Por Juan P. Castel

El problema latente de la energía eléctrica, su producción o compra y su distribución en manos de particulares ha hecho surgir la impunidad mercantil con la que opera la empresa de producción DEOCSA-DEORSA y la distribuidora del servicio para el occidente del país, bajo el control de ENERGUATE-ACTIS. La población y sus organizaciones se han vuelto a manifestar contra los paladines de la empresa privada y los organismos represivos del régimen burgués.

“El Comité de Desarrollo Campesino (Codeca) efectuó un plantón permanente frente a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para exigir la liberación de tres líderes comunitarios detenidos el 26 de junio en Huehuetenango” (SigloXXI 23.7.14). Los compañeros detenidos son Mauro Bay Gonón, Blanca Julia Ajtún Mejía y Mariano García, acusados de promover las conexiones ilegales, acciones violentas y de estafa y robo de fluido eléctrico. Detenidos en la aldea La Capellanía, en Chiantla, departamento de Huehuetenango.

Los hechos violentos contra la empresa usufructuaria del servicio de distribución eléctrica hicieron su aparición. El miércoles 23 de julio los vecinos descontentos del municipio de Tiquisate, departamento de Escuintla, han quemado las instalaciones administrativas de ENERGUATE; “Los enardecidos vecinos no han permitido el ingreso de bomberos ni de la Prensa al sector donde se ubican las oficinas” (Prensa Libre 24.7.14), se lee en el matutino burgués de mayor tiraje en el país. Los vecinos alegan un incremento acelerado de los cobros de energía, y un servicio inconstante, dado los continuos apagones que ocurren durante la semana, que les arruina equipo y los afecta directamente en sus labores diarias.

“Antonio Aguilar, vecino, manifestó que desde hace 20 días el servicio de energía eléctrica es interrumpido desde las 17 horas y restablecido hasta la medianoche”, por su lado “El alcalde, Leonel Jarquín, precisó que, según Bomberos Voluntarios, la violencia aumenta entre 18 y 22.30 horas, cuando Energuate suspende el suministro, (Prensa Libre 25.8.14). Los vecinos de Tiquisate dependen de la energía eléctrica, para el buen andar de sus medios de subsistencia, como los demás guatemaltecos. “Pierdo salchichas, pollo, leche, todo lo que vendemos que necesita refrigeración, ya que se descompone y a uno quién le repone todo eso, se quejó”, sostiene una vecina, (ídem).

La empresa distribuidora ENERGUATE, alega que los cortes de luz y la irregularidad del servicio se deben a las conexiones ilegales que sobrecargan la capacidad del sistema y lo hacen colapsar, “En ese municipio tienen 11 mil 400 clientes; sin embargo, solo cuatro mil 100 pagan por el servicio, por lo que más de siete mil tienen conexiones ilegales, roban energía o los equipos de Energuate no pueden leer el contador…; sostuvo Jaime Tupper, gerente de la empresa. También mencionó cifras globales: “En todo el país hay 150 mil usuarios —contadores conectados— que no pagan por  consumo, indicó el ejecutivo. Esto significa casi el 10% del total de usuarios de Deocsa y Deorsa, que llegan a un millón 547 mil 543, según datos a mayo del 2014.” (Ídem).

El jueves 28 se volvió a presentar otro acto de fuerza de las organizaciones populares, habitantes de los 48 cantones de Totonicapán obstruyeron varios tramos de la ruta interamericana, los manifestantes rechazan el incremento a la tarifa en el servicio eléctrico, la autorización de licencias de explotación geotérmica y el alto costo de las certificaciones emitidas por el Registro Nacional de las Personas (Renap).

“La acción fue promovida por la junta directiva de alcaldes comunales de los 48 cantones, en los kilómetros 187.5, Cuatro Caminos; 190, ingreso a San Francisco el Alto; 170, Cumbre de Alaska, Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá, y en 201 de la ruta entre Totonicapán y Quiché.” (Prensa Libre 29.7.14). Esto seguido de otra manifestación de CODECA frente a la Corte de Constitucionalidad (CC) exigiendo la libertad de sus tres dirigentes presos.

Desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA), recordamos que el origen de toda esta problemática acción neoliberal se sitúa en el gobierno mercantil y privatizador de Álvaro Arzú Irigoyen (1996-2000), infame agente de la desmembración de los servicios públicos y de los bienes de las y los guatemaltecos; creemos que los siguientes gobiernos solo han refrendado al capital foráneo y las inversiones de los capitales mexicanos y colombianos. Por ahora la iniciativa la han tomado las comunidades indígenas y campesinas afectadas por las empresas eléctricas. Llamamos a la unidad de los sectores campesinos, obreros y estudiantiles y a sus organizaciones, a la lucha unitaria por la consigna de NACIONALIZACION DE LA PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA.