Por Rafael Cuevas Molina/ Presidente AUNA-Costa Rica

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La última de las grandes crisis que se han vivido en el año 2011 en Costa Rica es la de la Caja del Seguro Social, y el sistema de pensiones también ha visto cuestionada su sustentabilidad a largo plazo. Son solo dos ejemplos del deterioro que sufre la institucionalidad de la “Suiza centroamericana”.

Los costarricenses, preciándose de ser diferentes del resto de Centroamérica, han autocalificado a su país como la Suiza centroamericana. Aducen para ello la existencia de una sociedad sin las abruptas desigualdades sociales que caracterizan a sus “países hermanos”; sin los enfrentamientos bélicos que han asolado a las repúblicas vecinas; amante de la paz hasta el extremo de haber abolido el ejército; con indicadores sociales que la colocan entre los países con mayor desarrollo humano de América Latina.

A través de los años, han ensayado distintas explicaciones que den cuenta del porqué de esta condición. La mayoría hace hincapié en razones históricas que, potenciadas a mediados del siglo XX, permitieron construir la especificidad costarricense.

El historiador Carlos Monge Alfaro (1909-1979), por ejemplo, basó su explicación en el hecho que, siendo Costa Rica la provincia “más pobre y alejada” de la Capitanía General de Guatemala en el período colonial, la pobreza niveló a todos y no permitió la estructuración de una sociedad estamentaria en la que los grupos dominantes necesitaran de la fuerza para mantenerse en el poder. Se habría conformado así, según esta visión, un país de pequeños propietarios en el que la resolución de los conflictos se habría dado más por la vía legal entre iguales.

Estudios posteriores, especialmente a partir de los años 80, han desvelado lo mucho que de idílica tiene esta explicación, pero sí es cierto que las raíces de la diferencia costarricense provienen, incluso, desde el período colonial. Esa base primigenia habría sido reforzada y profundizada en la década de 1940, cuando una alianza entre un gobierno socialcristiano, comunistas y la Iglesia Católica, llevó adelante una serie de reformas sociales que pusieron la base de lo que, después, se conocería como Estado de Bienestar.

Más tarde, a partir de los años 50, fuerzas socialdemócratas no solo respetarían esas reformas sino las ampliarían, haciendo cada vez mayor la brecha entre Costa Rica y el resto de Centroamérica.

Pero este ritmo ascendente de reformas sociales se vio frenado en la década de 1980 cuando, al igual que en el resto de América Latina, se hizo presente el modelo neoliberal de desarrollo. Paradójicamente, el partido político que había jugado el papel de artífice central en la construcción del Estado de Bienestar o Social, el socialdemócrata Partido Liberación Nacional (PLN), fue también el que inició la implementación del llamado ajuste estructural en el gobierno de Luis Alberto Monge (1982-1986), mismo que fue siendo paulatinamente profundizado en otros gobiernos tanto socialcristianos como socialdemócratas en los años siguientes.

La identificación de los costarricenses con el Estado de Bienestar, y la conciencia del papel que este jugó en el perfilamiento de la diferencia costarricense, llevó a que el proceso de reformas neoliberales no transitara un camino fácil. La oposición al destramamiento del sistema de pensiones, del nacional sistema de electricidad y telecomunicaciones, del seguro social, etcétera, “retrasó” el proceso que en otros países de América Latina conoció mayores ímpetus.

Pero, utilizando subterfugios, los grupos neoliberales lograron ir haciendo prevalecer el neoliberalismo. La estocada más fuerte que lograron en este sentido fue la aprobación por medio de referéndum del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Centroamérica y República Dominicana (TLC). Fue este un subterfugio porque el TLC llevó implícitas una serie de medidas que iban mucho más allá de un simple tratado comercial. Se trato, ni más ni menos, que de la legitimación ideológica y del marco legal que ha permito la profundización del neoliberalismo en el país.

Las consecuencias de la aplicación de estas reformas empiezan a pasarle la factura al país, y sus logros políticos y sociales, ya bastante deteriorados, están en riesgo de desaparecer. La última de las grandes crisis que se han vivido en el año 2011 es la de la Caja del Seguro Social, y el sistema de pensiones también ha visto cuestionada su sustentabilidad a largo plazo. Son solo dos ejemplos del deterioro que sufre la institucionalidad de la “Suiza centroamericana” que, de seguir por el camino que lleva, corre grave de riesgo de echar al tacho de la basura el esfuerzo de varias generaciones.

Es decir, el riesgo de pasar de ser la Suiza centroamericana a ser la Grecia de esta región. Triste destino.