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Por Eduardo Villalobos

La pandemia de gripe ha golpeado con fuerza a Costa Rica. El recuento de muertos sigue aumentando y la atención en clínicas y hospitales parece estar siendo desbordada.

Las autoridades hacen llamados para que la población adopte medidas preventivas, pero sin que el Estado y las empresas privadas tengan mayor responsabilidad.

Como un ejemplo para ilustrar lo anterior, la institución costarricense del agua, AYA, sigue adoptando los cortes de servicios en todos los puntos del país sin importar la condición o causas de la morosidad. El fin último de la empresa estatal es el lucro. Los trabajadores de muchas empresas deben aportar sus implementos de limpieza.

Por otro lado, muchos Equipos Básicos de Atención Integral de Salud, conocidos como EBAIS, están desprovistos de recursos materiales y humanos que le permitan atender la situación como se debe. El cierre o traslado de cierres así como las plantas físicas donde funcionan son de hacinamiento.

Situación en el campo educativo

El gobierno de Costa Rica, a través del Ministerio de Salud, pospuso durante una semana la entrada a lecciones después del período de vacaciones de medio período.

Durante este tiempo, según el ente estatal, se estudiaría la situación y la posible propagación de la pandemia ente la población estudiantil y ligada al campo educativo.

Después de 3 días, el Ministerio de Salud y de Educación decidieron convocar a profesores y alumnos de nuevo a lecciones, amparados, según ellos, a los estudios realizados sobre el impacto de la enfermedad en los estratos etéreos.

Sin embargo, las autoridades no toman en cuenta varios aspectos entre ellos las condiciones en las que se desarrolla el proceso educativo en la mayor parte de las instituciones del país.

Se debe reseñar que asisten a lecciones cerca de un millón de estudiantes y cerca de 60 000 trabajadores de la educación. Muchos de esos niños y niñas son vulnerables debido a los padecimientos característicos como el asma, las infecciones respiratorias y otros que se dan en el contacto con los demás estudiantes.

El gobierno tira la brasa a las Juntas de Educación, que son las que administran los fondos de las escuelas y colegios. Pero en última instancia la responsabilidad final recae sobre el personal docente y administrativo que no se encuentra capacitado para asumir la responsabilidad en esta materia.

Pero, muchas de esas juntas se encuentran en crisis permanente debido a su condición de administrar fondos públicos. La conformación de las mismas se ve mediada por los consejos municipales y los personajes que las componen obedecen a los designios de los partidos en el poder. De ahí que la subutilización de las remesas o bien el reparto de las mismas en corruptelas dejan sin fondos a las instituciones educativas. Algunas de ellas son incapaces de girar los fondos para el pago de los servicios públicos por lo que se dan las suspensiones de los mismos.

Comunicado del MEP y Ministerio de Salud

El personal docente y administrativo no puede asumir la responsabilidad ni el manejo de la crisis por la pandemia. El MEP y el Ministerio de Salud en un comunicado de la oficina de prensa del MEP resumen sus medidas de la siguiente forma:

“1. Identificar y tomar las medidas necesarias para garantizar que dentro del centro educativo no permanezcan personas con síntomas de resfrío o gripe.

2. Garantizar las buenas prácticas de higiene de los estudiantes, personal, tanto docente como administrativo y personas que acuden al centro educativo

3. Disponer en todos los baños de papel higiénico, jabón para manos, agua y papel toalla desechable.

4. Limpiar instalaciones, equipo y mobiliario con desinfectante común, alcohol de 70 grados o disolución de cloro comercial (3 gotas por litro de agua).

5. Mantener lugares de trabajo y aulas ventiladas.

6. Verificar que el personal docente y administrativo cumpla con estas responsabilidades”

Únicamente la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza, APSE, se ha manifestado en contra de estas medidas que como se ve hacen responsables al personal de la crisis. De igual manera, la ministra de Salud, Dra. María Luisa Ávila, amenaza con cárcel a aquellos que incumplan las mismas, de acuerdo con la ley general de salud. Las penas van de 15 días a un año.

Ante esta situación las organizaciones deben llamar a que los Ministerio de Salud y de Educación cumplan primero con las condiciones adecuadas de trabajo para enfrentar la crisis. Si estas no son proporcionadas se debe llamar a la población para que no envíen a sus hijos a los centros de enseñanza y evitar que se disemine el virus.

¡Que se posponga la entrada a clases hasta que el gobierno garantice las condiciones óptimas de salud de estudiantes, profesores y trabajadores del sector educativo!