Ex ministra de finanzas María Castro y el presidente Pérez Molina

Por Úrsula Pop

Por segundo año consecutivo el gobierno de Otto Pérez Molina se encuentra en una grave crisis financiera. El presupuesto gubernamental 2014 sería cubierto por una meta de recaudación fiscal de Q 51,500 millones, a cargo de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), la colocación de bonos por cerca de Q 8,000 millones y una serie de préstamos contratados con entidades financieras internacionales.

La alarma empezó a sonar en abril, cuando la SAT anunció que los ingresos fiscales en el primer trimestre del año estaban en Q 669.3 millones por debajo de la meta planteada. En ese momento se dijo que la recaudación en el Impuesto Sobre la Renta tuvo un crecimiento insuficiente, el IVA sobre importaciones disminuyó debido al bajo crecimiento de las compras al extranjero. Otros tributos que tuvieron una caída fueron los impuestos a timbres fiscales y papel sellado, al tabaco, a la distribución de bebidas, al cemento y a la circulación de vehículos.

Al finalizar abril la brecha fiscal se redujo a Q 498 millones; la meta para el cuatrimestre era de Q 17,495 millones y se recaudó Q 16,996 millones. Sin embargo, a inicios de junio la SAT reportó que en el mes de mayo la brecha volvió a crecer, llegando a Q 613 millones (Prensa Libre 12/06/14).

El tema del endeudamiento ha causado una gran polémica, pues aunque el gobierno sostiene que la deuda se encuentra en un nivel aceptable, numerosos analistas advierten que el país se acerca peligrosamente al límite recomendado. Según el Banco de Guatemala, la deuda interna del país para el mes de abril asciende a Q 55,790 millones, y la externa a US$ 7,026 millones (El Periódico 27/05/14). Este año el gobierno colocó Q 8,335.2 millones en bonos del tesoro, y tiene programado contratar préstamos en el extranjero por US$ 870 millones. Los organismos internacionales recomiendan una deuda de no más del 2.5% de los ingresos fiscales; con el endeudamiento contemplado la deuda ascenderá a Q 115 mil millones y la recaudación en impuestos se calcula que será de Q 49 mil millones, lo que da un porcentaje de 2.35%, muy cerca del límite recomendado (Siglo XXI 02/06/14).

No obstante, el 27 de mayo el Congreso, con una amplia mayoría de 147 diputados, aprobó un préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica por US$ 280 millones para la ampliación de la carretera de Escuintla a El Salvador. Hay otros préstamos pendientes con el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, pero en estos casos el visto de bueno de los Estados Unidos está condicionado por la Ley de Asignaciones Consolidadas, que demandan del Estado guatemalteco una solución a la demanda de resarcimiento de las comunidades que fueron afectadas y masacradas por la construcción de la hidroeléctrica Chixoy, y por la solución de adopciones ilegales de niños.

El panorama se presenta muy oscuro para el gobierno. La reforma fiscal que entró en vigencia en 2013, fue afectada por numerosos recursos de inconstitucionalidad presentados por el empresariado, lo que hizo que el incremento en la recaudación, que se esperaba fuera de Q4,500 millones, se redujera a Q 3 mil millones. El viceministro de Administración Financiera Edwin Martínez admitió que hay un desfinanciamiento de Q 4,500 millones, entre la recaudación faltante y préstamos no aprobados (El Periódico 12/06/14).

En este contexto se produjo la renuncia de la ministra de finanzas María Castro. Oficialmente la causa fue una oferta laboral en organismos internacionales, pero se rumora que fue despedida por no haber incluido en la aprobación del préstamo con el BCIE la necesaria ampliación presupuestaria por Q 550 millones para poder ejecutar el gasto y por las dificultades financieras por las que atraviesa el gobierno.

La crisis fiscal del gobierno se debe en parte al bajo desempeño de la economía (importaciones, exportaciones) y al fracaso de la reforma fiscal, que fue atacada por los empresarios que se niegan a pagar más impuestos. Contradictoriamente, la Ley de Inversión y Empleo que se encuentra pendiente de aprobación en el Congreso, basa la atracción de inversiones en la exoneración de impuestos a las empresas. La baja recaudación de impuestos afecta en primer lugar la inversión del Estado en salud, educación y vivienda, es decir las necesidades más apremiantes de la población trabajadora. El gobierno debe eliminar los privilegios fiscales que gozan numerosas empresas nacionales y extranjeras, aumentar el monto de las regalías que deben pagar las empresas mineras, y aplicar impuestos directos a las ganancias de los bancos y empresas financieras. El gasto público debe ser fiscalizado por las organizaciones sindicales, campesinas, indígenas y populares.