Por Ramón Sibaja

Después de varios meses de impasse en la Asamblea Legislativa, donde se discutieron mas de 3,000 mociones, finalmente con 31 diputados a favor y solo 19 en contra, el gobierno de Laura Chinchilla logró uno de sus objetivos estratégicos: la aprobación en primer debate del Plan Fiscal.

Inicialmente, Chinchilla había concebido recaudar el 2,5% del Producto Interno Bruto (PIB) en impuestos, pero por la resistencia de algunas bancadas opositoras, al final el gobierno tuvo que limitarse a recaudar el 1,5% del PIB (cerca ¢350.000 millones) con la nueva versión del Plan Fiscal aprobado.

Los votos del Partido de Acción Ciudadana (PAC), que volvió al redil liberacionista, fueron decisivos para la aprobación en primer debate del Plan Fiscal. Otton Solís justificó su apoyó al plan fiscal del gobierno, argumentando que “el único sector que va a salir perjudicado con el pago del impuesto del IVA es el 20% más rico de la población. Solo los que ganen más de ¢4 millones son los que van a pagar este impuesto; los que ganen menos, pagan lo que se paga actualmente” (La Nación, 15/03/2012) Pero la realidad es que todos pagaremos, especialmente la clase media.

Maniobras del gobierno

Mientras los sindicatos negociaban con Chinchilla, estos le dejaron el campo libre en la asamblea legislativa, por eso fue aprobado el Plan Fiscal.

En un contexto social, marcado por la crisis del capitalismo y el ascenso de la luchas de los trabajadores, no hubo grandes movilizaciones contra el Plan Fiscal, salvo una pequeña pero simbólica movilización de la minoritaria Central General de los Trabajadores (CGT) y del SINDEU,  el sindicato de trabajadores de la Universidad de Costa Rica (UCR).

Uno de los baluartes para derrotar la política del gobierno ha sido la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), cuya principal dirigente, Beatriz Ferrero, criticó las maniobras del gobierno: “Creemos que si no hay apertura, el agua está para chocolate. La gente está muy molesta y los sectores daremos respuesta a los problemas. El problema fundamental es que el trabajador se siente inseguro ante la política tendiente a la eliminación de los derechos laborales y ningún derecho ha sido dado por beneplácito del patrono o gobierno sino que todo ha sido una lucha”. (Extra, 16/03/2012)

El lunes 19 de Marzo se realizó la tercera reunión de los sindicatos con el gobierno de Laura Chinchilla. El resultado de esta negociación hizo desaparecer todo el esfuerzo de lucha unitaria de los meses anteriores.

Los sindicatos entraron planteando el rechazo al aumento salarial de los ¢5 mil  y solicitaron se les reconozca a los empleados públicos un incremento de 1,90%. Si el aumento fuese otorgado en el segundo semestre del año, deberían pagarse de manera retroactiva al 1° de enero del 2012. Que se restablecieran las potestades de la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público (CNS).

Acuerdos con el gobierno

El lunes 19 de Marzo se realizó la tercera reunión de los sindicatos con el gobierno de Laura Chinchilla. Después de mas de 12 horas de intensas negociaciones, la mayoría de los dirigentes sindicales cayeron en la trampa, hábilmente tejida, para aceptar las tres propuestas del gobierno. Laura Chinchilla se anotó un triunfo rotundo cuando la mayor parte de la dirigencia aceptó que en este primer semestre de 2012 el aumento se mantendría en los 5000 colones decretados unilateralmente por el gobierno.

En primer lugar, los dirigentes aceptaron el miserable aumento de 1% para quienes tengan ingresos de ¢268.000 en adelante, es decir, solos cubre la categoría de técnicos, dejando por fuera a más de 30.000 empleados. Además,  será aplicable durante el segundo semestre del 2012, el cual se cancelaría hasta el mes de octubre, lo que la da un amplio respiro financiero al gobierno.

En segundo lugar, Para contentar a la dirigencia sindical, Laura Chinchilla ofreció a cambio derogar el inconstitucional decreto ejecutivo No 36.857, con la promesa de asignar facultades regulatorias del empleo público a una nueva autoridad, pero sin especificar todavía la composición de este organismo. Esta derogación es un triunfo de la movilización popular, pero éste se diluyó en la medida en que la dirigencia sindical aceptó que otra instancia etérea, sin forma definida, ocupara su lugar, disolviendo también la CNS.

En tercer lugar, Chinchilla se comprometió a consensuar la Ley de Empleo Publico con la CNS, en un plazo no mayor de seis meses. Esta propuesta legislativa es el golpe estratégico e inmediato que el gobierno pretende asestar a los trabajadores y sus organizaciones, después del triunfo obtenido con la reciente aprobación del Plan Fiscal.

A dos puyas

Después de la aprobación del Plan Fiscal, el proyecto de Ley de Empleo Publico es el principal ataque contra los trabajadores. Actualmente existen 3 proyectos de ley en la Asamblea Legislativa (15290, 17623 y 17628), que persiguen disminuir o eliminar las conquistas laborales, la más peligrosa es la Ley de Empleo Publico que pretende eliminar los pluses salariales, estableciendo categorías salariales únicas, donde no habrían incentivos o sobresueldos, reducción de aguinaldos, reducción de vacaciones en el sector magisterial, elimina pago de horas extras, prohíbe el salario en especie, flexibiliza los traslados, etc.

Los trabajadores debemos realizar asambleas en los centros de trabajo para luchar contra el inminente peligro del Plan Fiscal y la Ley de Empleo Publico.