Por José René Tamariz

El pasado miércoles 3 de febrero, Luis Guillermo Solís, Presidente de la República, declaró que el país se sumiría en un “mar de miseria, turbación social, retroceso institucional y caos político” si no se aprueban los planes fiscales en su administración, ya que el déficit fiscal llegaría al 8,5% del PIB. A su vez, Luis Mesalles, secretario de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP), planteo el 12 de marzo que “La situación fiscal nos está llevando a un precipicio”.

Tanto el gobierno de Solís como los empresarios y los neoliberales coinciden en sus visiones apocalípticas sobre la situación fiscal y los planes fiscales. Sin embargo, difieren en algunos aspectos de cómo resolver el déficit fiscal. Por ejemplo, en el proyecto sobre el combate al fraude fiscal, los neoliberales están opuesto a aprobar el registro de accionistas de las empresas, porque con esa información se permitiría descubrir y desenmascarar a los empresarios evasores fiscales, mientras que el gobierno de Solís lo demanda, incluso con el aval de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Por otro lado, los neoliberales del PLN, PUSC y el ML se oponen a aprobar más impuesto sin antes aprobar los proyectos de reducción de gastos. Sabemos que los planes de control de los gastos pasan por reducir, congelar y eliminar los componentes salariales de los trabajadores del sector público, así como disminuir las transferencias económicas a instituciones públicas como las universidades. A su vez, el gobierno de Solís está urgido de aprobar, en primera instancia, sus planes fiscales y, posteriormente, los proyectos de reducción de gastos.

El periódico “La Nación” que es el órgano de los capitalistas y los neoliberales plantea de forma clara la posición de estos al respecto diciendo que “El gobierno debe dar el primer paso e impulsar los recortes. Solo así tendrá la autoridad moral para exigir el aumento de impuesto, sobre todo después de haber permitido la erosión de su credibilidad con los dispendiosos presupuestos de los dos últimos años y su resistencia a enfrentar el tema del empleo público”. (LN, 9 de marzo del 2016). Dada la situación de minoría que tiene el gobierno del PAC en la Asamblea Legislativa, todo parece indicar que el Ejecutivo tendrá que, si quiere que los neoliberales le aprueben sus paquetes de impuesto, golpear primero a los trabajadores del sector público y otros sectores descentralizados, mediante la aplicación de medidas administrativas y legales para reducir el gasto público.

Según Lorenzo Figliuoli, jefe de la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) que recientemente estuvo evaluando al país “Las autoridades ya identificaron una serie de recortes al gasto, mediante modificaciones legales y administrativas, que generarían el 1,25% del PIB necesario para cerrar por completo la brecha de sostenibilidad. Desde una perspectiva macroeconómica, solo un ajuste de la magnitud identificada como necesaria por la misión y las autoridades para estabilizar la relación deuda pública-PIB sería adecuado”. (Ïdem). Como se puede desprender de la lectura de esas declaraciones del jefe de la misión del FMI, la situación es más que clara.

El gobierno se prepara para dar un zarpazo en los recortes al gasto público en “transferencias y salarios al sector público”, acordados entre el gobierno de Solís y la misión del FMI. Más claro no se puede ser. Mientras tanto, las dirigencias sindicales de los diferentes bloques sindicales (BUSSCO y PATRIA JUSTA), así como las directivas de los diversos sindicatos se mantienen en la pasividad, desmovilización y compadrazgo con el gobierno de Solís, creyendo en este tramposo y anti-obrero gobierno.

Siempre que los gobiernos pretenden aplicar sus planes fiscales y de reducción de los gastos, recurren a sobredimensionar la situación fiscal y pintar una situación social y política catastrofista, para justificar la aplicación de proyectos en contra de los trabajadores, sectores populares y clases medias. Es cierto y necesario que hay que reducir el déficit fiscal, sin embargo, la solución y salida no está en reducir los salarios de los trabajadores del sector público y las transferencias a instituciones públicas.

El alto déficit fiscal y su posibilidad de mayor crecimiento en los próximos años sería el producto de varios problemas acumulados en el terreno fiscal y el modelo económico desarrollado en los últimos 30 años. Veamos algunos ejemplos. La evasión fiscal en el país es del orden del 8,22% del PIB, es decir, de unos 2 billones de colones. De estos, el 4,23% del PIB lo evaden las empresas del sector privado, los otros porcentajes evadidos son del sector profesional liberal y del impuesto de ventas. Las inmensas exoneraciones fiscales al sector privado en actividades económicas lucrativas como zonas francas, turismo y otras contribuyen al incremento del déficit fiscal, así como la eliminación de los impuestos a las exportaciones.

Debemos exigir a las dirigencias sindicales de BUSSCO, PATRIA JUSTA y demás organizaciones sindicales que convoquen a un Encuentro Nacional para enfrentar la ofensiva neoliberal, planes de recortes a los gastos (léase eliminación de pluses salariales y reducción de las transferencias) y los planes fiscales del gobierno de Solís que se encuentran en vías de aprobarse, tanto por la vía administrativa y legal. Los emplazamos a abandonar su política de desmovilización y lanzar un plan de lucha escalonado que concluya en una huelga de carácter indefinido que derrote los planes de ajustes del poder Ejecutivo y los neoliberales.