Por Ernesto Fuertes

Desde el 2009, durante el gobierno de Oscar Arias Sánchez, principal caudillo del Partido Liberación Nacional (PLN), se han reiniciado los acercamientos formales entre el FMI y el gobierno de Costa Rica. La última carta de intención al FMI fue redactada y suscrita en octubre de 1995, año en que se entregaron los últimos créditos del FMI a Costa Rica. Luego volvieron aumentar levemente en 1999, pero bajo la segunda presidencia de Arias el uso de recursos financieros del FMI en Costa Rica se disparó en el 2009 en un 28% más que el punto más alto durante toda la década de los años 80. Nunca en la historia de Costa Rica hemos tenido tanto endeudamiento con el FMI, ni siquiera en la época de la crisis de deuda de 1982.

El hecho que no haya plan o acuerdo con el FMI, no quiere decir que no haya un seguimiento constante de este organismo sobre las políticas costarricenses. En términos generales, salvo algunos roces, la política de la burguesía costarricense ha seguido de manera fiel los dictados del Consenso de Washington, aplicando las políticas neo-liberales de “primera generación”, y las de “segunda generación” (básicamente el Programa de Ajuste Estructural III de los años 90), a lo largo de los últimos 35 años.

Pero desde el 2009 el acercamiento es creciente, y esto ha sido especialmente notorio durante la actual administración del presidente Luis Guillermo Solís, del Partido Acción Ciudadana (PAC): los proyectos de fraude fiscal, caja única, empleo público y reforma fiscal han venido todos a ser aprobados por representantes del FMI de manera directa. Todos estos proyectos buscan precisamente los objetivos que se ha planteado el FMI a lo largo de todos estos 35 años para las periferias neo-coloniales: la reducción del gasto público, el endeudamiento del Estado (como el crédito externo del propio FMI), la reducción de salarios y derechos laborales, el mantenimiento de un sistema tributario basado en impuestos indirectos y con exenciones arancelarias y especiales (Zonas Francas) para las empresas, etc.

El último informe del FMI

Como lo reconoce crudamente el reciente informe del FMI sobre Costa Rica: se vuelven necesarias ‘mayores contribuciones’ y una ‘edad de retiro más alta’ en el tema de las pensiones, se necesita ‘aprobación de todos los nuevos impuestos’ y la aprobación de ‘todas las medidas para controlar el gasto’, así como la ‘supervisión’ del sistema financiero (el proyecto de fraude fiscal), etc. Hoy por hoy no existe, en la burguesía, oposición alguna a una mayor liberalización económica de Costa Rica, como lo plantea el FMI.

Existen algunas fracciones de la burguesía que empujan por medidas más radicales de liberalización, lo que demuestra una disputa dentro de distintas fracciones de la burguesía. Por ejemplo, el ML o el PUSC, sectores minoritarios ultra reaccionarios, condicionan completamente el apoyo a nuevos impuestos sobre la reducción aún mayor de salarios y derechos laborales del sector público. El condicionamiento de los impuestos en apariencia contradice la aprobación de tributos que solicita el FMI, pero en realidad está condicionado a una reducción de gasto tal y como la cual plantea el FMI: es decir, lejos de ser una oposición, sigue persiguiendo sus mismos objetivos de liberalización, pero a un ritmo mucho mayor.

Consenso en torno a la liberalización de la economía

Por lo tanto, atrás quedaron los años del liberalismo o el reformismo burgués y pequeño-burgués centroamericano interesado en la industrialización (‘sustitución de importaciones’) y la reforma agraria de Centroamérica a lo largo del siglo XX. En Costa Rica, el presidente Alfredo Gonzáles Flores (1914-1917) sufrió el golpe de Estado de los Tinoco por el simple hecho de proponer impuestos directos a las ganancias empresariales.

El surgimiento de la pequeña-burguesía comercial e industrial durante el boom de la postguerra provocaba una tensión y una verdadera pugna de poder entre fracciones progresivas y el imperialismo. Pero todo eso se ha ido: hoy la unanimidad política alrededor del liberalismo es tal, que incluso la pequeña-burguesía izquierdista (cuya expresión política, ante el giro a la derecha del PAC, es el Frente Amplio –FA-) renuncia poco a poco a su oposición al liberalismo económico, al punto de que no hay en toda la Asamblea Legislativa (con excepción de la diputada Ligia Fallas del FA) nadie que se opone a las políticas de liberalización económica que promueve el FMI. Pueden existir diferencias en cuanto al ritmo y la intensidad de la liberalización, pero no existen diferencias en cuanto al contenido concreto de liberalizar más las economías.

Recelos ante el ingreso a la Alianza del Pacifico

Por otro lado, el capital agrícola nacional que está por fuera del monocultivo exportador o el pequeño-burgués industrial o comercial, que se dedica al mercado interno, está en oposición a la Alianza del Pacífico, promovida también por los planteamientos del FMI. Recientemente, la Alianza Nacional Agropecuaria (ANA) formada por la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA), la Unión de Pequeños y Medianos Agricultores (UPANacional), el Consejo Nacional de Cooperativas (Coonacoop) y la Unión de Productores Independientes de Actividades Varias (UPIAV) se pronunció en contra de la entrada de Costa Rica a dicho tratado.

El caso de la CNAA es importante, ya que ellos apoyaron el TLC con Estados Unidos en 2007, y por lo tanto, están revirtiendo su posición (del mismo modo que oscilan entre distintas posiciones al respecto de distintos tratados bilaterales). En cierta medida, y por ironías de la historia, el capital agrícola nacional ocupa entonces hoy el lugar que ocupó el capital industrial y comercial pequeño-burgués durante el siglo XX: desplazados de la competencia capitalista (desplazados del comercio exterior, del PIB, etc.), no les queda más que oponerse a la liberalización. Pero su oposición no es progresiva, porque ningún país puede permanecer en la autarquía. El sistema capitalista ha vinculado a todos los países entre si, por la lucha contra el sistema capitalista e imperialista comienza por lo nacional pero inmediatamente se vuelve una lucha internacional.

Posibles cambios constitucionales

Otro ejemplo de lo que decimos es el avance de proyectos de Asamblea Constituyente a lo largo y ancho de la región: Guatemala, Honduras y ahora Costa Rica. Y es precisamente en Costa Rica donde los partidos burgueses (PUSC a través de Rodolfo Piza, o el PLN a través de Oscar Arias) han planteado precisamente la necesidad de instaurar las políticas del FMI paralelo a una reforma del Estado: estos sectores afirman, de hecho, que es imposible seguir aplicando las políticas de liberalización del FMI sin reformas la institucionalidad del Estado costarricense. Las Constituyentes organizadas desde las alturas del poder del Estado representan entonces un intento de institucionalizar no solo medidas legales y constitucionales, sino todo el modelo socio-económico que impulsa desde hace más de tres décadas el propio FMI.

El fracaso del proyecto del PAC

No por nada el PAC, partido que había roto con el bipartidismo clásico costarricense, y defendía el retorno al Estado de Bienestar, es un partido formado por burgueses y pequeño-burgueses productores desfavorecidos por el TLC con Estados Unidos y que se opusieron a éste.

Y aún así el PAC también está apoyando la liberalización del FMI: su triunfo electoral representó por su contenido una aspiración sumamente progresiva de parte del pueblo, que creyó en los discursos anteriores a favor de recuperar el Estado de Bienestar, pero ahora el PAC es un partido abiertamente reaccionario que no deja de aprobar contra-reformas. Lo mismo puede decirse, en otro grado muy distinto, del FA: el apoyo de las masas aumentó en la última campaña electoral, pero ahora la cúpula del FA está girando hacia el liberalismo en contra del contenido subyacente a ese apoyo de sus votantes y militantes. El pueblo siente la necesidad de romper con la liberalización del FMI, pero los partidos sobre los cuales deposita su confianza para un ‘cambio’ le dejan de lado.

Atrás ha quedado la época en que las burguesías de los movimientos nacionalistas y anti-coloniales del “Tercer Mundo” fomentaban la ‘sustitución de importaciones’ o la reforma agraria (indispensables para la creación de un mercado interno y la salida del modelo exportador) desde el Estado. Hoy, en cambio, no existe ningún sector de la burguesía costarricense que necesite del Estado, en lo más mínimo. La ganancia y la acumulación industrial o comercial puede operar completamente a través del capital financiero e industrial internacionalizado; la ideología dominante no es simplemente el liberalismo, sino el libertarianismo, y todos los partidos burgueses del país hablan de la reducción del Estado y el libre mercado sin que exista ya ninguna fracción que se oponga.

Construir la alternativa revolucionaria

Los trabajadores no pueden confiar entonces en ningún sector burgués. Un programa de reformas moderadas no solucionará las contradicciones y la devastación social que las políticas del FMI van a provocar en el país, pero no es solo eso: incluso las reformas más tímidas que intenten revertir el modelo neo-liberal impulsado por el FMI, tampoco puede ser conseguido por la burguesía, la cual se demuestra incapaz para tan siquiera conseguir el desarrollo de su propio país. Es el proletariado y el campesinado, en alianza (¡pero nunca sin críticas!) con la pequeña-burguesía, son quienes tienen la capacidad y la posibilidad de enfrentar directamente al Estado, plantearse la toma del poder y destruir los planes del FMI.