Por Manuel Sandoval

Desde que se aprobó la reforma constitucional para establecer un piso equivalente al 8% del PIB para financiar la Educación Pública, en el 2011, se ha insistido en que era una meta a alcanzar progresivamente. Desde aquella época la burguesía costarricense tenía la preocupación de frenar el gasto del Estado (ante el crecimiento de la deuda pública al calor de la evasión y el fraude fiscal de los grandes empresarios), por lo que la medida fue bastante demagógica.

Sin embargo, casi desde ese momento, y cada vez con más fuerza, se ha planteado en los círculos de opinión de la burguesía que es un objetivo improcedente, porque la población escolar tiende tendencialmente a decrecer y esto aumenta el gasto per cápita por estudiante sin llegar a la necesidad de alcanzar la inversión del 8% del PIB. Don Nogui Acosta, que la semana pasada, cuando presentó en la Asamblea Legislativa el proyecto de presupuesto nacional para el 2025, demagógicamente habló del 8% como “una aspiración”, ha sentado cátedra en otros momentos sobre lo ineficiente del gasto en educación, señalando que más que aumentar el presupuesto hay que mejorar el rendimiento.

Bajo este criterio no ha vacilado en seguir metiéndole tijera al presupuesto del MEP, que se comenzó a mutilar violentamente desde la Administración Alvarado en medio de la pandemia y el curso lectivo virtual. (El financiamiento de los bonos Proteger se hizo desviando plata del MEP, circunstancia que hizo que las autoridades del MEP no se preocuparan en lo más mínimo por la “conectividad” del medio millón de estudiantes sin recursos tecnológicos). El conjunto de la oposición burguesa en la Asamblea Legislativa (con el Frente Amplio de furgón de cola) ha venido votando estos presupuestos recortados, porque hacen parte de la política de austeridad pactada con el FMI. Chávez habló en campaña electoral de un recorte de ¢400 000 millones, un punto del PIB. Prometió restituirlos y hasta el momento sufre de amnesia.

El presupuesto del MEP para el año entrante alcanza un 4,9% del PIB. Ha caído, en las dos últimas administraciones dos puntos: lo que, con colones actualizados, rondaría el billón de colones. Creemos que un punto del recorte obedece al congelamiento salarial violento que sufren los educadores, al recorte a programas de becas y transporte escolar y al abandono presupuestario del mantenimiento y construcción de infraestructura educativa. El otro punto de disminución es proporcional al crecimiento del PIB, es decir, la producción nacional (el PIB) ha crecido y se ha reducido el porcentaje que corresponde al presupuesto del MEP.

Es la contradicción que señalábamos en la nota anterior y que el mismo Nogui Acosta reconoce a medias. Crecen las exportaciones, deberían aumentar los ingresos tributarios del Estado, pero las exoneraciones lo impiden, y los grandes empresarios evaden el pago de impuestos y estafan al fisco. Como este gobierno los representa, ni pensar en socarles la faja.

Por eso se esfuerzan en presentarnos un financiamiento equivalente al 8% del PIB como algo exorbitante y fuera de las posibilidades del país.

En realidad, estamos hablando de ¢1,5 billones (¢1 500 000 millones), una suma de tres puntos del PIB que Hacienda podría recolectar en un período de año – año y medio, mediante una reducción progresiva de las exoneraciones (para recoger ¢500 000 millones) y un ataque en regla a los evasores fiscales (para recaudar por lo menos 1 000 000 millones). Esta inyección financiera en Educación tendría un efecto positivo sobre la economía nacional: son ¢600 000 que tendrían que destinarse a cubrir el faltante en infraestructura educativa. Decenas de miles de empleos en el sector construcción. Sin embargo, lo más importante es que el país podría recuperar terreno (capacitando científicos e ingenieros) para atraer inversión tecnológica de punta. Con el “apagón educativo” de los últimos años y la Müller al frente del MEP es notorio el retroceso educativo que sufre el país.

Con dos medidas anexas se aliviaría el peso de la carga de la deuda pública y se generarían recursos para reactivar la economía:   1. El Banco Central podría eliminar deuda empleando para ello la mitad de las reservas internacionales en dólares.   Estableciendo un control directo sobre el tipo de cambio (una herejía para los neoliberales, por supuesto) para evitar las tensiones cambiarias que podrían producirse.   2. Los recursos del ahorro interno: depósitos bancarios y fondos de pensiones se invertirían en inversión pública con garantías del Estado, en vez de estar siendo utilizados en especulaciones bancarias en Wall Street.   Evidentemente, habría que hacer una limpia en la CONISSIF, la SUGEF y la SUPEN, y comenzar por meter a la cárcel a Rocío Aguilar para que no ocurran descalabros con nuestros ahorros.

Algunos adversarios amarillos y rosados dirán que es una posición reformista. En realidad, intento demostrar que cumplir con el 8% del PIB como piso para financiar la educación pública sería una medida positiva en el marco del funcionamiento capitalista del país y no es ilusoria. Sólo exige la movilización estudiantil y popular para imponerla. De la Asamblea Legislativa sólo van a salir pichuleos. La burguesía no está dispuesta a enfrentar la evasión y el fraude fiscal, ni a ponerle límite a las exoneraciones.

De los recursos a la Sala IV que interpuso la APSE el año pasado y un grupo de estudiantes universitarios en estos días, lo más probable es que sólo salga un llamado en términos más perentorios al gobierno, para que aplique la “progresividad” implícita en la norma constitucional. Así fue como falló la Sala IV un recurso anterior de la APSE en el 2016.

Sin una lucha feroz en las calles la burguesía no va a acceder a concretar un financiamiento equivalente al 8% del PIB para la educación pública.