Por José René Tamariz

Costa Rica como parte de su desarrollo social, económico y político con ciertas particularidades, como la de no tener ejército, apostó por priorizar la educación de su población. En el año 2011 reconoció a la educación diversificada (cuarto y quinto año de secundaria) como el nivel educativo mínimo para que sus ciudadanos tuvieran las posibilidades de alcanzar la movilidad social, teniendo la capacidad de superación para continuar en sus estudios universitario o bien, para adquirir un trabajo que le permitiera vivir dignamente. Asimismo, “El 9 de junio del año 2011, mediante la aprobación de la Ley N° 8954, la Asamblea Legislativa reformó el párrafo segundo del artículo 78 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, aumentando del 6% -hasta entonces vigente-, a no menos del 8% del Producto Interno Bruto (PIB) el monto anual que el Estado debe destinar a financiar la Educación Pública en sus fases: preescolar, general básica, diversificada y superior…”. (Resumen del proyecto. Asamblea Legislativa). Esa reforma de ley entró a regir en el mes de agosto de 2011.

En un informe para el proceso de adhesión de Costa Rica a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) sobre la educación en Costa Rica se señala que “En América Latina, Costa Rica es reconocida por su liderazgo en materia de educación. Es el primer país de la región en lograr una matrícula completa en la escuela primaria; además de los logros de la educación costarricense han contribuido a un importante crecimiento económico, así como, a altos niveles de bienestar. Actualmente, la pregunta es si el sistema que generó este progreso puede evolucionar para responder a las nuevas presiones y a las cambiantes demandas en materia de habilidades. A pesar del aumento de la inversión en educación, la mayoría de los estudiantes en Costa Rica salen de la escuela con bases débiles para el trabajo y un aprendizaje adicional y la brecha de logros entre niños de países pobres y los de países ricos siguen siendo persistentemente alta. La pobreza está aumentando en todo el país y la equiparación con respecto a los países de renta alta se ha estancado en medio de las preocupaciones por la baja productividad y escasez de habilidades…”. (Análisis de la OCDE acerca de las políticas nacionales para educación. La Educación en Costa Rica. Año 2017, página 2). Las letras negritas son nuestras.

En ese informe de 2017 la OCDE plantea que existe un proceso de “estancamiento de los resultados educativos de la última década”. No obstante, lo anterior, ese “estancamiento” ha dado un gran salto hacia atrás, transformándose en una grave y profunda “crisis” de la educación. Según, Isabel Román, coordinadora general del Informe Estado de la Educación “Hoy por hoy, tenemos que hacer un análisis del cambio de época y, ciertamente, el último Informe del Estado de la Educación planteó que estábamos en la peor crisis de los últimos 40 años y eso es una crisis compuesta por distintos componentes”. (La Nación, 01 de abril de 2023). Ese salto de “estancamiento” a “peor crisis de los últimos 40 años” ha conllevado a un rotundo “fracaso de la educación” costarricense desde la crisis económica, social y educativa de los años 80. En esa época, producto de la grave crisis económica que duplicó la pobreza, aumento el desempleo y condujo a un proceso hiperinflacionario, el 68% de los estudiantes fueron obligados a abandonar las aulas, convirtiéndose en lo que se conoce como la “generación pérdida”. Actualmente ¿cuáles son algunas de las manifestaciones de ese fracaso educativo?

1. El fracaso de la educación de la educación a distancia durante los años de pandemia, tanto la llamada educación virtual o bimodal. Según un estudio del propio ministerio de educación (MEP) en “Las conclusiones coinciden con llamados de atención que ha hecho el Estado de la Educación, según el cual, las clases a distancia dejaron años de rezago para los estudiantes con secuelas graves y duraderas en la formación de un millón de alumnos de escuelas y colegios públicos”. (La Nación, 19 de enero de 2023). En los ciclos educativos de los años 2020 y 2021 a los estudiantes se les regaló la promoción a niveles educativos superiores sin ningún tipo de evaluación educativa.

2. Actualmente unos 2 millones de costarricense no tienen bachillerato. Asimismo “… Costa Rica tiene la mayor cantidad de gente que no pasó de noveno año entre los 38 países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)…”. (La Nación, 07 de julio de 2023). Esos dos problemas de las personas que completaron el bachillerato y de los que no pasaron noveno años se ven reflejados en las altas tasas de desempleo entre miles de jóvenes. 30 personas jóvenes de cada 100 se encuentran desocupadas. Es más, recientemente “El mercado laboral de Costa Rica perdió 118.000 empleos en siete meses y, lo preocupante, es que la mitad de ellos, el 46%, lo ejercían jóvenes entre 25 y 34 años. Le siguen, con 20%, quienes tienen de 15 a 24 años”. (Ídem)

3. La reducción y los recortes al presupuesto de la educación por parte de los gobiernos de turno y, en especial, del gobierno de Rodrigo Chaves han conducido a una disminución constante de la inversión educativa en todos los rubros y niveles educativos. Por ejemplo “El programa para infraestructura y equipamiento del Ministerio de Educación Pública (MEP) pasó de ₡43.141 millones en el 2021 a ₡13.720 millones en el presupuesto del 2023. Si se considera los fondos desde el 2014, se trata de una caída en términos reales de más del 70%”. (Semanario Universidad. Semana del 28 de junio al 4 de julio de 2023).

4. Unos 114.000 estudiantes pobres perdieron la beca de ayuda que brinda el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS). Según informaciones periodísticas “En cuestión de un año, el programa Avancemos pasó de beneficiar a 387.739 estudiantes en el 2022, a solo 274.000 en este 2023. Se trata de 113.739 estudiantes menos. Porcentualmente, la merma es del 31%”. (La Nación, 01 de julio de 2023). La inversión en becas disminuyó de ₡113.416 millones en 2022 a ₡85.093 millones en 2023, o sea, una disminución del 25%. Las repercusiones sociales de esas reducciones son graves Al respecto El Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE) de la UCR “… estimó que el recorte de becas producirá que 5.866 nuevos hogares caigan bajo la línea de pobreza y que 12.000 menores de edad entre en la categoría de pobreza o pobreza extrema. A la vez, se calcula que unos 7.000 estudiantes abandonarán las aulas en el 2023”. (Ídem).

5. Costa Rica es el sexto lugar de los miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) con más porcentajes de población juvenil denomina como “ninis”, es decir, que no estudian ni trabajan. Existen más de 186 mil jóvenes en condición de “ninis”. De ellos, unos 65 mil buscan trabajo, pero infructuosamente no lo encuentra. Todos esos muchachos/as han sido cruelmente excluidos tanto del sistema educativo como del mercado laboral. Según Isabel Román “Cuando hablamos de exclusión educativa, hablamos de niños, niñas y jóvenes a los que les falló el sistema y la sociedad. La principal responsabilidad que tiene el sistema es retener a los estudiantes”. (Ídem). No es cierto que la “sociedad” le halla fallado a esos miles de jóvenes, sino que han sido los gobiernos de turno y el Estado que dirigen los partidos burgueses los que han excluidos y desechados a esa gran cantidad de jóvenes que, no teniendo ni estudio ni trabajo, muchos de ellos son lanzados a las drogas y a los brazos de las organizaciones criminales del narcotráfico. El ministerio de seguridad calcula que actualmente existen uno mil gatilleros de las diversas bandas del narcotráfico y que, probablemente, muchos sean de esa población excluida tanto del sistema educativo como del mercado laboral.

7. El gobierno de Rodrigo Chaves es una administración que se caracteriza por la inexperiencia, la improvisación y el autoritarismo chavista. Marcado por esas características este gobierno no tiene una ruta en educación, ni en el trabajo, ni en la reactivación económica y en otros niveles. La denominada “ruta de la educación” del gobierno, encabezada por la ministra Müller, son un conjunto de ocurrencias, acciones e iniciativas dispersas y procesos educativos, ya sea en la evaluación de los estudiantes como en la administración burocrática del MEP, sin fundamentación técnica, pedagógica y científica. La improvisación en la educación por parte de la ministra Müller es de lo peor que está sucediendo en el proceso educativo. Según Müller en la educación “la ruta es un proceso vivo, la ruta no es ningún documento, no es un plan, no es un plan operativo, es un proceso vivo”. (Delfino, 2 de marzo de 2023).

La programación y el diseño de planes de acción son básicos y fundamentales en la educación en todos los niveles para orientar de forma global el proceso educativo y superar los problemas, deficiencias y la problemática educativa en general y específica. Un ejemplo de ocurrencia en evaluación son las llamadas “pruebas comprensivas” que se han realizado en el primer semestre y se realizarán en el segundo semestre. Según el MEP esas pruebas “Es el instrumento de medición establecido por la administración de este Ministerio con el propósito de determinar el dominio que posee la persona estudiante respecto a los aprendizajes previos, considerados fundamentales en cada una de las asignaturas o figuras afines, para el andamiaje de los nuevos aprendizajes por lograr”. (Pruebas comprensivas en el curso lectivo 2023).

En realidad, esas “pruebas comprensivas” que son lo más incomprensibles son una ocurrencia en evaluación que lejos de contribuir al proceso educativo, se han convertido en una pérdida de tiempo lectivo en las aulas, pérdidas de recursos y sobrecarga laboral (elaboración de prueba, calificación y llenado de una plantilla con muchas casillas) para miles de docentes que causan más estrés en el personal docente. Los “aprendizajes previos” siempre se determinan en las pruebas diagnóstica no se necesitan las tales pruebas compresivas. Los resultados de las primeras pruebas comprensivas son datos que ya se conocían, no son algo nuevo. De ahí que no contribuyen en nada al proceso educativo.

8. Reducción del presupuesto a la educación el cual del 7,4% del PIB en el año 2017 al 5,3% del PIB al año 2023. Existe una reducción en todos los niveles educativos. El Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) pasó de un 1,39% del PIB en el año 2017 al 1,17% del PIB en el 2023, lo cual de continuar disminuyendo pone en riesgo de un cierre técnico a las universidades públicas. Existe una política consciente de la administración de Rodrigo Chaves para reducir el monto del FEES a las universidades públicas con la intención y el objetivo claro de continuar avanzando en la privatización de la educación superior.