Desde entonces y en transcurso del tiempo ha funcionado en los hechos como un Tribunal Constitucional, por encima de las otras salas de la Corte Suprema de Justicia, incluso por encima del Poder Legislativo y Ejecutivo.

Los magistrados de la Sala IV se han convertido en los grandes árbitros de los principales conflictos en Costa Rica. Casi todos los problemas más importantes, hasta los más pequeños, terminan en la Sala IV.

Muchas de las resoluciones de la Sala IV han sido utilizadas para restituir algunos derechos democráticos o sindicales, pero no siempre ha sido así. El 4 de abril del 2003, una sentencia de la Sala IV posibilitó que Oscar Arias compitiera contra Otton Solís, en esa época muy popular, y lo terminara derrotando por un escaso 1%, en dudosas condiciones.

Durante las grandes movilizaciones en contra de la ratificación del tratado CAFTA-DR, la Sala IV emitió una resolución el 3 de Julio del 2007, que permitió que el asunto se resolviera a través de un referéndum, con los ya conocidos resultados. Hasta el momento, la Sala IV obedece a los intereses políticos de la oligarquía costarricense y en particular al grupo de los hermanos Arias, una fracción muy poderosa dentro del gobernante Partido Liberación Nacional (PLN).

Crisis de la democracia burguesa

La crisis económica comienza a corroer las instituciones de la democracia burguesa costarricense. Las instituciones del Estado están en crisis, a los gobiernos de turno les cuesta aplicar sus políticas, generando un mar de pugnas interburguesas y contradicciones entre las diversas fuerzas políticas, que no logran ponerse de acuerdo.

Aquí es donde el rol de la Sala IV se vuelve decisivo como supremo árbitro de la nación. El gran problema es que la Sala IV obedece a los intereses económicos y políticos de la oligarquía y la burguesía costarricense, aunque algunas resoluciones de la Sala IV hayan restituido algunos derechos a los trabajadores, o hayan servido para defender al país y el medio ambiente ante la voracidad de las transnacionales, como fue el reciente cierre del Proyecto Minero Crucitas

¿Por qué tumbaron al Plan Fiscal?

Donde se manifiesta mas nítidamente la crisis de la democracia burguesa costarricense es en el hecho que el gobierno de Laura Chinchilla, preocupado por el enorme déficit fiscal, intentó imponer una reforma fiscal que, contradictoriamente, provocó un malestar no solo entre los trabajadores, sino también entre los empresarios, que como es su costumbre se resisten a pagar impuestos.

Manuel H. Rodríguez, presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP), declaró en Octubre del año pasado, cuando se introdujo el proyecto del Plan Fiscal, que “es el momento de que las autoridades tanto del Poder Ejecutivo como Legislativo trabajen en acciones tendientes a reactivar la economía nacional y promover la formalidad, ya que con un plan de impuestos que carece de ejes importantes como el control del gasto y la eficiencia en el gasto público y responsabilidad fiscal”. (Extra 22/10/2011)

Para UCCAEP basta que la economía crezca el 6% anual y se mantengan los mismos impuestos. La resistencia empresarial se mantuvo constante pero, a diferencia de los trabajadores, que protestaban en las calles, la burguesía inició un silencioso proceso de cabildeo dentro de las instituciones del Estado burgués, creando un consenso en las alturas contra el Plan Fiscal.

Uno de los aspectos que más teme la burguesía costarricense es la repuesta combativa de los sindicatos que, contrario a la división tradicionalmente imperante, realizaron varias demostraciones conjuntas de fuerza, que estremecieron al gobierno de Laura Chinchilla.

La caída de Herrero

En este contexto de pugnas interburguesas, por un lado, y presión de los trabajadores en las calles, por el otro, las conspiraciones de la burguesía se centraron en las personas de Fernando Herrero, Ministro de Hacienda, y Francisco Villalobos, director de Tributación, quienes fueron forzados a renunciar a sus cargos, por el escandalo destapado en los medios de comunicación, sobre la subvaloración de las propiedades de Fernando Herrero en los últimos diez años. En un país carcomido por la corrupción, pero con una gran tradición democrática, el “chorizo” (negocio turbio) de Herrero, era una muestra mas de que algo no esta funcionando bien en las alturas.

Ante la cólera de la opinión publica, la presidente Chinchilla declaró con resignación que “en el caso del Ministro de Hacienda y del director general de Tributación Directa decidí aceptarles su renuncia. Pese a los valiosos servicios prestados al país, la investidura de ambos exigía absoluta certeza en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias (…)“Pero como ustedes saben, uno de nuestros mayores desafíos es arreglar, de manera responsable, el problema de las finanzas públicas. Para ello hemos recortado mucho del gasto innecesario, hemos congelado plazas en el sector público y hemos dado la más valiente de las luchas en contra de la evasión fiscal. Los eventos de los últimos días no me detendrán en el impulso de todos estos esfuerzos, no permitiremos que se conviertan en un ataque solapado a las reformas que impulsamos”. (Extra 10/04/2012)

Estas renuncias fueron la antesala de la resolución de la Sala IV. Las cámaras empresariales necesitaban torcer el brazo del gobierno de Laura Chinchilla, y con ello también enviar un mensaje amenazante a los sindicatos.

Alegría en la dirigencia sindical

El bloque parlamentario entre las bancadas del gobernante PLN y del Partido Acción Ciudadana (PAC), que posibilitó la aprobación del Plan Fiscal por un procedimiento especial, sufrió una dura derrota política.

Con el rabo entre las piernas, Ottón Solis, dirigente del PAC, declaró: “Una vez más la Sala IV se pone al lado de los grandes intereses. Es lamentable pero, bueno, yo tengo el corazón y la conciencia muy felices de haber tenido el coraje, junto al PAC, de estar detrás de este proyecto con todo lo impopular que es y haberlo dicho desde la campaña”. (La Nación, 11/04/2012)

Pero entre la dirigencia sindical la resolución de la Sala IV causó alegría. Albino Vargas, secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), muy sonriente dijo que era “una excelente noticia y se da, precisamente, debido al actuar irregular, de graves errores procedimentales y de querer imponer mediante el autoritarismo el tema de los impuestos” (Extra, 11/04/2012). Para Albino Vargas la salida no es cobrar más impuestos al capitalista, sino castigar con mano dura la evasión fiscal.

En esta dura lucha contra el Plan Fiscal, la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) ha encabezado el ala izquierda de los sindicatos que se oponen a que el pueblo trabajador pague más impuestos. Beatriz Ferreto, presidenta de APSE, emocionada dijo;  “¡Qué maravilla! Es la mejor noticia que usted me ha dado. Se mostró una vez más que en la Asamblea Legislativa el Partido Liberación Nacional y otras instancias del gobierno no les importan interponer las triquiñuelas necesarias para lograr su cometido. Se demuestra que la lucha de APSE contra la evasión y el paquetazo fiscal es objetiva, clara y honesta”. (Extra, 11/04/2012).

Si bien es cierto que por el momento el Plan Fiscal ha sido decapitado,  y que la presión de los sindicatos jugó un enorme rol progresivo, la realidad es que el golpe contra el gobierno de Laura Chinchilla fue proporcionado por el arbitro supremo, la Sala IV, que obedece a los intereses de la oligarquía y del grupo de los hermanos Arias.

Ello implica que el problema de la enorme deuda pública no ha sido resuelto, ni ha desaparecido la amenaza de que el gobierno cobre, en un futuro cercano, mas impuestos indirectos a los trabajadores. Estamos ante una felicidad pasajera, aparente. Los sindicatos no pueden bajar la guardia. Todo lo contrario, debe mantenerse la unidad sindical para hacer frente a la nueva embestida que se avecina.

El Plan “B” de ANEP y el FIT-ICE

Ante la decapitación del Plan Fiscal, la Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP), el Frente Interno de Trabajadores y de Trabajadoras del Instituto Costarricense de Electricidad (FIT-ICE) y la ANEP, emitieron una declaración en la que llamaban a aplicar un plan B.

Este plan consiste en  la “Transformación Tributaria Estructural del sistema tributario costarricense, apuntando hacia una sólida progresividad (…) emprender con verdadera fuerza política el ataque a la gigantesca evasión de impuestos que, como hemos venido indicando, no se da por el lado de la clase trabajadora asalariada ni del lado de la que está en el mercado informal (…)Un Plan B que, por ejemplo, establezca con solidez y verdadera eficacia, la renta mundial, la renta global o universal y el impuesto a las transacciones financiero-bancarias (…): más auditores y policías fiscales, más infraestructura tecnológica, más potestades en el campo del cobro administrativo (…) la eliminación de la “fiesta” de las consultorías y de las planillas paralelas (el clientelismo político con rasgos más que evidentes de tráfico de influencias)”.

Evidentemente que esta propuesta es reformista y le saca las castañas del fuego a la UCCAEP, por que no plantea el problema central que los grandes empresarios que tiene mas ganancias deben pagar mas impuestos, sino que procura mantener el statu quo. Es una propuesta que pretende racionalizar los recursos del fisco, precisamente para no asustar a los empresarios.

Esta propuesta es un retroceso en relación a la movilización unitaria que han logrado los sindicatos costarricenses.

Los ricos deben pagar mas impuestos.

Ante el derrumbe del Plan Fiscal, la presidente Chinchilla anunció la formación de una nueva unidad contra la evasión. Lo único que le queda es utilizar la legislación vigente y la represión para obtener más recursos.

Por ello, los sindicatos deben elaborar un plan, discutido entre los trabajadores, que contemple que los grandes empresarios deben pagar mas impuestos. Esta es la única salida realista y posible ante el problema de la gran deuda publica. Debemos estar conscientes también que en cualquier momento puede venir un “salacuartazo” contra los sindicatos y contra los trabajadores.