Por José René Tamariz

La publicación del decreto sobre la creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) el día 17 de febrero produjo un gran escandalo político que ha abierto una crisis institucional de grandes dimensiones del gobierno de Carlos Alvarado. Ese decreto fue firmado por el presidente de la República, Carlos Alvarado, el exministro de la presidencia, Víctor Morales y Luis Daniel Soto, viceministro de planificación. Dicho decreto constituía una violación a la confidencialidad de las personas, ya que planteaba que esa Unidad podía acceder a “información de carácter confidencial con que cuenten las instituciones públicas”. Esa posible invasión a la privacidad de los ciudadanos encendió una fuerte denuncia y repudio generalizado contra el gobierno de Alvarado por parte de todos los sectores sociales y políticos. Fue tan fuerte y grande el escandalo que el gobierno tuvo que correr a derogar el decreto el 21 de febrero. A su vez, esa crisis política abierta ha conducido a la renuncia y caída del ministro de la presidencia, Víctor Morales, viceministros y otros altos funcionarios del gobierno.

La situación se ha tornado cada vez más grave, al grado tal que el día viernes 28 de febrero a las 8 de la mañana 45 agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), junto con la fiscala general, Emilia Navas y cinco magistrados de la Sala tercera allanaron casa presidencial, el Ministerio de Planificación (MIDEPLAN) y 4 casas de habitación de algunos imputados en la investigación del caso UPAD. La fiscalía general decomisó computadoras y teléfonos celulares al presidente y demás funcionarios involucrados en dicho caso.

Según declaraciones de los funcionarios imputados, tanto a la prensa como en la comparecencia en la Asamblea Legislativa, nunca los analistas y técnico de esa extinta unidad tuvieron acceso a escuchas telefónicas, mensajería, tarjetas de créditos y otros datos confidenciales. Sin embargo, el decreto estaba redactado de forma tal que esos analistas podían acceder a información confidencial de las personas. Por otra parte, desde antes de la publicación del decreto de creación formal, la UPAD trabajaba de forma secreta y encubierta. Lo más probable es que la UPAD estuviera trabajando de forma coordinada con la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), organismo que por mucho tiempo ha actuado como una policía política. El rol de espionaje político de la UPAD quedó demostrado cuando identificaron, cruzando diversas fuentes de datos, a los docentes que salieron del país durante la huelga contra el combo fiscal del año 2018, lo cual provocó el despido de varios educadores.

Por otra parte, el exministro de la presidencia, Víctor Morales, en su comparecencia al plenario de la Asamblea Legislativa declaró que “De mi parte hubo una omisión de lectura, pausada y reposada. Si lo hubiera hecho no estaríamos en la discusión en que estamos, porque yo habría advertido sobre las eventuales interpretaciones”. En apariencia, lo mismo le pasó al presidente de la República y el viceministro de planificación. De esas declaraciones, de ser ciertas, de los firmantes de ese fatídico decreto se podrían inferir dos graves problemas, por un lado, pone en evidencia que, en casa presidencial, los decretos o leyes que se firman no son bien leídos o no saben leer y se firman sin sopesar las consecuencias de los mismos o, por el otro, de que si se tenía claridad de lo que se firmaba y ahora, de forma cínica, se trata de justificar diciendo que no se leyó bien el decreto.

Para hacerle frente a la crisis política e institucional que se abrió con el escándalo del caso UPAD, el presidente de la República, Carlos Alvarado, se ha lanzado a los brazos de los mas rancios personajes del neoliberalismo bipartidista del PLN y PUSC para que lo saquen de esa grave crisis. Prácticamente, Alvarado está entregando totalmente el gobierno a las mafias de esos partidos, responsables de la gran deuda pública, el gigantesco déficit fiscal y otros graves problemas estructurales que enfrenta el país. Nombró al actual ministro de obras públicas y transportes, Rodolfo Méndez Mata, miembro destacado del Partido Unidad Socialcristiana (PUSC), como coordinador de una comisión encargada de elaborar un plan para “fortalecer la gobernanza de casa presidencial”. Por su parte, Rodolfo Méndez, declaró recientemente que, para elaborar ese plan de gobernanza y de reordenamiento de casa presidencial, va a consultar a los exministros de la presidencia del PLN y PUSC, Rodrigo Arias y Rolando Laclé, respectivamente. En pocas palabras, serán estos personajes neoliberales del viejo y podrido bipartidismo los que plantearán la forma de “reordenar” el funcionamiento de casa presidencial, así como trazar los lineamientos de como “fortalecer la gobernanza”. Es el acabose del gobierno del PAC.

Toda esta situación demuestra de forma clara y categórica que Carlos Alvarado no estaba -ni está- capacitado para gobernar. Por otro lado, también refleja la decadencia e incapacidad del Partido Acción Ciudadana (PAC) para “corregir” los graves errores de dirección de su gobierno.  Rodolfo Laclé, que ayudará a Méndez diseñar el plan de la forma en como debe gobernar Carlos Alvarado, declaró que “Mi posición es que el gobierno debe de hacer una reorganización importante. Yo creo que este gobierno tuvo éxito cuando comenzó con un gobierno de unidad nacional, algo que se ha ido perdiendo, pero debería de volverse a pensar en esa posibilidad”. (La Nación, 8 de marzo). Según esas declaraciones de Laclé, la reorganización de casa presidencial debe pasar, entre otras medidas no anunciadas, por incluir a más personajes y figuras de los mafiosos partidos, PLN y PUSC. En otras palabras, fortalecer el cogobierno entre el PC-PLN-PUSC.

De últimos es importante señalar y destacar que no existen disculpas ni justificaciones para que renuncien algunos ministros, viceministros y altos funcionarios del gobierno, mientras el principal responsable, Carlos Alvarado, de firmar ese decreto de espionaje e invasor de la privacidad de los ciudadanos no pague por sus graves errores y torpeza política, si es que existen, tales errores y torpeza. De lo anterior, se desprende la exigencia de demandar la renuncia inmediata de Carlos Alvarado y de su gobierno. Esa demanda se hace más urgente, además, por todo el desastre ocasionado por este gobierno hacia las personas: galopante y masivo desempleo, aumento exagerado de la informalidad, mayor encarecimiento de las medicinas, servicios públicos y bienes de consumo. También por haber aumentado la deuda pública, incremento del déficit fiscal y el débil crecimiento económico.

Tasa de Usura, Tasa Activa y Pasiva, Secreto Bancario y Otros Robos del Capital

Al final, la comisión legislativa de Asuntos Hacendarios dictaminó el denominado proyecto de usura que establece una tasa de interés en colones del 39% anual y de 31.35% en dólares, o sea, una tasa mensual del 3.25% y 2.61% respectivamente. A su vez, esa tasa máxima de interés en colones quedó diferenciada: un 55% para microcréditos que no superen los 675.000 colones porque son, supuestamente, más riesgosa.

El capital financiero terminó imponiendo los límites de las tasas de interés. Esas tasas de intereses son cercanas a las ya existentes en los bancos. Por ejemplo, el BAC cobra una tasa de interés anual para tarjetas de crédito del 44%, es decir un 3.7% mensual. A su vez, la tasa de interés del 55% para los microcréditos, prácticamente, constituye un robo descarado para los sectores que quieren acceder a esos tipos de créditos

Por otro lado, ¿cómo se determinó de forma "técnica" esos límites? Pues con una metodología jalada de los pelos y maniobras para robar a la ciudadanía.

Tomaron la actual tasa de interés activa promedio ponderada del 13.2 más un número diferenciador denominado "spread" que es del 12.8 para los créditos generales y de 13.8 para microcréditos. Luego, a ese antojadizo "spread" del 12.8 se le suma la tasa de interés activa del 13.2, produciendo un total de 26 que después se multiplica por 1.5 lo cual arroja un total de 39%. Por puras maniobras de garroteras, sale por arte del robo dicha tasa de usura.

Ahora, veamos el comportamiento gansteril y usurero del capital financiero. Disminuyeron el 20 de febrero la tasa de interés pasiva del 6.65% al 4.95%, pero mantienen igual la tasa de interés activa en 13.2%. Es decir, existe una diferencia de 8.25%. Así, de forma fácil le pagan menos a los ahorrantes, mientras mantienen la misma tasa de interés utilizando el dinero de esos ahorrantes para seguir cobrando los mismos intereses. Doble ganancias: pagan menos intereses a los ahorrantes y siguen igual con sus garroterras a sus deudores.

Además, mantienen igual esa tasa de interés porque disminuirla le reduce sus exorbitantes ganancias, también le habría producido un menor límite de la tasa de intereses con el nuevo proyecto. Todas esas triquiñuelas suceden a pesar de que el Banco Central ha disminuido una y otra vez sus tasas de políticas monetarias y el encaje bancario del 15% al 12% lo cual le liberó al capital financiero, aproximadamente, unos 380.000 millones de colones. En pocas palabras, el capital recibe concesiones y hace lo que quiere en este país y no pasa nada.

De último, dado que el ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, se atrevió a plantear el levantamiento del sacrosanto "secreto bancario" para combatir la evasión fiscal, los capitalistas en general han lanzado una furibunda campaña contra ese planteamiento, llegando al extremo de decir que eso va contra la reactivación económica, la inversión extranjera y otros demonios creados por la mente perversas de usureros y explotadores. En el fondo y contenido, los diversos sectores de capitalistas están en contra de combatir la evasión y elusión fiscal, ya que todos ellos, aunque se declaren "honestos" , son evasores y defraudadores fiscales.