por el medio ambiente.

Hubo razones internas para invocar a un hecho que unificara un país cada vez más polarizado e ingobernable (que la Embajada norteamericana en los cables de Wikileaks llama democracia disfuncional). Tenían que armar este escándalo en relación a la decisión de Nicaragua de limpiar y dragar el San Juan para despertar un sentimiento nacionalista en medio de la pavorosa crisis económica y la división interna de la burguesía teleceísta que se refleja en un Gobierno inoperante con una cola de actos fallidos como la estafa de la “autopista a Caldera” y la patética incapacidad para dejar de lado el “choriceo” y reparar la platina del puente del Virilla entre otras disfunciones.

Pero también la burguesía costarricense calculó que había una oportunidad con este dragado de utilizar la imagen de “inofensiva y desprotegida democracia costarricense” (lugar común de cuanto líder hipócrita burgués latinoamericano, norteamericano o europeo que, cual visita a la Meca, la adula y la chinea), y prestarse, como en los años 80s y 90s, como peón de brega a los intereses de la política norteamericana en la región.

Ya el Gobierno de Chinchilla había gestionado antes del conflicto con Nicaragua los permisos de atraque para la IV Flota del Ejército norteamericano que ha sido reactivada para controlar y presionar a los procesos de revolución y agitación política en Suramérica. Siguiendo el guión acosador del imperialismo tomó la iniciativa de provocar este conflicto y en un primer momento hizo todos los esfuerzos para que se atacara a Nicaragua y se llamaran fuerzas militares de OEA o de la ONU magnificando lso hechos como si el Ejército nicaragüense hubiera llegado hasta Liberia.

El señuelo no fue lo suficientemente convincente para crear un movimiento de apoyo de masas nacionalista y chovinista en la población costarricense. El imperialismo norteamericano se manejó cautelosamente esperando que curso tomaba el conflicto para valorar si aprovechaba la oportunidad creada por el Gobierno. Sin embargo, no habría considerado maduras las condiciones y especialmente el hecho de no tener fundadas repercusiones en el pueblo como para aprobar una confrontación bélica y un ingreso de tropas norteamericanas buscó también medir el pulso a nivel latinoamericano con la intervención de la OEA en donde tampoco el hecho denunciado por el Gobierno de Chinchilla despertó la preocupación o condena esperada.

Aruñando a más no poder Chinchilla sacó una tibia resolución de la OEA que ubicó el problema como una disputa de territorio fronterizo pues solicitó el despeje por parte de los dos países de las fuerzas militares en el mismo. Defraudada por no cautivar con sus encantos “democrárticos e indefensos” para una intervención militar a la que imploraba el Ministro de Seguridad Tijerino, el Gobierno no le quedó más que llevar los hechos al plano jurídico en la Corte de la Haya y meterle el “valor agregado” del tema ambiental.

Chinchilla y la burguesía costarricense fueron por lana (un conflicto bélico para que el imperialismo se posicionara en tierra firme y no solo con las cañoneras de la IV Flota del Caribe) y terminó buscando pretextos ambientales recurriendo a los movimientos ambientalistas burgueses que se han prestado para enfocar en los supuestos desastres del dragado y limpieza del San Juan.

Estas organizaciones y movimientos ambientalistas se concentran en la presunta destrucción ambiental de la limpieza de un caño y del San Juan y se hacen de la vista gorda de la destrucción masiva de humedales como los de Puntarenas, Guanacaste, Limón y el Pacífico Sur, producto del desbocado boom inmobiliario de alto nivel con construcción de marinas, complejos hoteleros y quintas, así como de plantaciones de monocultivo extensivas como piñeras, naranjales, meloneras y de canteras que sí están creando un verdadero magnicidio ecológico. También hacen caso omiso de la importancia de habilitar el río San Juan que es la fuente principal de agua para que haya humedales. Como mercaderes del ambientalismo burgués se prestan para a falta de tropas nicaragüenses invasoras poder continuar con la provocación a Nicaragua con los supuestos daños que ni a la Corte convencieron para que impidiera el dragado o para que se volviera a rellenar de tierra el caño en litigio ya limpiado.

No defendemos al Gobierno de Ortega. Caracterizamos a ese Gobierno como usurpador de la revolución sandinista de 1979 y Daniel Ortega es uno de los mayores representantes de la transformación de una dirección que pasó de dirigir una revolución anti dictatorial y democrática que demandaba del cumplimiento de tareas socialistas en una dirección de freno y reversión del proceso abierto el 19 de julio del 79 por las masas nicaragüenses entregando a la burguesía el poder y convirtiéndose ella misma en una nueva burguesía nacionalista que le regatea al imperialismo sin siquiera apoyarse en la movilización del movimiento de masas.

Pero independientemente de esta caracterización defendemos el derecho a la independencia y soberanía de Nicaragua y no compartimos los motivos de la burguesía costarricense y el imperialismo norteamericano para enfrentarlo porque a ellos los motiva que Ortega y el sandinismo reciclado burgués tome una distancia, aunque tibia, del imperialismo y se alíe a los procesos del sur como su apoyo a la revolución bolivariana y su participación en el ALBA. Condenamos las patrañas de la burguesía costarricense y su gobierno para justificar una confrontación bélica o al menos una justificación para presionar y participar en el cerco contra estos países que como los bolivarianos se enfrentan parcialmente al imperialismo.

Podemos asegurar que este intento por crear un conflicto con objetivos internos de distracción forzando a un nacionalismo exacerbado y a la unidad nacional duró muy poco y la realidad y la percepción del pueblo de las intenciones bélicas aventureras han ido perdiendo terreno. Las masas costarricenses no se disciplinaron a la campaña anti nicaragüense en octubre y noviembre y ahora con el resultado de la Haya mucho menos. Quisieron prender un sentimiento de blanco nacionalismo y se les ha quedado solo en las voces e imágenes de los telenoticieros y en las plumas de los periodistas burgueses que artificialmente tratan de mantener encendido los rescoldos de la intentona confrontativa contra Nicaragua.

Igualmente, el intento de provocar un conflicto bélico atrayendo fuerzas de ONU o de OEA ya se había pinchado porque la correlación de fuerzas de las clases a nivel mundial entre el movimiento de masas y la burguesía imperialista y sus socios menores cambió con la irrupción inesperada del movimiento de masas árabe del norte de África que en cascada ha protagonizado una tras otra revolución y estallidos sociales y políticos. Esta situación de ofensiva del movimiento de masas habría hecho valorar al imperialismo y a la misma Corte de la Haya de buscar aplacar el conflicto para que no se vaya crear un elemento más de ingobernabilidad y conflictividad mundial cuando no saben todavía cómo encarar el proceso en el Norte de África.

La burguesía costarricense ha terminado enredándose en sus propios mecates, quedando claro que en efecto existe un problema de demarcación territorial, un territorio muy pequeño y desolado en litigio y un rebuscado daño ambiental producto de la lógica y necesaria limpieza de un río por muchas décadas en abandono. Se han enredado en sus propios mecates porque aduciendo ya no la defensa de la tierra a secas de los 3 kilómetros cuadrados en disputa, debe colocar el humedal y a sus habitantes como justificativo. Con ello no solo no hay suficiente motivo para un conflicto militar sino que también es cuchillo para su propio pescuezo, pues cómo defender esos 3 kl cuadrados y dejar que siga el daño ambiental de gran magnitud en la propia Costa Rica con la tolerancia y apoyo del Gobierno a los sectores como el inmobiliario, turístico y a las grandes empresas que devastan el ambiente. ¿Y cómo defender los humedales y al mismo tiempo impedir que el río San Juan sea dragado y limpiado de sedimento, lo que es necesario para que siga siendo la fuente de vida de los mismos humedales?

Los socialistas planteamos que si bien es cierto Nicaragua tiene el derecho soberano a los recursos del río, ni este, ni la zona nicaragüense, ni la costarricense está libre de deterioro ambiental, de despilfarro y utilización y apropiación privada en favor de los intereses de un sector capitalista de Costa Rica o Nicaragua o de las transnacionales.

Tanto el ambiente como los recursos, mientras sigan dominados por el sistema capitalista imperante en los dos países, serán afectados, deteriorados y liquidados por la ganancia y la reproducción del capital de unos y otros burgueses. Solo con Gobiernos de los trabajadores en ambos países y unificados en una Federación de Repúblicas Socialistas de Centroamérica se podrá darle la verdadera protección al ambiente, el verdadero desarrollo para los pueblos de la zona y de los dos países porque será un desarrollo en función de resolver las necesidades del pueblo y no de la acumulación de capital y sobre la base de la planificación y utilización de los recursos en amistad e íntima relación de inserción con la naturaleza.

No a la militarización de Costa Rica. No al Ejército real o disfrazado. No a la intervención imperialista en Centroamérica. No al conflicto bélico con Nicaragua. No al escalonamiento del conflicto ni a las provocaciones. Relaciones pacíficas y búsqueda de la solución de conflictos de manera bilateral en Encuentros donde sin diplomacias secretas y de cara a los dos pueblos vuelvan a poner en vigencia la hermandad de los pueblos tico-nicaragüense.

13 de marzo del 2011

Partido Obrero Socialista (POS) de Costa Rica