Por José René Tamariz

El derecho al trabajo es parte de los "Derechos y Garantías Sociales" de la Constitución Política. El artículo 56 de esa carta magna estipula que "El trabajo es un derecho del individuo y una obligación con la sociedad. El Estado debe procurar que todos tengan ocupación honesta y útil, debidamente remunerada, e impedir por causa de ella se establezcan condiciones que en alguna forma menoscaben la libertad o la dignidad del hombre o degraden su trabajo a la condición de simple mercancía...".

Sin embargo, el gobierno de Carlos Alvarado no ha garantizado durante su gestión gubernamental ni siquiera ese derecho elemental a la población. Lejos de eso, más bien con su administración el desempleo ha aumentado de forma brutal, hasta el 12,4%, es decir, más de 300 000 personas. Carlos Alvarado, está violentando los derechos y garantías sociales.

Todas sus políticas para reducir el desempleo han fracasado estrepitosamente una tras otra. La tal "agencia de empleo" fue una reverenda burla. La "política de reactivación" para dar empleo también fue otro fracaso rotundo. Ahora está convocando a una "encerrona" de sus flamantes e incapaces ministros para el sábado 8 de febrero y dotar de otras espurias políticas para combatir el desempleo. Un nuevo fracaso se asoma.

Entonces, un gobierno que no es capaz de garantizar ni el más elemental derecho al trabajo, debe renunciar y caer. Este gobierno es un gobierno de desempleo, de aumento de precios generalizados, de más impuestos, más pobreza y miseria. Sino renuncia el pueblo tiene el derecho a la desobediencia civil y echarlo por la fuerza.

Recientemente, Carlos Alvarado declaró sobre la alta tasa de 12,4% de desempleo la siguiente frase "Costa Rica va a salir adelante, porque puede salir adelante".

Eso es una tautología. En realidad, este tipo como no tiene propuestas ni un plan serio para reducir la altísima tasa de desocupación que, cada año aumenta más y más, intenta engañar a la población con frases sin sentido y contenido. Da risa y pena semejante frase y "razonamiento". La población desempleada no quiere escuchar frases huecas, sino que demanda acciones y fuentes de trabajo.

Ahora el timo de Alvarado y algunos de sus ministrillos ignorantes como la de Trabajo es que trabajo hay, pero la gente no tiene el "perfil" que las empresas buscan. En otras palabras, la gente es la responsable de estar desempleada porque no cuenta con las capacidades y dominios que demandan las empresas. Sin embargo, es obligación del Estado garantizar trabajo y empleo digno a la población.

Por otro lado, el plan del gobierno para "reducir deuda sin despidos ni impuesto" en su punto numero 2 plantea "reducir el gasto público" en $630 millones por año, lo cual equivaldría al 1% del PIB. ¿Cómo va a lograr semejante reducción? Según ellos a través de la implementación de la ley de empleo público que el poder ejecutivo presentará a finales de febrero de 2020. Así como también con la eliminación de duplicidades y redundancias en instituciones y otros organismos del gobierno.

Entonces, la reducción del gasto público significará la continuación de la disminución de los salarios y eliminación de componentes salariales, ya deteriorados, mediante la ley de empleo público. A su vez, la supresión de duplicidades en 20 instituciones públicas conlleva, tarde o temprano, a despidos de trabajadores, mediante figuras enmascaradas de traslados horizontales y otros.

Si el gasto público se reduce algún sector del gobierno debe financiarlo, por tanto, debe haber perdedores de esa reducción: los salarios de los empleados públicos.

Por otra parte, la venta o concesión de la fábrica nacional de licores (FANA) lleva implícito, aunque no se diga, el despido de personal, ya que el capitalista o grupo de capitalistas que la compre o concesione buscará la maximización de las ganancias a través de una reestructuración de dicha empresa.

Del banco internacional de Costa Rica (Bicsa) no se conocen los detalles porque es una especie de empresa transnacional estatal de la cual no se maneja información pública. Pero, "Si por la víspera se saca el día" como dice el dicho, se avecinan las políticas de privatización de las empresas e instituciones públicas. Esas medidas serán insuficientes para pagar la voraz deuda pública, entonces se necesitarán de más ventas de activos estatales.

¡Abajo los Aumentos de Precios, Por Reajustes Salariales por Encima de la Inflación!

Los medicamentos, bienes sustanciales y fundamentales en la salud y vida de miles de personas, están cada vez más caros en Costa Rica. ¿Qué hacen los payasos diputados para controlar ese desbocado sector comercial? Nada! Hay un proyecto del diputado Welmer Ramos para promover la competencia en el mercado de medicamentos (expediente 21.368).

Ese proyecto es tímido para controlar los precios de las medicinas. Es bueno en cuanto que pretende introducir la política de prescripción por denominación común internacional (DCI). Esa denominación busca que el médico no condicione la receta del medicamento por su sustancia activa y marca comercial. No obstante, aunque eso es importante no resuelve el problema central: los altos precios de los medicamentos.

¿Entonces cómo resolver un problema tan urgente para la salud y vida de las personas? Sencillo, eliminar el monopolio de la venta y distribución de las medicinas. Hay dos grupos comerciales que controlan e imponen los precios de los medicamentos: las farmacias Fischel y las farmacias Walmart. La primera Fischel tiene actualmente más o menos 120 puntos de ventas y Walmart más de 83 puntos. Las farmacias independientes se han reducido pasando de 763 a 671 en marzo de 2019, mientras que muchas pequeñas farmacias pequeñas han quebrado. Estas dos cadenas imponen los precios por ser duopolio. Eso debe terminar.

El Estado, para proteger la salud y vida de las personas, debe ejercer un riguroso control de precios de las medicinas. En este país se abusa de la famosa "libertad de mercado" que no existe. Eso es una falacia y engaño de los tontos. ¡Abajo los altos precios de los medicamentos!

Los pasajes de buses de San José a Alajuelita pasaron de 275 a 330 colones, es decir aumentaron 55 colones para un porcentaje del 20%!. Es un aumento exagerado, ya que los reajustes salariales ni siquiera llegan al 1%. Los criterios de la ARESEP para autorizar semejante incremento de pasajes son arbitrarios y, muy probablemente, para favorecer las ganancias de esas empresas.

A la anterior alza debemos sumarle los aumentos en las medicinas, los alimentos, la matrícula y cursos en las universidades privadas, así como las solicitudes de incrementos que están pidiendo las empresas de energía eléctrica.

Entonces, se está produciendo un deterioro y reducción galopante de los salarios producto de esos exagerados aumentos de los precios de servicios y bienes. Por tanto, es necesario y urgente lanzar la movilización y lucha por reajustes de salarios reales que vayan más allá de la inflación.

¿Se Encuentra Carlos Alvarado por Encima de la Constitución Política?

¿Está la Contraloría General de la República por Arriba del Poder Judicial y la Autonomía de Diversas Instituciones?

La sala IV, una especie de santa inquisición moderna en Costa Rica, de la cual sus sentencias han sido inapelables y cumplidas a pie juntillas, ha dejado de ser respetada por el poder ejecutivo. A su vez, la Contraloría General de la República (CGR) se eleva por arriba del poder judicial y otras instituciones autónomas (CCSS, Universidades Públicas y otras).

Veamos. La sentencia de la sala constitucional que le exige al gobierno cumplir con el 8% del PIB del presupuesto de la República para educación en el año 2020 ha sido cuestionado y desobedecido por el flamante presidente de la República, Carlos Alvarado.

Según Alvarado "Si lleváramos el presupuesto para la educación de la noche a la mañana, sin más, de donde está hoy hasta el 8%, pues cumpliríamos con la disposición constitucional, pero no cumpliríamos con la regla fiscal". (La Nación, 22 de diciembre de 2019). De lo anterior se desprenden varias conclusiones de este tipo llamado presidente de la República. Uno, no está dispuesto a obedecer la sentencia de la sala constitucional, es decir, entra en desobediencia. Dos, considera que la regla fiscal, un aspecto de una ley ordinaria, está por encima de la ley suprema de la República, la Constitución Política, lo cual no es cierto y sus consecuencias son gravísimas. Tres, Carlos Alvarado le vale un bledo la institucionalidad del país, erigiéndose por encima de la Constitución Política. Cuarto, así como el poder ejecutivo desobedece la máxima y superior ley de la República, entonces también el pueblo tiene el derecho a desobedecer las sentencias que emita la sala IV en contra de sus derechos, intereses y conquistas sociales.

Por otro lado, actualmente el poder de Costa Rica se ha fraccionado. La asamblea legislativa con su manada de neoliberales está utilizando a la Contraloría General de la República (CGR) como su "institución auxiliar" para ejercer su poder. Así la CGR le ha ordenado al poder judicial, Corte Suprema de Justicia (CSJ), ajustar sus pluses a la sacrosanta ley del combo fiscal, asimismo le obligó a la junta directiva de la CCSS desconocer el acuerdo con los diferentes sindicatos del sector salud sobre los pluses salariales e igual ha hecho con las universidades públicas y municipalidades.