Actualmente se produce un importante debate político en El Salvador, en torno a la decisión de la Corte Suprema de Justicia, de autorizar las candidaturas independientes, es decir, por fuera de los partidos políticos.

Una Constitución reaccionaria y antidemocrática

El actual orden constitucional en El Salvador no es un reflejo de la participación democrática del pueblo. Al contrario, la Constitución Política de 1983, vigente hasta el momento con algunas reformas, fue impuesta por el imperialismo norteamericano y las clases dominantes en plena Guerra Civil (1981-1992), cuando no existía ningún tipo de garantía o derechos democráticos, y en momentos en que las fuerzas armadas y demás cuerpos represivos de seguridad junto a los  escuadrones de la muerte masacraban a los dirigentes obreros y populares.

El artículo 85 de la antidemocrática Constitución de 1983, sentó las bases de la partidocracia, al establecer que: “El sistema político es pluralista y se expresa por medio de los partidos políticos, que son el único instrumento para el ejercicio de la representación del pueblo dentro del Gobierno.“

Esta disposición respondió a las necesidades y realidades históricas de las clases dominantes que, en aquel momento, buscaban desesperadamente frenar un posible arribo al poder de la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) mediante la lucha armada y la insurrección popular, al mismo tiempo que creaba un mecanismo institucional para que la guerrilla del FMLN pudiese desalzarse, abandonar el programa socialista, entregar las armas y participar en la vida política como un partido más e institucionalizar una oposición de izquierda parlamentaria. Paralelamente, la Constitución de 1983 limitó y continúa limitando la participación política democrática de los trabajadores y jóvenes salvadoreños, si tomamos en consideración los insuperables requisitos exigidos para constituir nuevos partidos políticos, y los procesos viciados en la inscripción de los mismos.

A lo anterior debemos agregar que, para optar a la candidatura para Diputados a la Asamblea Legislativa, al Parlamento Centroamericano (PARLACEN) y a los Concejos Municipales, el Código Electoral estableció el requisito  obligatorio de pertenecer a cualquier Partido Político legalmente reconocido. En pocas palabras, con esta disposición legal se han restringido desde hace mucho tiempo los derechos democráticos de todos los salvadoreños, violentando los derechos y garantías  reconocidos aun en la misma  reaccionaria Constitución de 1983.

¿Qué se esconde tras la sentencia de la Corte Suprema?

Este régimen antidemocrático ha impedido el lanzamiento de candidaturas independientes, obligando a mantener  el sistema de listas cerradas en las elecciones de Diputados y de concejos municipales, provocando el rechazo de algunos sectores políticos que en el año 2007, sin a llamar a la movilización popular, interpusieron una demanda de inconstitucionalidad, sin obtener ningún resultado positivo.

En el año  2009, Félix Ulloa hijo, ex Presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE),  interpuso  ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, una  nueva demanda de inconstitucionalidad argumentando que una interpretación errónea del artículo 85 de la Constitución de 1983 “ha generado un monopolio en la representación de la soberanía popular por parte de los partidos políticos, creando una partidocracia “constitucionalmente garantizada”, en perjuicio de otras formas asociativas, cuya legitimidad y capacidad de organización y representación, está fuera de toda duda”. (Demanda de Inconstitucionalidad  4/10/2009. San Salvador).

Efectivamente, la Constitución de 1983  no  prohíbe las Candidaturas Independientes para diputados a la Asamblea Legislativa y al PARLACEN, aunque si establece el requisito obligatorio de que cualquier candidato a Presidente de la República debe estar afiliado a un partido político.

Bajo el reinado de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), los gobiernos de turno se esforzaron en estrechar aún más los espacios de participación política y democrática de los trabajadores y del pueblo, al grado que cuando la Asamblea Legislativa aprobó el Código Electoral en 1993, inmediatamente después de los Acuerdos de Paz de 1992, prohibieron la postulación de candidaturas independientes y  restringieron el elemental derecho democrático de elegir y ser elegido.

A partir de las reformas constitucionales de 1992 se estableció un régimen político cada vez más excluyente y mas antidemocrático, que evolucionó rápidamente a un nuevo sistema bipartidista, que tolera a pequeños partidos satelitales como el Partido Conciliación Nacional (PCN) o el Partido Demócrata Cristiano (PDC), entre otros, que funcionan como floreros de la mesa del nuevo bipartidismo basado en dos grandes partidos: ARENA y el FMLN.

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ha  declarado inconstitucional la prohibición de candidaturas independientes. No obstante, para el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) esta resolución  no es democrática mucho menos revolucionaria. Este fallo judicial ha sido promovido por intereses políticos de las tradicionales clases dominantes y sectores empresariales.

Abriendo el espacio a las fuerzas burguesas

Esta inusual sentencia es, sin lugar a dudas, una maniobra política que pretende abrir los espacios políticos, que eran negados anteriormente. Se ha abierto un pequeño resquicio en el sistema político antidemocrático, de cara a a provechar el desgaste político del Presidente Mauricio Funes y de sus roces públicos con el FMLN, a conveniencia de la clase y sectores económicamente dominantes.

La sentencia de la Corte Suprema de Justicia pretende abrir estos espacios democráticos para que surjan nuevas fuerzas sociales y políticas en la palestra política de El Salvador. De esta manera, ampliando la participación democrática, los magistrados de la derecha consideran que pueden arrancarle al FMLN el sector de clase media que le permitió el apretado triunfo electoral del año 2009.

El sistema bipartidista ya no es útil o rentable para garantizar la hegemonía económica y política de las rancias familias que gobiernan El Salvador. A pesar que el gobierno de Mauricio Funes y del FMLN salió más moderado y neoliberal que lo previsto, intentan a todas luces  evitar el fortalecimiento electoral del FMLN o de cualquier otra fuerza de izquierda.

Por ello, como algo excepcional, se han arriesgado a utilizar mecanismos democráticos para evitar que el FMLN  una vez en el gobierno logre mantenerse por un largo periodo y que la antiguo dirigencia guerrillera termine consolidándose como un influyente grupo económico. La consigna de la derecha y de la oligarquía salvadoreña es abrir los espacios políticos para dispersar las fuerzas políticas y sociales que pueden luchar en su contra, temen profundamente el establecimiento de regímenes bonapartistas, autoritarios y centralistas, como el de Hugo Chávez en Venezuela o el Daniel Ortega en Nicaragua.

Al abrir los espacios de participación política, la oligarquía salvadoreña pretenden evitar que las expresiones políticas de los nuevos grupos económicos emergentes, agrupados tanto en el partido Gran Alianza de Unidad Nacional (GANA), como en el Movimiento por el Cambio, que apoya a Mauricio Funes, consoliden posiciones dentro de las instituciones del Estado, que les permitan incidir en los grandes negocios y consolidar una clientela electoral.

Ampliar los espacios democráticos para los trabajadores y el pueblo

Conociendo los planes de la burguesía y los objetivos políticos de la “apertura de candidaturas independientes”  los trabajadores y el pueblo no debe confiar en el Estado Democrático Burgués y en falsas esperanzas pero si aprovechar la más mínima apertura democrática, para construir una alternativa electoral independiente de los trabajadores y de la izquierda revolucionaria y luchar por una mayor democratización del excluyente sistema político de El Salvador; pero ello no tiene que llevarnos a la dispersión y al abandono de la lucha revolucionaria en contra de las tradicionales clases dominantes y los grupos económicamente emergentes.

La clase trabajadora, el campesinado, los pueblos originarios y demás sectores populares no tenemos que abandonar los tradicionales métodos de lucha como lo son la movilización callejera, la huelga y tomas de edificios y bloqueo de carreteras, etc. Los trabajadores y los jóvenes necesitamos amplias libertades democráticas para impulsar las luchas contra el decadente sistema capitalista, y aprovechar las elecciones y cualquier espacio democrático como un medio más que nos permita  difundir y agitar un programa revolucionario y socialista ante las amplias masas populares.

El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) considera que ni en el pasado ni en la actualidad es justificable que se haya negado y se continúe negando a la clase trabajadora, el campesinado, los pueblos originarios y demás sectores populares, el derecho de participación y representación política mediante candidaturas independientes.

La reacción de la mayoría de los Diputados ante la sentencia de la Corte Suprema fue hostil, al grado de presentar mociones de destitución de los Magistrados que dictaron la sentencia, y de aprobar en primera discusión una reforma de los artículos 126 y 262 de la reaccionaria Constitución de 1983 para diferir el efecto de la sentencia en las elecciones de mitad de periodo, en un vano intento por evitar la presentación de candidaturas independientes en el año 2012.

Mientras los partidos políticos conspiraban para evitar las candidaturas independientes, la Iglesia Católica las apoyaba. “En el ejercicio democrático, me parece que eso es muy válido que hayan candidatos independientes", declaró el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas.

Funes y el FMLN deben apoyar incondicionalmente la democratización del sistema político

No apoyamos la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, por considerarla una maniobra política y porque es insuficiente. Conocemos cuales son los objetivos de la derecha, pero como Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) no podemos permitir, ni apoyar restricciones a los derechos democráticos de los trabajadores y del pueblo.

Llamamos a la clase trabajadora, al campesinado, los pueblos originarios y demás sectores populares, a exigirle a  todos los Diputados de la  Asamblea Legislativa, especialmente a los del FMLN, que retiren la reforma constitucional aprobada aceleradamente para evitar las candidaturas independientes y que, al contrario, aprueben una normativa legal que garantice las condiciones que permitan una verdadera  participación democrática del pueblo mediante candidaturas independientes.

Los procedimientos y requisitos de las candidaturas independientes deben ser de fácil cumplimento, el Estado salvadoreño debe garantizar los recursos financieros para  que los candidatos independientes puedan participar en igualdad de condiciones y competir contra los partidos de la burguesía.

De igual manera, llamamos a luchar por las candidaturas independientes para Presidente, Vicepresidente y Concejos Municipales. El FMLN durante la campaña electoral prometió defender las candidaturas independientes, ahora es el momento de que cumpla dicha promesa.

Alertamos a la izquierda,  a las organizaciones políticas y sociales que se está discutiendo una nueva Ley de Partidos Políticos, la cual debe garantizar la formación y existencia legal de los partidos minoritarios.

Demandamos a Mauricio Funes y al FMLN a aprobar una Ley de Partidos que permita a la izquierda y a las fuerzas minoritarias expresarse públicamente

El FMLN  en su campaña electoral prometió  mayor democracia, ya es hora que el pueblo salvadoreño goce  de mayor democracia, necesitamos que los trabajadores, los campesinos, los pueblos originarios y demás sectores populares  tengan sus representantes propios, independientes en la Asamblea Legislativa, para defender sus intereses, y por ello necesitamos candidaturas independientes y una Ley de Partidos democrática.

Por una verdadera participación política de las organizaciones obreras, campesinas, indígenas y populares

Secretariado Centroamericano (SECA) del

Partido Socialista Centroamericano. PSOCA

Centroamérica, Agosto 2010