Por Enrique Villalobos Ulate

Desde hace décadas, en Costa Rica, los gobiernos de turno mantienen la estrategia de negociar de manera separada los salarios del sector privado, y aparte los salarios del sector público, dividiendo a la clase trabajadora. Los trabajadores del sector privado, en su amplia mayoría, no están organizado en sindicatos, sino en organizaciones “solidaristas”, muy influenciadas por la patronal.

Nueva metodología de cálculo

En el sector privado, los míseros aumentos salariales se otorgan en base al aumento del producto interno bruto de los últimos cinco años, las metas inflacionarias y la productividad promedio  del obrero o empleado.  Este enredado sistema de calculo es un truco del gobierno y los empresarios para reducir el nivel de vida, hasta hace pocos años relativamente confortable, de algunos sectores de la clase trabajadora costarricense.

Los resultados ya se hacen sentir. El año pasado se publicó un estudio que demostraba que el 26,3% de los trabajadores del sector privado de Costa Rica ganaban menos que el salario mínimo establecido por el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social (MTSS). El estudio señaló que el incumplimiento sube hasta el 32,5% cuando se toman en cuenta los salarios mínimos para cada ocupación.

Chinchilla rompió los acuerdos de 2007

Debido a las tradicionales políticas de restricción salarial, por un lado, y a la lucha de los sindicatos del sector público, por el otro, se produjo una densa y compleja estratificación salarial, en la que los pluses (incentivos) superan y rebasan muchas veces al salario base.

Desde el año 2007, hubo un acuerdo entre el gobierno y los sindicatos del sector público, en el sentido que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del semestre anterior seria la base de la negociación salarial. Pero la crisis económica, que se manifiesta en el enorme déficit fiscal que ahoga las finanzas del Estado, hizo que el gobierno de Laura Chinchilla rompiera el acuerdo del año 2007, y decidiera  unilateralmente, como ha ocurrido en los últimos tres semestres, un aumento de salarios miserables, nada mas que en esta última ocasión el aumento fue decidido no en base al IPC sino una cantidad fija de ¢5.000 (10 dólares) para todos los trabajadores del sector publico.

Decretazo cambió las reglas

Debido a la resistencia de los sindicatos del sector publico en las negociaciones previas, el gobierno de Chinchilla decidió, por la vía del Decreto Ejecutivo de Noviembre del 2011, disolver en los hechos la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público (CNSSP) creada un año antes, donde participan casi todas las centrales obreras y sindicatos magisteriales (CTRN, CMTC, CGT, CSJM, CUT, CCTD, APSE Y ANDE, además de la poderosa FIT-ICE, SIPROCIMECA,  trasladando la competencia a la Autoridad Presupuestaria (AP) para que decidiera el aumento miserable de ¢5.000.

Fluctuación en las marchas

El pasado 13 de Diciembre, bajo un aguacero, se produjo una exitosa marcha de 2000 trabajadores contra el Plan Fiscal, que impulsa Laura Chinchilla y que ahora tiene el apoyo de Otton Solís y los diputados del Partido de Acción Ciudadana (PAC). La marcha fue convocada por la Coordinadora Nacional de Lucha, integrada, entre otros,  por la Central General de Trabajadores (CGT), la combativa Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), las Federaciones Estudiantiles de la UNA y UCR, el Sindicato de Empleados de la Universidad de Costa Rica (SINDEU), el Sindicato Patriótico de la Educación (SINPAE), y organizaciones de izquierda.

Pero en la lucha contra el decretazo salarial de Chinchilla, el Sindicato de Educadores Costarricenses (SEC) organizó en solitario un mitin de protesta ante el MTSS que reunió muy pocas personas. Posteriormente, APSE, CUSIMA, CGT,  Asociación Nacional de Educadores (ANDE), Central Social Juanito Mora (CSJM), Central de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN) convocaron a una marcha para el 25 de Enero, que también reunió muy pocas personas.

Unidad y Paro Nacional de 24 horas

Evidentemente, el Frente reaccionario formado por el gobierno de Chinchilla, Otton Solís y el PAC, al que ahora se han sumado los obispos de la Iglesia Católica, están por la aprobación del Plan Fiscal que en los hechos es la reducción salarial.

Este Frente reaccionario presiona a las dirigencias sindicales, incitando a la división y desmovilización de los trabajadores del sector publico. Desde el Partido socialista Centroamericano (PSOCA) llamamos a la mas amplia unidad de acción entre las centrales sindicales y la izquierda, para que se cumpla el acuerdo del año 2007, y se reinicie la negociación del salario mínimo, rechazando los ¢5.000. Esto será posible si los sindicatos convocan a un paro nacional de 24 horas, contra la política salarial de Laura Chinchilla, que no es otra cosa que la aplicación del Plan Fiscal en los hechos, antes que sea aprobado por la Asamblea Legislativa