Por Enrique Villalobos Ulate
A finales de junio, el gobierno de Oscar Arias, con consultar a los sindicatos dentro de la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público, otorgó un aumento salarial unilateral de 6,55% al salario base de 173.000 empleados públicos, el cual comenzó a ser pagado en la segunda quincena de julio. Este aumento se calculó en base a la inflación acumulada entre enero y junio del 2008, pero no incluye el deterioro del salario del periodo anterior.
Este miserable aumento de salarios provocó la protesta de la Coordinadora Unitaria Sindical, Magisterial y Comunal (CUSIMA), la Confederación de Trabajadores “Rerum Novarum”, la Central General de Trabajadores (CGT) y la Asociación Nacional de Educadores (ANDE), entre otros.
El magisterio, pendiente
En relación al magisterio, que se encontraba todavía conmocionado por la huelga de APSE (31 de marzo al 25 de abril), el gobierno de Arias propuso un aumento de 5,96% a los bachilleres y 11,44% a quienes tuvieran título universitario de licenciado. En contraposición, los sindicatos magisteriales exigían un alza de 12,38% para todos los educadores profesionales, y aumento mayor a los bachilleres ya que el aumento salarial del 6,42% otorgado al final de la administración de Abel Pacheco en mayo del 2006 a todos los bachilleres de la administración pública, pero no cubrió a los bachilleres del magisterio. La administración Arias se ha negado a reconocer esa nivelación salarial, argumentando que provocaría un gasto extraordinario de 50,000 millones de colones.
Debido al malestar dentro del magisterio, y a la presión de los sindicatos, el Ministerio de Educación Pública (MEP) subió un poco la oferta a finales de agosto y propuso un ajuste de un 9,34% a la base salarial de los docentes bachilleres y de un 15,63% a quienes tengan un título de licenciado, pero aclaró que el ajuste retroactivo a julio de 2008 se cancelaría hasta el 2009 “de conformidad con la disponibilidad de recursos por parte del Ministerio de Hacienda”.
Leonardo Garnier, ministro de educación, se ha resistido a otorgar el aumento argumentando que “tal petición resulta improcedente en virtud de que el incremento otorgado en esa oportunidad [Mayo del 2006] a los bachilleres nunca fue una revaloración salarial, sino más bien un ajuste técnico”. (La Nación 26/08/08)
Movilización de APSE
Como un mecanismo de presión en la negociación, el 8 de septiembre se realizó una combativa marcha de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) en las calles de San José, exigiendo el aumento salarial. Ante la demostración de fuerza, el ministro Garnier se enfureció y canceló la negociación.
Sin embargo, la presión social del magisterio se mantuvo y obligó al gobierno a reanudar las negociaciones el 18 de septiembre en las oficinas de la Defensoría de los Habitantes. El Ministerio de Hacienda reservó 77.000 millones de colones del presupuesto del año entrante para hacer frente al pago del aumento salarial que incluye cargas sociales y el pago retroactivo al 1°de julio de este año. A regañadientes, escamoteando lo más que puede, el gobierno de Arias ha tenido que ceder.
El MEP y los sindicatos acordaron adelantar para octubre el pago del aumento salarial en vez de hacerlo en enero del próximo año, como se acordó originalmente al terminar la huelga de APSE. Es el mismo aumento ofrecido a finales de agosto, del 9,34% para los docentes bachilleres y del 15,63% para los licenciados, pero otorgado antes de Enero del 2009.
Una parte del magisterio ha salido beneficiada en la negociación, pero el tema del rezago del 6,42% para los bachilleres continua pendiente. Los maestros no deben permitir que los sectores con menos calificación técnica, aunque tal vez con más experiencia, queden a la deriva. No se debe abandonar la lucha de los bachilleres, no se debe permitir que debiliten y dividan al gremio.