Por José René Tamariz

La peste del COVID-19 en todo el mundo ha provocado modificaciones en la vida cotidiana y en general de las personas. A su vez, esta enfermedad pandémica está conllevando a una profunda recesión económica mundial tanto por el lado de la oferta como de la demanda de productos y servicios. Prácticamente se ha iniciado una quiebra del capitalismo e imperialismo mundial.

En Costa Rica, los efectos y consecuencias en el terreno económico, laboral y salud comienzan a sentirse de forma durísima. Costa Rica ha entrado en crisis económica. Cientos de empresas están cerrando operaciones y enviando al desempleo a miles trabajadores. Asimismo, se ha aprobado en la Asamblea Legislativa un proyecto anti obrero que permite reducir la jornada laboral y, por ende, de disminuir los salarios desde un 50% hasta un 75%. En pocas palabras, la crisis económica generada por la enfermedad COVID-19, el gobierno en contubernio con los diputados neoliberales y los capitalistas, la están descargando y haciendo pagar a los trabajadores.

Por tanto, se necesita un plan alternativo frente a esta situación e invertir los padecimientos de las consecuencias de esa pandemia.

En primer lugar, para enfrentar la emergencia y enfermedad del COVID-19, el ministerio de salud y la CCSS, deben asumir el control y administración de todas las clínicas y hospitales privados (CIMA, Hospital Católica, Clínica Bíblica y otros) para poner todas esas infraestructuras al servicio de atender la emergencia y los enfermos del COVID-19.

En segundo lugar, las empresas que cierren deben de pagarles los salarios completos a sus trabajadores para afrontar pagos y compra de alimentos. Los patronos deben financiar esos pagos de sus ganancias acumuladas. Ahora, si es una pequeña empresa que no puede pagar, entonces el INS o el gobierno deben de pagarles a los trabajadores un seguro de desempleo que sea equivalente a sus salarios. Si los empresarios se niegan, los trabajadores deben asumir, de facto, el control obrero de esas empresas.

En tercer lugar, dado que, producto de la emergencia y enfermedad COVID-19, la población está, principalmente, abasteciéndose de alimentos y productos de higiene el Estado, a través del CNP, debe asumir el control de la distribución y venta, a bajos precios, de todos los alimentos y productos de higiene. Las personas o familias que no puedan comprar, por desempleo o cierre de empresas, informalidad u otras causas el Estado debe proveerles de forma gratuita de esos bienes.

En cuarto lugar, las farmacias que también especulan con los precios de las medicinas deben ser controladas. Se les debe exigir, de inmediato, bajar los precios. Si no acatan la disposición dichas farmacias deben pasar al control del ministerio de salud y la CCSS para su distribución y venta a bajo costo.

En quinto lugar, a todos los diputados se les debe reducir sus dietas en un 75%, igual se debe hacer con los miembros de las juntas de los bancos y otras instituciones públicas descentralizadas, también a todos los gerentes, magistrados y demás jerarcas que tengan salarios jugosos y esos dineros deben utilizarse para financiar a los desempleados con salarios y comida.

En sexto lugar, para enfrentar de una mejor manera y con recursos financieros la crisis provocada por la enfermedad del COVID-19, el gobierno debe decretar una moratoria del pago, tanto del capital como de los intereses, de la deuda interna y externa. También se deben eliminar las gigantescas exoneraciones que tienen las empresas que operan bajo el régimen de zonas francas.

En séptimo lugar, considerando que esta crisis económica está golpeando a unos sectores económicos y de trabajadores (hoteles, restaurantes, bares, turismo y otros), mientras que otros se están enriqueciendo aún más (supermercados, farmacias y otras), por tanto, se les debe imponer un aumento en la tasa de los impuestos de la renta a esas empresas que son las ganadoras de la crisis y emergencia nacional. Todos esos dineros recaudados y obtenidos de estas medidas deben ser utilizados para financiar a todos los desempleados y demás sectores empobrecidos

De último, la población debe organizarse en sus comunidades, tomando todas las medidas de salud correspondientes, haciendo reuniones con mascarillas y otros productos de higiene, pero para ejecutar estas medidas. Debemos pararles las manos a los desenfrenados diputados neoliberales, al gobierno de Carlos Alvarado y a los empresarios que aprueben, a su gusto y antojos, leyes contra los trabajadores.

¡QUE LA CAJA DE ANDE NO COBRE LAS CUOTAS DE LOS PRESTAMOS EL TIEMPO QUE DURE LA EMERGENCIA DEL COVID-19!

Las ganancias de caja de ANDE del año 2019 fueron de 70.930 millones de colones, mientras que las ganancias del Banco Nacional y Banco de Costa Rica juntos ascendieron 60.776 millones de colones. A su vez, en ese mismo año las ganancias del BAC, el mayor y principal banco privado, fueron de 56.038 millones de colones. Es inaudito que el BAC, principal banco privado, posponga el pago por dos meses, sin pago de intereses, a sus clientes de crédito personal, hipotecarios, tarjetahabiente y otros, mientras los directivos de caja de ANDE, representantes de las organizaciones sindicales (ANDE, APSE y SEC) se hacen los ciegos, sordos y rusos frente a sus "accionistas" y NO toman medidas para aliviar la situación de sus “accionistas”. Actualmente, miles de trabajadores de la educación los necesitan porque el MEP no está pagando los recargos de lecciones interinas y las lecciones de planeamiento. A miles de trabajadores de la educación se les está pagando mal o no se les está pagando.

Los accionistas debemos pedir la destitución inmediata de esos directivos por incapaces e insensibles con los problemas provocados por la pandemia. No representan a los accionistas. Para que sirven semejantes ganancias de caja de ANDE que, por arriba de todos los bancos del Estado juntos y del mayor privado, es de los "accionistas", si no sirven para rebajar las cargas en esta situación grave de la enfermedad del COVID-19.

VILLALTA VOTÓ A FAVOR DEL PROYECTO ANTIOBRERO DEL GOBIERNO DE REDUCIR LOS SALARIOS DESDE UN 50% HASTA UN  75%

El presidente de la República, Carlos Alvarado, firmó el 21 de marzo, la anti obrera ley que autoriza reducir las jornadas de trabajo y, por ende, se reducirán los salarios desde un 50% hasta un 75%.   

Sin embargo, lo más grave del proceso de aprobación de esa nefasta ley es que el diputado del Frente Amplio (FA), José María Villalta, que se reclama de “izquierda y socialista”, haya votado a favor de esa pérfida ley contra los trabajadores. A Villalta le ha hecho mucho daño no trabajar y estar en esa chanchera llamada Congreso. Su política y votación lo ubica al lado del enemigo de los trabajadores: los capitalistas. El Frente Amplio merece desaparecer.

¿Cómo irán hacer los trabajadores si se le reducen sus salarios hasta un 75% con la aprobación de esa nefasta ley de flexibilización laboral para pagar sus facturas de agua, luz, Internet, alquileres de casas, compra de alimentos y los productos de higiene que se han incrementado con la emergencia?

Sencillamente, esa ley del gobierno de Carlos Alvarado es anti obrero y hambreador, envía a la miseria, hambre e indigencia a miles de trabajadores y sus familias. Por tanto, las organizaciones sindicales del sector privado y público deben unirse para oponerse y exitir que esa nefasta ley, aprobada vía exprés, se aplique. La crisis producida por la pandemia del COVID-19 debe ser financiada y pagada por los empresarios con sus ganancias acumuladas, así como por el gobierno dando un seguro de desempleo. 

¿Vienen huelgas?

Los 35 diputados neoliberales que votaron y aprobaron, en segundo debate, la ley antihuelga y antisindical, se rieron de oreja a oreja porque creyeron que con esa prohibición mataron la realización de las huelgas en Costa Rica. Sin embargo, en este caso se aplica el adagio popular que dice "El que ríe de último ríe mejor".

Es bien conocido que en Costa Rica la mayoría, casi absoluta de las huelgas, fueron y han sido ilegales y prohibidas. Solo algunas huelgas contadas con los dedos de las manos fueron legales. Es más, algunas fueron legales contra la reforma procesal laboral (RPL). Entonces, en cierto modo, la historia y regresividad de las leyes sobre las huelgas han retrocedido y dado un salto hacia atrás. La rueda de la historia retrocedió.

Con la aprobación de esa ley antihuelga y antisindical se ha producido un retroceso y golpe a la democracia. El giro antidemocrático de los partidos políticos neoliberales es profundo ya que, mediante la prohibición de las huelgas, pretenden impedir las protestas sociales contra sus proyectos neoliberales (reformas de los regímenes de pensiones, reformas al empleo público y otros).

Sin embargo, ni las más feroces dictaduras militares en el mundo han impedido con la represión y muertes las huelgas y protestas sociales, mucho menos una ley antidemocrática. De fondo y contenido, los neoliberales están conduciendo a los trabajadores y la población a la utilización de métodos de lucha más directos, fuertes y violentos. De ahí que lo que para ellos es ahora risa y victoria, se les va a convertir en llanto y derrota.

Con la pandemia del coronavirus, se abre un nuevo periodo histórico en el país para el movimiento sindical y obrero, veremos huelga en muchos sectores por la defensa del empleo y el salario..