Por Jose René Tamariz

El año 2025 es un año preelectoral. Algunos partidos políticos como el PLN y el PUSC ya tienen varios pre candidatos para la presidencia de la República. Cuatros funcionarios del gobierno de Rodrigo Chaves renunciaron a finales del mes de enero con el objetivo de poder presentarse como candidatos a presidente, vicepresidentes y diputados. Por otro lado, como parte de ese proceso pre electorero los ataques del presidente de la República, Rodrigo Chaves, hacia los poderes legislativo y judicial se están incrementando, profundizando la lucha entre los poderes del Estado. El objetivo expreso de los ataques de Chaves es golpear, desprestigiar y debilitar, de cara a las elecciones del año 2026, a los partidos políticos y personajes que controlan esos poderes, así como llegar a erigir a sus candidatos como posibles vencederos de dicha contienda. En este artículo solo se analiza la cuestión económica y en un próximo artículo se analizará la situación política en el país, de cara a las próximas elecciones nacionales del año 2026.

Crecimiento Económico

El crecimiento económico del año 2024 fue del 4,3% del Producto Interno Bruto (PIB). El Banco Central de Costa Rica (BCCR) prevé un crecimiento en el bienio 2025-2026 del 4,1% y 4,0%, respectivamente. El crecimiento promedio en el período de esos tres años sería de aproximadamente de un 4,13%. En realidad, para la economía de Costa ese es un crecimiento modesto, ya que no alcanza para recaudar más impuestos y obtener mayores ingresos fiscales que gastos y, por ende, poder tener superávit en vez de déficit fiscal como existe actualmente. Ese crecimiento ni siquiera alcanza para poder darle a los empleados públicos reajustes salariales que compensen el costo de la vida. Mucho menos alcanza para aumentar el gasto social, reducir la pobreza y desigualdad social, todo lo contrario, el gobierno de Rodrigo Chaves se ha caracterizado por disminuir el gasto en educación, salud y otros rubros sociales.

Por otra parte, es necesario y muy importante destacar que la economía nacional está dividida en dos tipos de economía: el denominado “régimen definitivo” de la vieja economía y el “régimen especial” (zonas francas) de la llamada nueva economía. El régimen especial representa el 14% de la economía y para el año 2024 dicho régimen aportó el 1,0% al crecimiento económico, o sea, el 23,3%; mientras que el régimen definitivo constituye el 86% de la economía nacional y aportó el 3,3% a ese crecimiento, es decir, el 76,7%. Si hacemos una transposición del aporte al crecimiento del régimen especial hacia el régimen definitivo nos daría un crecimiento económico del 5,67% para el régimen definitivo. Eso evidencia que el crecimiento del régimen definitivo o vieja economía se encuentra muy rezagada respecto al régimen especial. Esas diferencias significativas van a tener repercusiones en diferentes variables económicas y fiscales que veremos más adelante.

De otro lado, es de importancia mencionar que, históricamente, Costa Rica, ha tenido, en algunos períodos de años un crecimiento promedio similar al 4% del PIB. Por ejemplo, según el economista Eduardo Lizano “… la economía nacional creció en promedio 4,0% en el período 2000-2018. Esta tasa de crecimiento económico es insuficiente. La “cobija”, simplemente, no alcanza. Por lo tanto, lograr un crecimiento económico más acelerado es una condición necesaria para proseguir la construcción de la democracia liberal…”. (Lizano Fait, Eduardo: Después de la Pandemia: Una Visión de Largo Plazo. Academia Centroamericana, enero de 2022).  En una nota al pie de Lizano, se dice que el BCCR, sostiene un crecimiento del 4,1% para el período 2000-2018 y el FMI del 4,0%. Entonces, como se puede observar, con base a esos datos, el crecimiento económico durante la administración de Rodrigo Chaves no tiene ninguna espectacularidad ni es tan diferente ni superior a la que han existido en varias administraciones pasadas. Son muy similares.  La economía crece, pero lo hace de forma más lenta.

Déficit Fiscal y Deuda Pública

De acuerdo con datos oficiales, los ingresos fiscales del año 2024 fueron del 15,1% del PIB, mientras que los gastos totales llegaron al 18,9% del PIB, diferencia que produce un déficit fiscal del 3,8% del PIB. En el año 2022 el déficit fiscal fue del 2,81% del PIB, mientras que en el año 2023 dicho déficit se ubicó aproximadamente en el 3,2%. Como se puede observar, durante la administración de Rodrigo Chaves el déficit fiscal se ha mantenido y lejos de disminuir, tiene una tendencia al crecimiento. Ese déficit fiscal se mantiene, pese a la alharaca de los altos funcionarios del gobierno de celebrar de que el año 2024 es el tercero consecutivo de tener superávit primario: 2,1% en 2022, 1,6% en 2023 y 1,1% en 2024. Igual que con otros datos, se puede observar que el superávit primario ha venido disminuyendo año tras año de la administración Chaves.

Por otro lado, es importante destacar que ese déficit fiscal existe y tiene tendencia al aumento creciente debido a que la recaudación fiscal ha disminuido. Por un lado, porque el plan de ajuste fiscal que representó la imposición de la denominada “Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”, mejor conocida, como “Combo Fiscal” se agotó y, por el otro, porque el “régimen definitivo” o vieja economía que es el que aporta la mayor parte de los impuestos al Estado tiene un crecimiento económico muy bajo, además de que se ha encogido en los últimos años, lo cual significa que, cada vez más, aporta menos impuestos al ministerio de Hacienda. Además, el sector más dinámico de la economía que es el régimen especial no paga impuestos a Hacienda.

De otro lado, gran parte de los ingresos tributarios son fagocitados por los altísimos intereses que se pagan por concepto de intereses de la deuda pública. La razón entre el pago de intereses de dicha deuda y los ingresos tributarios de los años 2022, 2023 y 2024 fueron del 34,2%, 35,2% y 35%, respectivamente. Lo anterior, significa que, por ejemplo, para el año 2024 de cada 100 colones recolectados de impuestos 35 colones se destinan o pagan en intereses de esa deuda pública. Eso se convierte en una pesada y terrible carga para la economía nacional y la mayoría de la población. Ese pago de intereses de la deuda representó el 4,8% del Producto Interno Bruto (PIB).  

El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, así como el gobierno de Chaves han celebrado con bombos y platillos que, por primer año, han logrado que la relación deuda/PIB ha disminuido por debajo del 60%, llegando al 59,8% del PIB. Al respecto, Nogui Acosta, ha planteado que “Sin duda, el mayor hito fiscal que logramos fue reducir la relación deuda a PIB por debajo del 60%. Además, por tercer año consecutivo, alcanzamos un superávit primario”. (SWI swisinfo.ch. 14 de febrero de 2024). Si bien es cierto que la deuda pública se ha venido reduciendo desde el año 2022 del 63% al 59,8% al 2024, sin embargo, esa reducción es insostenible en el tiempo, ya que, el déficit fiscal, lejos de reducirse tiene la tendencia, año tras año, de incrementarse y, por ende, para cubrir ese déficit el gobierno de turno tendrá que recurrir al endeudamiento para cubrir dicho déficit.

Solamente en el primer semestre del año 2025 el gobierno deberá pagar en servicio de la deuda pública aproximadamente unos $5.000 millones, lo cual estrujará el presupuesto nacional y, por ende, todos los gastos

Empleo y Salarios

En medio de la pandemia, el desempleo en Costa Rica fue del 20%. Sin embargo, después de la pandemia la actividad económica se ha venido recuperando y, por ende, el desempleo ha venido disminuyendo de forma constante. En el año 2024, la tasa de desempleo se ubicó en el 6,9%, lo cual es una tasa muy baja. En los diferentes trimestres de los años anteriores esa tasa viene variando entre el 7% y 8%. Esa disminución del desempleo y aumento del empleo formal refleja, en cierto modo, el crecimiento económico moderado de los últimos años a tasas promedio del 4%.

De acuerdo con el Banco Central de Costa Rica (BCCR) “… Los ingresos de los trabajadores de calificación media y baja del sector privado subieron (7,8 p.p. y 13,9 p.p.), en tanto que los de los trabajadores de calificación alta de ese mismo sector si bien registraron un incremento en sus ingresos reales, han tendido a moderarse.

Los Ingresos reales de los trabajadores de calificación media y baja del sector público continuaron por debajo al nivel registrado antes de la pandemia, aunque a partir de 2023 tienden a converger hacia ese nivel. En contraste, los ingresos de los trabajadores de calificación alta del sector público se estancaron en 15 p.p. por debajo de lo registrado en febrero del 2020”. (Informe de Política Monetaria. BCCR. Enero 2025).

Como se puede notar, los salarios reales en el sector privado se incrementaron casi hasta un 14%, lo cual es congruente con el modesto crecimiento económico y el aumento del empleo formal. Por su lado, los salarios reales en el sector público disminuyeron hasta un 15% en sus capacidades de consumo. Esa disminución de los salarios reales en el sector público es el efecto de la política de ajuste fiscal que viene desde hace varios años con la implementación del combo fiscal. Asimismo, la reducción real de los salarios, producto de la aplicación de la regla fiscal, ha venido financiando el déficit fiscal y, por ende, el pago de la deuda pública. 

Impacto del Contexto Internacional

Las políticas de “desglobalización”, imposición de aranceles generalizado (guerra comercial) y de expansionismo en el mundo de Donald Trump son factores de peso que pueden incidir, modificar y cambiar la situación nacional, no sólo en Costa Rica, sino también en diversos países y nivel internacional. Las políticas de incrementos de los aranceles generalizados por parte de Trump, podría conllevar a un incremento del proceso inflacionario en los Estados Unidos y de las tasas de interés, con probable incidencia a nivel nacional que podría llevar, de forma simultánea, al incremento de las tasas de interés y de la inflación a nivel interno.

Por otro lado, hay que ver y estudiar las eventuales políticas de la administración Trump en Centroamérica y sus posibles repercusiones en todos los países del área centroamericana y, por ende, sus efectos y consecuencias económicas, sociales y políticas a nivel nacional.