El presidente Otto Perez anuncia su intención de destituir al directorio de la SAT

Por Armando Tezucún

La propuesta de los responsables de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), en el sentido de contratar una empresa argentina para ayudar a elevar la recaudación fiscal, ha causado un enorme revuelo y un gran rechazo a todo nivel. Se hace evidente que con esta contratación la SAT estaría reconociendo su fracaso en cumplir con las funciones para la que fue creada, además de que se estaría tercerizando el servicio de recaudación de impuestos, convirtiéndolo en un negocio privado. De por sí la SAT recibe para su funcionamiento un 2% de los impuestos que recauda, y además los contribuyentes tendrían que financiar el pago de la empresa contratada.

El 12 de junio el directorio de la SAT conoció y aprobó el dictamen 45-2014, que autoriza la contratación de una consultoría internacional en procedimientos de recaudación, para modernizar los métodos del cobro de impuestos. Esto en vista de que desde el año pasado no se han alcanzado las metas de recaudación pactadas entre la SAT y el gobierno. Al mes de mayo había un déficit de Q 613 en la recaudación proyectada para los primeros cinco meses del año.

El gobierno de Pérez Molina dispuso el 29 de mayo hacer una ampliación presupuestaria por Q80 millones para la SAT, para que organice una licitación internacional para la contratación de la empresa. Según directivos de la SAT, se ofrece a la empresa beneficiada una comisión de entre un 15 y 30% del excedente de lo recaudado.

Pérez Molina y los responsables de la SAT y finanzas han defendido la necesidad y la legalidad de la contratación, diciendo que se necesita cubrir Q 2,976 millones del presupuesto recaudando impuestos mediante medidas administrativas. Los funcionarios argumentaron que se hará una licitación en base a los artículos 4 y 35 de la Ley Orgánica de la SAT, y al reglamento de contratación de servicios, diciendo además que no se trata de una delegación de servicios, sino de una consultoría para recaudar más impuestos. Pérez Molina declaró: “La empresa ganadora se comprometería a hacer toda la inversión en aduanas, con equipo, y no le costará ni un solo centavo al Estado. Así que si se le llegara a pagar  algo a esa empresa es sobre dinero que hoy no se está recaudando” (Prensa Libre 18/06/14).

La historia de la licitación se cayó cuando diputados de la UNE, en reunión con miembros del directorio de la SAT y directivos del sindicato de trabajadores de la SAT revelaron que desde agosto de 2012 funcionarios de esa institución viajaron a Córdoba, Argentina y contactaron a Kolektor, la empresa que asesora al gobierno de esta ciudad en materia de recaudación de impuestos. Los diputados informaron que Hermann Karsten, director de Kolektor, visitó Guatemala en tres ocasiones este año para reunirse con funcionarios de la SAT, institución que le facilitó vehículos y pagó el espacio de un hotel para realizar las reuniones (Prensa Libre 24/06/14).

Ante la evidencia de que hay una movida oscura detrás de todo el tema, el 20 de junio el directorio de la SAT dio marcha atrás en la autorización de contratar la asesoría, debido “a la tergiversación de la información, lo cual podría convertirse en un desgaste innecesario para la SAT” (El Periódico 21/06/13). Los directores consideran que es preferible tomar medidas, mediante mesas técnicas, para modernizar la institución.

El Presidente Pérez Molina reaccionó furioso y amenazó con destituir al directorio de la SAT por haber dado marcha atrás: “Ya habían aprobado el proyecto, y ocho días después se echan para atrás”… “Lo que hubo fue una presión, y es por los que no quieren pagar impuestos o por los que están acostumbrados a evadir impuestos. Lo que se hacía era una licitación transparente, para fortalecer los mecanismos que utiliza la SAT”. Ordenó a sus funcionarios investigar la ley para ver si puede cambiar a los directores.

En realidad, la crisis de la recaudación fiscal obedece en gran parte a la enorme corrupción al interior de la propia SAT, que afecta la recaudación en aduanas y el combate al contrabando. El empresariado contribuye evadiendo el pago de IVA y el ISR, además del sabotaje a la reforma fiscal vía recursos de inconstitucionalidad.

Más allá del despido inmediato de todos los funcionarios involucrados en el turbio negocio con Kolektor, las organizaciones campesinas, sindicales, indígenas y populares deben exigir al gobierno que elimine las exenciones de impuestos a las empresas que gozan ese privilegio, el aumento a las regalías de las empresas mineras, la aplicación de impuestos directos a las ganancias de las empresas e impuestos sobre los ingresos de los capitalistas. Estas organizaciones deben fiscalizar el gasto del gobierno, para garantizar que se invierta en las necesidades del pueblo.