Por: L. C. de Willmore

Los impuestos o tributos obligatorios destinados a cubrir el gasto público no generan beneficio directo e inmediato para las personas que los pagan. En muchos países del mundo, los ciudadanos cancelan sus impuestos y como contrapartida, el gobierno los administra de manera que la educación y salud sean gratuitas o muy baratas, el transporte eficiente, y la calidad de vida lo suficientemente alta. Así está concebida, al menos en términos teóricos, el funcionamiento de la sociedad burguesa.

En el caso de Nicaragua, esos beneficios no parecen reflejarse en los servicios públicos, de salud, transporte, educación, etc. Lo que es inconcebible es que más del 80% de los impuestos salen directamente de la clase media y la clase trabajadora, o de los consumidores menos pudientes. Las grandes transnacionales y empresas extranjeras, como las zonas francas, son liberadas de toda obligación tributaria, y son precisamente éstos los que perciben mayores rentas.

Según los mismos funcionarios gubernamentales, el principal problema que tiene el sistema tributario de Nicaragua es que se encuentra concentrado en pocas personas y además de eso, tiene una gran base exenta. Esto convierte al sistema nacional tributario en un sistema impositivo regresivo, es decir que la mayor parte de las recaudaciones la constituyen los importes de los impuestos indirectos (IVA, ISC) por sobre las recaudaciones correspondientes al impuesto sobre la renta (IR).

Esto significa que los impuestos son iguales para todos, sin importar los ingresos. El Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto Selectivo de Consumo  (ISC) son el sostén del Estado, por encima del Impuesto sobre la Renta (IR), que se supone grava a cada quien según sus posibilidades.

Una característica que ha prevalecido por muchos años es la existencia de un amplio sistema de exenciones, exoneraciones y tratamientos especiales a grandes y medianos productores o importadores, que erosiona la base tributaria e impide avanzar tendencialmente a un sistema de base amplia y tasas bajas. Dada la orientación económica del gobierno sandinista, difícilmente avanzará en desmantelar estas amplias exoneraciones.

Tampoco es conveniente el desmantelamiento total de las mismas, debido a su negativo impacto en la base de pequeños productores urbanos y rurales. Debido a la crisis económica, de carácter permanente, se justifican exenciones y exoneraciones vinculadas con la canasta básica, salud y educación, algunas del sector exportador de pequeños y medianos productores.

A pesar de que la Ley de Equidad Fiscal de 2003 estableció en teoría un sistema basado en la generalidad y neutralidad de los tributos, la influencia de los grupos económicos de presión no permitió alcanzar ese objetivo.

La crisis económica que vive el mundo entero se refleja en la mayoría de indicadores económicos y los niveles de recaudación tributaria no son una excepción. El segundo semestre de este año estará marcado por reformas fiscales y del seguro social, revisión a la tarifa eléctrica, así como negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para la suscripción de un nuevo programa económico financiero. Al menos fue lo que se fijó durante una reunión que sostuvo la Comisión de Seguimiento conformada por el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y el Gobierno, representado por el asesor de Asuntos Económicos de la Presidencia, Bayardo Arce Castaño.

El gobierno se esta quedando sin recursos, con el agua llegándole al cuello. Por ello, el gobierno sandinista se está jugando el todo por el todo con las reformas para recaudar fondos que le permitan hacer funcionar la política fiscal, única herramienta que el gobierno puede emplear, ya que al mantener el tipo de cambio fijo (con deslizamiento o devaluación gradual preanunciada del 5% anual) no puede emplear la política monetaria para interferir en la economía.

 El balance del gobierno central, formado por los ingresos (en su mayoría impuestos) menos los gastos, al primer semestre del 2009, muestra un déficit de -718.3 millones de córdobas después de donaciones y -1.841.70 millones de córdobas antes de donaciones. El recorte de la cooperación externa y los efectos de la crisis económica han provocado dicho déficit.

Dado que ya tenemos una de las cargas tributarias más altas de América Latina, cualquier reforma impositiva debería tener como objetivo primordial hacer que quienes tienen mas ingresos paguen mas impuestos. Ese debe ser el objetivo central de los trabajadores: evitar que sigamos cargando sobre nuestras espaldas el pesado fardo de las ineficientes finanzas públicas, las que deberían ser controladas por los sindicatos y organismos de la sociedad civil.