Por Armando Tezucún

La crisis financiera del gobierno de Otto Pérez Molina es, en última instancia, producto del fracaso del modelo neoliberal, de los tratados de libre comercio que reducen los aranceles e impuestos, de la apertura al capital extranjero que es atraído con el señuelo de las exenciones fiscales y de otras medidas que debilitan al Estado y reducen sus funciones. Esta grave crisis adquirió un giro dramático a finales del mes de julio e inicios de agosto.

El 23 de julio el cuerpo de médicos del Hospital Roosevelt, unos de los dos más grandes del país ubicados en la capital, suspendió las consultas externas y las cirugías menores. La medida fue tomada en acuerdo con la Junta Directiva de ese centro, debido al crítico desabastecimiento de varios suministros y la escasez total de productos básicos como hilos de sutura, agujas, jeringas, hojas de bisturí, tubos orotranqueales y anestésicos entre otros. La situación obligó a las autoridades a priorizar los insumos para atender emergencias. La atención a la población en el Hospital Roosevelt se reinició el 4 de agosto, luego de que se cancelara una deuda pendiente con los proveedores y se logró un abastecimiento del 72% de material médico-quirúrgico, 89% de productos de laboratorio y 85% de medicinas. Esto alcanzaría para atender a los pacientes durante los próximos dos meses (Siglo XXI 5/08/14). El Hospital dejó de atender en esos días a unas tres mil personas

Hay otro aspecto del problema de la salud que afectará a gran cantidad de personas del interior. Como parte del cumplimiento de los Acuerdos de Paz de 1996, surgió el Programa de Extensión de Cobertura, que trataría de que los servicios básicos llegaran a las personas en el área rural. Este programa estaba administrado por organizaciones no gubernamentales, y luego de seis años el Ministerio de Salud tomaría la responsabilidad del servicio. Sin embargo, la transición nunca se dio y el programa siguió en manos de ongs. Sin embargo, el programa continúa teniendo una importancia vital para la atención en salud de la población del interior, pues brinda el servicio en los lugares donde el Ministerio de Salud no tiene capacidad de llegar.

A finales de julio el gobierno anunció que luego de una evaluación, prescindirá de 18 oenegés que prestan el servicio, rescindiendo 220 contratos con ellas. Según Abilio López, presidente de la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Extensión de Cobertura de Servicios Básicos de Salud (Conec), la medida dejará sin servicios de salud a dos millones y medio de personas en el interior del país, y perderán su trabajo cerca de 37,500 laborantes. Además, estos centros son parte importante de los programas de combate a la desnutrición, que carecerían de seguimiento y monitoreo. Las autoridades del Ministerio de Salud reconocieron que la medida se debe a la baja tributación y a la escasez de fondos.

Pérez Molina y la vicepresidenta Baldetti han acusado a las oenegés de incumplir con lo acordado en los convenios: “Se ha hecho un estudio de todas las oenegés, de los servicios que están prestando; se ha llegado al campo a ver si tiene los insumos que dicen que deben tener y no estaban comprando los medicamentos; otras oenegés no tenían el personal o sencillamente se encontró cerrado el lugar”, dijo el presidente (Siglo XXI 30/07/14). Sin embargo, también reconoció que por falta de recursos su gobierno no podrá cumplir con lo prometido en el tema de salud (ver Prensa Libre 30/07/14 Provincia es la más afectada por recortes en salud). Pero Abilio López, de Conec rechazó estas aseveraciones diciendo que no se hizo ningún estudio y que el gobierno les debe dinero “Es un tema político, no nos quieren pagar una deuda de Q 160 millones; se tienen 67 oenegés, de las cuales funcionan 16 y a 18 les cancelaron el contrato” (Siglo XXI 30/07/14).

Los trabajadores del programa de extensión de cobertura realizaron protestas a fines de julio exigiendo al Ministerio de Educación que renueve los contratos, que aumente el presupuesto y que se les pague los meses de sueldo adeudados. Las movilizaciones se dieron en Quetzaltenango, Santa Cruz del Quiché, Retalhuleu, Chimaltenango y Jalapa.

Denunciamos la desfachatez del gobierno, que pretende cubrir su incapacidad y falta de voluntad culpando a las oenegés. Para empezar, es el Ministerio de Salud quien tiene la obligación de dar cobertura total a las necesidades de la población, sin recurrir a otras entidades. Llamamos a los trabajadores de salud, médicos, enfermeras, trabajadores de las oenegés, sindicatos, organizaciones campesinas e indígenas, estudiantiles y populares a iniciar un amplio y fuerte movimiento unitario que exija al gobierno, por todos los medios, que asigne suficientes recursos al área de salud, de modo que todos los hospitales, centros y puestos de salud sean abastecidos al 100%, los trabajadores remunerados y que las necesidades de la población sean totalmente atendidas.