Por José René Tamariz

Actualmente, el gobierno neoliberal de Carlos Alvarado está negociando un “acuerdo de estabilidad económica” con el FMI denominado “Servicio Ampliado de Fondos” (SAF) el cual consiste en el otorgamiento, por parte de ese organismo internacional de un préstamo por $1.750 millones. A su vez, el gobierno para ser sujeto de ese crédito debe presentar y aplicar un salvaje programa de ajuste fiscal contra los trabajadores y sectores populares.

Según la jefa de la misión del FMI, Manuela Goretti, que negocia dicho empréstito con el poder Ejecutivo, el plan hambreador propuesto por Carlos Alvarado y su equipo económico “… es el programa de Costa Rica; entonces, ¿cuál es nuestro rol? Somos expertos técnicos; aprendemos de la experiencia internacional de muchos países del mundo que puede o no usarse en Costa Rica… Estamos analizando cuáles son las posiciones macro; vemos cuáles son las medidas que presentan las autoridades y que están siendo debatidas y evaluamos si todo el paquete general, digamos cierra…”. (La Nación, 17 de enero de 2021). De acuerdo con esas declaraciones, en apariencia, el FMI y sus “expertos técnicos” no propone ni impone las medidas para realizar el ajuste fiscal, sino que es el propio gobierno quien se las propone a esa garrotera financiera internacional. Sin embargo, en una carta de “aclaración” emitida por el FMI señalo que “Los compromisos asumidos por un país de adoptar determinadas medidas de política -conocidos como condicionalidad de política económica- son un elemento esencial de los préstamos del FMI”. (La Nación, 20 de enero de 2021).

Entonces, al final ese préstamo que el FMI le otorgará al gobierno de Alvarado está “condicionado por una política económica” que somete a hambre, miseria, pobreza y reducción de los niveles de vida a los trabajadores, sectores populares y clases medias, pero que para no quemarse el FMI no la diseña directamente, sino que se las deja a la “creatividad” del gobierno cipayo y entreguista de Carlos Alvarado. Veamos de forma sintética las “medidas” hambreadoras del gobierno-FMI.

1. Proyecto de ley de empleo público que se encuentra en la corriente legislativa y está cerca de ser aprobado. Ese proyecto impondrá el salario único o global a todos los empleados públicos, sean actual o futuros, lo cual significa que se eliminarán de un solo golpe todos los incentivos o componentes salariales, mejor conocidos como pluses, entre los cuales, podemos citar las anualidades, carrera profesional, dedicación exclusiva, incentivo didáctico. Es decir, solamente existirá el salario base.

Además, los diputados neoliberales de la comisión de gobierno y administración que dictamina el proyecto de empleo público pretenden mutilar el derecho colectivo a la negociación de las convenciones colectivas en el sector público, ya que van a prohibir que en las convenciones se puedan negociar y acordar aumentos de salarios, mejoras u otros componentes salariales. Es decir, esos miserables neoliberales van a permitir la existencia de las convenciones colectivas en el sector público, pero serían convenciones colectivas de mentirillas, inservibles.

Es más, esas convenciones colectivas serán refrendada por la contraloría general de la República (CGR). Esa barbaridad que van a aprobar estos legisladores neoliberales va en contra de lo que actualmente estipula el código de trabajo en su artículo 58 inciso c). Dice ese artículo e inciso que "En la convención colectiva se especificará todo lo relativo a: … c. Los salarios;"

Pero lo más grave y pernicioso es que las burocracias sindicales de todo pelaje, incluida la de APSE, haya o estén negociando, a espaldas de sus bases, con esos diputados neoliberales ese nefasto y anti obrero proyecto de empleo público. Sencillamente, desde cualquier punto de vista que se analice ese fatídico proyecto, no es negociable. Negociar ese proyecto es traicionar a miles de sus afiliados. Lo único que se debe hacer con ese monstruoso proyecto es combatirlo en la calle mediante la movilización, la huelga y otros métodos de lucha del movimiento obrero.

El gobierno neoliberal de Carlos Alvarado, la jauría neoliberal de los diputados y sus "asesores", como el abogado canalla de Rubén Hernández, están yendo demasiado lejos y extralimitando en sus ataques y arremetida contra los empleados del sector público, en particular y, en términos generales, contra los trabajadores del sector privado.

La ofensiva contra los trabajadores públicos es brutal. Prácticamente con la eventual aprobación del proyecto de empleo público se pretende concluir con la eliminación del derecho colectivo. Ya se mutiló y cercenó el derecho a la huelga, con el apoyo de las burocracias sindicales, ahora, con la "asesoría" del abogado Rubén Hernández, se pretende eliminar y, en el mal menor, castrar el derecho a las convenciones colectivas. De tal modo, que con esas restricciones severas y/o eliminación, los sindicatos quedarían como figuras decorativas, ya que no podrían ni ejercer el derecho a la huelga ni tampoco negociar convenciones colectivas. En pocas palabras, los sindicatos serían como monigotes del gobierno.

Por otra parte, la eventual aprobación de ese proyecto de empleo público representará el desmontaje total del sistema salarial con la imposición del salario único y la reducción forzosa y significativa de la planilla estatal. Por otra parte, ese anti obrero proyecto va a congelar los salarios por unos 12 o 15 años, no reconociendo siquiera el aumento del costo de la vida en los salarios de los trabajadores público. Lo anterior, significaría y conllevaría a un deterioro y reducción continua de los salarios en el sector público y, por ende, a la disminución de los niveles de consumo y de vida de miles de empleados públicos.

2. Proyecto de eliminación de exoneraciones de impuestos. Cualquier persona ingenua creería que se trata de eliminar las exoneraciones a las empresas de zonas francas y al gran capital.  Sin embargo, ese proyecto lo que busca es eliminar la exoneración del impuesto al salario escolar que se paga en el mes de enero de cada año para que los trabajadores sufraguen los gastos escolares que tienen por la entrada a clases de sus hijos. Dentro de ese proyecto también se encuentra la propuesta de incrementar hasta un 15% el impuesto a los excedentes de las cooperativas, así como también a las asociaciones solidaristas.

3. Como si fuera poco lo anterior, el gobierno de Alvarado pretende tasar con un impuesto del 7,5% los rendimientos de las pensiones complementarias voluntarias y obligatorias y al Fondo de Capitalización Laboral (FCL). De concretarse ese proyecto, según la Superintendencia de Pensiones (SUPEN), representaría una pérdida o expropiación de un 10% del monto final de las pensiones complementarias. Simple y sencillamente ese proyecto conlleva y apunta hacia el futuro próximo a un empobrecimiento galopante, así como una vida miserable de los futuros pensionados.

4. Asimismo, es una barbaridad que el gobierno de Carlos Alvarado pretenda tasar con impuestos las remesas de miles de peones del campo, la construcción, empleadas domésticas y otros sectores pobres nicaragüenses y de otros países como Colombia para generar ingresos para pagar el déficit fiscal, mientras un puñado de empresarios evaden los impuestos.

5. Otra medida planteada por el gobierno de Alvarado es congelar las pensiones con cargo al presupuesto nacional a partir de un monto de ₵462.200, es decir, que esos pensionados con ese monto y más no recibirían incremento por costo de vida. Esa medida se aplicaría por el tiempo en que el monto de la deuda púbica permanezca por arriba del 60% del PIB.

6. También existe la propuesta en proyecto de ley de tasar con impuesto del 25% a los premios de lotería superiores a los ₵225.000 colones.

En síntesis, como se puede observar, la mayoría de las medidas propuesta por el gobierno de Carlos Alvarado y la jauría neoliberal al FMI para que le otorgue el préstamo por $1.750 millones van dirigidas contra los trabajadores del sector público y privado, los sectores populares y clases medias. Es decir, el gobierno de Alvarado y las pandillas neoliberales pretenden hacer pagar a los trabajadores y sectores populares el abultado déficit fiscal y la deuda pública realizados por los gobiernos del PLN y el PAC. Tales medidas conllevan a un despojo total de los trabajadores en general y al empobrecimiento galopante de esos sectores. Solamente existen dos propuestas que, de forma timorata, aumentan de un 15% al 16,5% el impuesto a las ganancias y renta de capital, pero solamente por dos años! También existe la propuesta de imponer la renta global, pero no así la renta mundial en los impuestos.

Mientras los neoliberales realizan esa salvaje ofensiva y arremetida contra los salarios, trabajo y demás condiciones de vida de trabajadores en general las burocracias sindicales permanecen en la inacción y desmovilización de sus bases, haciéndole el juego a los neoliberales y haciendo el papel de quintacolumnista dentro del movimiento obrero.

Consideramos que llegó el momento propicio para generar una fuerte y amplia unidad de acción entre los trabajadores del sector público y privado. Además, ahora es urgente y necesaria la unidad sindical de todas las organizaciones sindicales, el movimiento rescate nacional y todas aquellas fuerzas sociales que estén dispuestas a enfrentar y derrotar la ofensiva neoliberal. De lo contrario, el gobierno de Alvarado y la jauría neoliberal nos impondrán sus planes de hambre, miseria y despojo. Llegó la hora y el momento de lanzar la movilización callejera y la huelga general contra el programa anti obrero y anti popular del gobierno y el FMI.