El centenario diferendo entre Guatemala y el actual Belice, en torno a que Estado pertenecen ciertos territorios continentales e insulares y áreas marítimas fronterizas en disputa, ha entrado en una nueva fase. El domingo 15 de abril la población guatemalteca, convocada por el gobierno de Guatemala a través del Tribunal Supremo Electoral (TSE), deberá decidir en una Consulta Popular si el tema en disputa entre ambos países, deberá ser solucionado de forma definitiva por la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

Para definir qué es lo que más conviene a los intereses de los trabajadores, campesinos, indígenas y clases populares de Centroamérica, es apropiado hacer un recuento histórico de los hechos. 

Un historial de intervenciones coloniales e imperialistas

En 1638 se establecieron en la Bahía de Honduras, en el actual territorio de Belice, cortadores de palos de tinte, de origen inglés, que habían pertenecido a la oleada de piratas y bucaneros alentados por la Corona Británica para extender sus dominios a costa de los territorios del Reino Español en América.

En 1642, los ingleses se apoderaron de la isla de Roatán, Guanaja e islas adyacentes de Honduras. En 1661, buques ingleses, franceses y holandeses se habían apoderado de Bocas del Toro, en el istmo de Panamá; los ingleses se apoderaron de gran parte de la costa caribe de Nicaragua, conocida como la Mosquitia.

En 1763, el tratado de Paris que puso fin a la guerra de 1762 entre España e Inglaterra, permitió la permanencia pacífica de estos cortadores en el territorio donde se habían establecido, el cual permanecía formalmente bajo la soberanía de España.

En 1783 el gobierno español fijó límites a la explotación maderera de los ingleses, delimitando el territorio entre el Río Hondo y el Río Belice para ese fin, siempre bajo la soberanía de la Corona española; esto fue aceptado por Inglaterra.  En 1786 se negoció un nuevo tratado extendiendo los límites del enclave hasta el Río Sibún. Gran Bretaña continuó considerando esos territorios como en usufructo y con fines especiales, a pesar de que en el terreno los ingleses no respetaban los límites y explotaban la madera donde querían.

Desmembración gradual de una parte de Centroamérica

Después de las dos declaraciones de independencia de Centroamérica, el 15 de septiembre de 1821 en relación a España, y el 1 de julio de 1823 en relación al imperio de Iturbide, aprovechando la fragilidad de la Republica Federal de Centroamérica, los ingleses incursionaron aún más allá de los límites dispuestos por los tratados anteriores. En 1832 el ministro de guerra de la Federación Centroamericana denunció la usurpación de territorio por parte de los ingleses, y su intención de avanzar hacia el sur hasta el Río Sarstún.

Entre 1835 y 1850 se extendieron de hecho hasta el río anteriormente mencionado y usurparon otros territorios centroamericanos. En 1841, las tropas inglesas se apoderaron del puerto de San Juan del Norte, en Nicaragua, y consolidaron posiciones en la Mosquitia.

Aprovechando la debilidad creada por la desaparición del Estado Federal Centroamericano en 1838, Estados Unidos e Inglaterra se pusieron de acuerdo, con la firma del Tratado Clayton-Bulwer en 1850, en una aparente neutralidad en torno a la posible construcción de un canal interoceánico en Centroamérica. No obstante, una década después, en 1856, Estados Unidos e Inglaterra firmaron el tratado Dallas-Clarendon que, aunque no fue ratificado, agregó un artículo al Tratado Clayton-Bulwer de 1850, que establecía el Río Sarstún como limite sur de los asentamientos ingleses, reconociendo el statu quo impuesto por Inglaterra, en detrimento de los reclamos de Guatemala y del resto de países de Centroamérica.

En el ínterin, el superintendente de Belice, una especie de gobernador colonial, mantuvo una constante injerencia contra la República Federal de Centroamérica, y posteriormente contra los Estados que surgieron de la disolución del Estado federal en 1838.

En 1859 Guatemala y Gran Bretaña firmaron la Convención de Límites de la República de Guatemala y el Establecimiento Británico en la Bahía de Honduras. Con este tratado el imperialismo inglés obtuvo un título legítimo sobre el territorio ocupado ilegítimamente y se definió un status quo en cuanto a los límites entre el establecimiento británico de Belice y la república de Guatemala. Como compensación, Gran Bretaña debía construir una carretera que uniera la capital de Guatemala con la costa atlántica.

En 1862, los comerciantes ingleses en Belice solicitaron a Londres ser reconocidos como colonia, lo que fue formalizado en 1862 bajo el nombre de Honduras Británica.

En 1863 se firmó una Convención por la que se fijaron los mecanismos para que Gran Bretaña cumpliera con la construcción de la carretera; los ingleses debían pagar 50,000 libras esterlinas. Sin embargo, ninguno de los Estados ratificó la convención en los seis meses posteriores a la firma, como se había acordado; Guatemala lo hizo con posterioridad y Gran Bretaña alegó que la convención había caducado.

El gobierno de Justo Rufino Barrios sostuvo que el tratado de 1859 continuaba vigente a pasar del fracaso de la Convención de 1863, y propuso que el asunto se sometiera a un arbitraje. Inglaterra lo rechazó en 1880 y el 1884 Guatemala denunció la caducidad del tratado de 1859, quedando todo congelado. En los hechos, los gobiernos de Guatemala reconocieron y legalizaron la presencia del colonialismo inglés. Debido a la dificultad del gobierno guatemalteco para controlar el territorio aledaño al territorio usufructuado por Inglaterra y a la escasa población guatemalteca, la preocupación pasó a ser fijar un límite al avance de los ingleses, más que recuperar el territorio usurpado. Inglaterra sostenía que sus derechos sobre los territorios ocupados provenían de acciones de conquista, no de los tratados con España, y no reconocía los derechos sucesorios de Centroamérica sobre los dominios que fueron del Imperio Español.

En este conflicto contra Inglaterra, los Estados de Centroamérica buscaron protección en Estados Unidos, el naciente imperialismo que reclamaba el continente como su área de influencia. El forcejeo entre Estados Unidos e Inglaterra por el dominio de la costa caribe de Centroamérica continuó todo el siglo XIX. En este periodo, la oligarquía de Guatemala mostró una cobardía sin precedentes, buscando en todo momento en sacar ventajas económicas a la presencia inglesa en esos territorios.

Mientras en Belice se sentaban las bases para la creación de otro Estado, bajo control de Inglaterra, en Nicaragua ocurría lo contrario. En 1894, tropas nicaragüenses, apoyadas por buques de guerra de Estados Unidos, derrocaron al rey de la Mosquitia, disolvieron el gobierno títere del protectorado, e incorporaron esa porción del territorio bajo la tutela del Estado de Nicaragua. Esta acción fue posible porque Estado Unidos tenía un interés especial de desalojar a los ingleses de la costa caribe de Nicaragua y Honduras: la posible construcción de un canal interoceánico a través de Nicaragua. En 1901 Estados Unidos e Inglaterra firmaron el Tratado Hay-Pauncefote, que abrogaba el Tratado Clayton-Bulwer de 1850, reconociendo Inglaterra el derecho de Estados Unidos a construir un canal interoceánico bajo su absoluto dominio.

Pero, en relación a Belice, se produjo un acuerdo entre Estados Unidos e Inglaterra, dejando en manos de esta potencia colonial el destino de los territorios de Belice

Las timoratas propuestas de la oligarquia de Guatemala

A partir de 1936 Guatemala hizo varias propuestas para resolver las diferencias, incluyendo el pago de una compensación económica a Inglaterra por la devolución de Belice y un arbitraje del presidente Roosevelt de Estados Unidos, pero los británicos las rechazaron todas. En 1946 el Congreso guatemalteco decretó la caducidad del tratado de 1859. ¡Casi un siglo después!

En 1981 Gran Bretaña otorgó la independencia a Belice, que se adhirió al Commonwealth Británico e ingresó como miembro a las Naciones Unidas. Guatemala no reconoció al nuevo Estado y rompió relaciones con el Reino Unido, para reanudarlas en 1986. Belice fijó como límites los establecidos en el Tratado de 1859, agregando una serie de islas y cayos adyacentes. En 1991 el gobierno de Serrano Elías reconoció a Belice como Estado independiente, pero no su territorio; esto se hizo para poder negociar con el gobierno beliceño como interlocutor. El Congreso ratificó en 1992 la decisión de Serrano.

En 2007, el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA) recomendó someter el diferendo territorial entre Belice y Guatemala ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya; esto fue aceptado por ambos Estados y se firmó un acuerdo al respecto en diciembre de 2008. En 2012 ambos países acordaron que se realizarían consultas populares que ratificaran la intervención de la Corte de La Haya, definiéndose que en octubre de 2013 se harían de forma simultánea. El gobierno guatemalteco suspendió unilateralmente la realización de la consulta debido a que Belice modificó su Ley de Referéndum, disponiendo que las consultas no serían válidas si no contaban con la participación de al menos el 60% de los electores registrados, violando al acuerdo. En mayo de 2015 se acordó que ambos países hicieran sus consultas de forma separada. A solicitud del gobierno de Guatemala, en 2017 el TSE decidió la fecha para la realización de la consulta.

Una población fronteriza en la más abyecta miseria

Actualmente la oligarquía y la burguesía de Guatemala pretenden la recuperación de 12,272 km2 del territorio de Belice, casi la mitad de su extensión, incluyendo varias islas y cayos. Esta es una superficie con un gran potencial turístico y maderero, además de que tiene extensos terrenos susceptibles de ser utilizados para la producción de palma africana y otras explotaciones de agro exportación, el principal negocio de la oligarquía guatemalteca; sin olvidar los yacimientos de petróleo. Además, este territorio es un paraíso del narcotráfico.

Sin embargo, la población campesina que habita en la llamada Zona de Adyacencia, tierra de nadie, vive en el más total abandono, sin energía eléctrica, servicios de salud o agua potable, sin títulos de tierra. Son unas 25 mil personas distribuidas en 42 comunidades, que sobreviven cultivando maíz y frijol, sin posibilidad de vender sus excedentes. Del lado guatemalteco son víctimas de ataques del ejército y grupos armados beliceños; en los últimos 17 años unos diez campesinos han muerto en estas agresiones, la última fue en abril de 2016, en la que falleció un niño de 13 años.   

Un proceso de consulta poco popular en Guatemala y Belice

La papeleta del referendo tiene una sola pregunta a la que se deberá contestar si o no: “¿Está usted de acuerdo con que cualquier reclamo legal de Guatemala en contra de Belice sobre territorios continentales e insulares y cualesquiera áreas marítimas correspondientes a dichos territorios sea sometido a la Corte Internacional de Justicia para su resolución definitiva y ésta determine las fronteras de los respectivos territorios y áreas de las partes?”

El TSE ha contado con un presupuesto de casi Q 300,000 para realizar la consulta, más una donación de la Unión Europea de un poco más de Q 900,000 para divulgación. Sin embargo, el padrón que se utilizará bajó en 33,953 ciudadanos con respecto al padrón de las elecciones de 2015. Esto indica una falta de interés en la misma o desconocimiento sobre el tema y sus implicaciones. El gobierno guatemalteco se ha enfrascado en una campaña de última hora, incluyendo una gira del presidente Morales, para animar a la participación en la consulta.

Mientras tanto, el gobierno beliceño aún no define cuándo realizará su consulta. Belice tiene una población de 375 mil personas y un padrón electoral de 180 mil; según sus funcionarios, para hacer la consulta necesitan renovar el padrón, por lo que posiblemente la podrían llevar a cabo en noviembre o diciembre de este año. Si el resultado de la consulta fuera el sí en ambos países, la Corte de la Haya podría tomarse entre cuatro a diez años para tomar una decisión definitiva, implicando además un gasto millonario para cada país en abogados y trámites.

¡No a la falsa consulta popular!

El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) rechaza tajantemente la actual Consulta Popular, y desconoce su validez, pues es el resultado de un proceso histórico de intervenciones y abusos de gobiernos e instituciones imperialistas, además de ser profundamente antidemocrática. Son las ambiciones de los imperialismos británico y estadounidense, y de las burguesías beliceña y guatemalteca, las que nos han llevado al punto en que estamos.

Belice dejó de ser, hace mucho tiempo, antes de que le fuera otorgada la independencia formal por parte de la corona inglesa en 1981, parte del territorio de Guatemala, por la cobardía e incapacidad de la oligarquía de ese país, pero el territorio de Belice sigue siendo parte indisoluble de la nación centroamericana. Belice debe conquistar la verdadera independencia respecto a Inglaterra, decidiendo democráticamente su propio destino, que es el mismo del resto de pueblos de Centroamérica

Llamamos al pueblo beliceño, compuesto por indígenas mayas y la población afrodescendiente, a luchar junto a los indígenas y pueblo de Guatemala y el resto de pueblos de la nación centroamericana, contra las oligarquías locales y contra los imperialismos británico, estadounidense y europeo, para lograr la verdadera independencia y garantizar su derecho a la autodeterminación, así como el control de los recursos y riquezas naturales.

Existe una campaña chauvinista, que fomenta el nacionalismo estrecho y reaccionario, tanto de la burguesía de Guatemala, como la de Belice, que pretenden enfrentar a ambos pueblos en la lucha fratricida, para defender artificiales fronteras nacionales

La salida no debe ser delimitar fronteras, sino abolirlas, para reconstruir el Estado Federal Centroamericano, única forma de garantizar los derechos del pueblo de Guatemala, Belice y demás pueblos de la región. La unión libre y voluntaria de Estados de la nación centroamericana garantizaría los derechos democráticos de cada pueblo.

Por lo tanto, el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) llama a no asistir a la “consulta popular” del día 15 de abril del año 2018, a repudiar la convocatoria amañada, porque no representa los verdaderos intereses de los pueblos de Guatemala y Belice

Proponemos una vez más como medidas inmediatas: 1) el retiro de los ejércitos beliceño y guatemalteco de la Zona de Adyacencia, 2) la libre circulación por esta zona, de ciudadanos de ambos países, 3) la fraternización de las organizaciones campesinas e indígenas fronterizas de ambos países, y que entre  ellas decidan democráticamente sobre el uso de los bosques, tierras y demás recursos de las Zona de Adyacencia, 4) que el diferendo sea resuelto, no por los organismos internacionales del imperialismo, sino por Asambleas Constituyentes de trabajadores y campesinos, populares y soberanas de ambos países, que tomen decisiones en favor de los oprimidos, excluidos y explotados, en la perspectiva de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente de los pueblos de Centroamérica, que reconstruya el Estado  Federal  bajo  el sistema socialista.

¡No a la consulta popular sobre el conflicto Guatemala-Belice!

¡No a la intervención de organismos imperialistas en asuntos de la nación centroamericana!

 

Centroamérica, 8 de abril del 2018

 

Secretariado Ejecutivo Centroamericano (SECA)

Partido Socialista Centroamericano (PSOCA)