La situación en Nicaragua ha sufrido un giro dramático, con las ultimas movilizaciones juveniles contra el gobierno sandinista. En los últimos 12 años, bajo el prolongado segundo gobierno de Daniel Ortega (2007-2018), de manera gradual y sistemática se ha instaurado un régimen bonapartista que ha mantenido un absoluto control sobre el movimiento de masas, prohibiendo manifestaciones independientes, reprimiendo las marchas campesinas contra el canal interoceánico, acosando a los ONG, prohibiendo y reprimiendo las huelgas de los trabajadores.

Para consolidar su régimen, Daniel Ortega ha privilegiado la relación con los empresarios del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), elevando a rango constitucional la política de “diálogos y consensos”. Los reiterados fraudes electorales han provocado el rechazo de la mayoría de la población, pero el descontento social se había convertido en apatía y sumisión. Pero esta situación de desmovilización social parece haber llegado a su fin.

El primer gran síntoma: la repuesta juvenil al incendio de la Reserva Indio-Maíz

El incendio ocurrido en la reserva forestal Indio-Maíz, en la costa caribe sur de Nicaragua, reflejó la enorme desconfianza de los jóvenes en relación a las declaraciones del gobierno. Rosario Murillo, vicepresidenta y esposa de Daniel Ortega, en sus acostumbradas y aburridísimas letanías diarias, minimizó el incendio y el daño ambiental. El principal motivo de desconfianza de los jóvenes residía en el hecho que el incendio se produjo en las cercanías del territorio donde supuestamente se construirá el canal interoceánico, y era interpretado como la fase preparatoria de las obras del canal.

Un grupo de 300 estudiantes de la Universidad Centroamericana (UCA), --la misma universidad jesuita que mantuvo una estrecha alianza con la dirección del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) durante la revolución (1979-1990)— de manera espontánea, con pancartas improvisadas, intentó marchar el pasado jueves 12 de abril hacia la Asamblea Nacional, a demandar acciones reales de protección al medio ambiente. La marcha fue bloqueada por una marcha paralela montada por la Juventud Sandinista 19 de Julio (JS-19), que se ha convertido en la principal fuerza de choque del gobierno conta cualquier intento de movilización independiente.

Para evitar la confrontación, la marcha de estudiantes de la UCA tomó otro rumbo, y terminó dispersándose. Al final, el incendio de la reserva Indio-Maíz fue controlado por la propia naturaleza, pero la situación ya no era la misma. Se había producido un nuevo intento de movilización independiente de los jóvenes, la conciencia estaba cambiando rápidamente.

Segundo gran síntoma: rechazo juvenil a las reformas al INSS

La última movilización juvenil independiente se produjo en el año 2013 con el movimiento “#OcupaINSS”, que se constituyó como mecanismo de solidaridad con los ancianos que se habían tomado las instalaciones del Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) demandando el otorgamiento de la pensión reducida.

El movimiento “#OcupaINSS” fue salvajemente reprimido, muchos de sus dirigentes encarcelados, sus vehículos fueron confiscados y desaparecidos, provocando una nueva fase desmoralización y desmovilización.

Por esas ironías de la historia, cinco años después, el tema del INSS y las pensiones volverían ser el gran motivo de descontento contra el gobierno de Daniel Ortega. El pasado martes 17 de abril, Roberto López, presidente del INSS, -- sin consultar a las centrales obreras, sindicatos y trabajadores--, dio a conocer las reformas que de manera unilateral implementaría el gobierno sandinista: aumento en 0,50 puntos en la cotización de los trabajadores; aumento en la cotización de los empleadores de 12% a 13,5%; disminución de 37,5% a 30% de la base de calculo para el otorgamiento de nuevas pensiones (en 2013 había sido reducida del 40% al 37,5%); disminución de 15% a 13,5% en las asignaciones familiares; las cotizaciones al seguro facultativo integral aumentarían hasta 22.25% y 14% para el IVM; la creación de una deducción del 5% de los montos de las pensiones de vejez, invalidez e incapacidad, que tendría un efecto retroactivo. La resolución del Consejo Directivo del INSS se convirtió en el decreto ejecutivo No 03-2018, firmado por el presidente Daniel Ortega

Aunque el Estado como principal empleador aumentaría su aportación, estas nuevas reformas al INSS golpean únicamente a los trabajadores y pensionados, debido a que el aumento de la cotización patronal es deducible de la declaración anual del Impuesto sobre la Renta (IR), conforme lo establecido en el articulo 39, numeral 5, de la Ley de Concertación Tributaria, vigente desde diciembre del 2012. Los empresarios del COSEP no han salido perjudicados en las reformas del 2013 y 2018, su descontento se debe a que ellos aspiran a manejar los fondos del INSS, sea por la vía de privatización de las pensiones o por la vía de una mayor incendia en la privatización de los servicios del INSS a través de las empresas medicas previsionales.

La chispa que ha encendido el descontento social

La reactivación del movimiento de estudiantes de la UCA se produjo el viernes 13 de abril, cuando increparon y rodearon al diputado Edwin Castro, jefe de la bancada sandinista en la Asamblea Nacional, y también profesor de derecho constitucional, por el tema del incendio a la reserva Indio-Maíz. El descontento continuaba.

Los estudiantes de la UCA organizaron un acto de solidaridad con los pensionados, para el día miércoles 18 de abril, haciendo un mitin en la entrada de la UCA, en el centro de Managua. La respuesta del gobierno no se hizo esperar. Fuerzas de choque de la JS-19, transportadas en vehículos de los ministerios, atacaron con palos y piedras a los estudiantes de la UCA, obligándolos a replegarse al interior del campus universitario. La JS procedió a incendiar la nueva fachada de la UCA, manteniendo por varios el acoso y la violencia contra los estudiantes.

La mayoría de los estudiantes no cotizan al seguro social. Oponerse a las reformas del INSS refleja el enorme descontento juvenil y las ganas de pelear contra las decisiones inconsultas del gobierno de Daniel Ortega. El ataque violento y el incendio de la fachada de la UCA causó una tremenda conmoción entre todos los sectores sociales. El tema de la seguridad social involucra a más de un millón de afiliados al INSS y a sus familiares. La solidaridad popular rodeo a los estudiantes de la UCA, que han sido el destacamento de vanguardia juvenil en la lucha democrática.

Al día siguiente, jueves 19 de abril, el gobierno hizo una maniobra para calmar el descontento: organizó una marcha de la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua (UNEN), organismo controlado por el sandinismo desde los años 70 del siglo XX, en conmemoración de Roberto González, estudiante asesinado en la lucha a favor del 6% en el año 1999, bajo el gobierno de Arnoldo Alemán.

El objetivo era movilizar a los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN), una universidad estatal, contra los estudiantes de la UCA, una universidad privada. Al final, al no poder movilizar a UNEN, el gobierno tuvo que montar una marcha, bastante reducida, con empleados públicos, en la llamada “plaza de las victorias”, reflejando la enorme erosión social que ha sufrido el gobierno de Daniel Ortega.

Intensa jornada de lucha el jueves 19 de abril

Durante muchos años, los becarios de la UNAN han sido la principal fuerza de choque de la UNEN. La maniobra de organizar una marcha el 19 de abril, no funcionó porque los estudiantes de las universidades públicas, Universidad Nacional Agraria (UNA), Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y la propia UNAN, iniciaron movilizaciones y tomas en solidaridad con la lucha contra las reformas al INSS.

Los estudiantes de la UNA libraron una batalla campal contra los antimotines en la carretera norte, frente a las instalaciones. Los estudiantes de la Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI), cuyos dueños son la Convención Bautista, también iniciaron protestas frente a sus instalaciones.

Las movilizaciones se generalizaron en todo el país. La lucha comenzó en la UCA, una universidad que agrupa a sectores de clase media, pero que también tiene a miles de estudiantes de origen popular que son beneficiados con los fondos del 6%. Y después se generalizó a las universidades publicas y a los sectores populares.

Se produjeron enormes manifestaciones y enfrentamientos con las fuerzas de choque sandinistas (los “motorizados”) en la ciudad de León, baluarte histórico del sandinismo. Las escenas de violencia de los motorizados contra los estudiantes y los pocos pensionados, enardecieron los ánimos. En Masaya, en el barrio indígena de Monimbó, otro antiguo bastión del FSLN, quienes se oponen a las reformas del INSS se enfrentaron a palos, piedras y morterazos contra las fuerzas de choque del sandinismo. Lo mismo ocurrió en la ciudad de Matagalpa, donde se produjo una masiva movilización frente a la Catedral. En Estelí y Jinotega también se produjeron movilizaciones. En Granada, una ciudad tradicionalmente conservadora, se produjo una enorme movilización frente a la Catedral.

Los enfrentamientos ya produjeron tres muertos: el estudiante Darwin Manuel Urbina y el policía Hilton Rafael Manzanares, muertos en las inmediaciones de la UPOLI, y un activista sandinista muerto en Tipitapa, así como varios heridos graves por las cargas de las fuerzas de seguridad del Estado con apoyo de los grupos de choque del sandinismo.

¿Quien dirige las movilizaciones?

El gobierno, a través de su portavoz Rosario Murillo, ha dicho que se trata de acciones vandálicas de pequeños grupos de derecha, que son los que provocan violencia, y que los sandinistas han tenido que defenderse. ¡Mentiras!

El gobierno ha limitado el derecho de manifestación, utilizando las tropas antimotines de la Policía Nacional para disolver las movilizaciones, ha bloqueado la señal de cable de cuatro televisoras independientes (canales 12, 23, 51 y 100% Noticias), restringiendo las libertades democráticas. Solo el canal 12 opera como televisión abierta. Ha utilizado las “turbas” o fuerzas de choque, para atacar las movilizaciones independientes de los jóvenes.

En muchos casos las movilizaciones han sido espontaneas, en otros casos fueron organizadas por los organismos de la sociedad civil, y en el trascurso de las movilizaciones se ha sumado gente de sectores populares. Estamos ante un fenómeno masivo de rebelión juvenil o estudiantil, que refleja el enorme descontento popular acumulado en estos 12 años de gobierno de Daniel Ortega. El detonante ha sido, primero, la negligencia gubernamental por el incendio de la reserva Indio-Maíz, y enseguida ha sido la lucha contra las reformas al INSS. Estos dos temas no tienen relación directa con la situación particular de los estudiantes, pero no se debe perder de vista que los jóvenes son quienes mas resienten los efectos del estancamiento económico, falta de empleos y de oportunidades. Así como ocurrió con la lucha contra el somocismo, los jóvenes vuelven a ser el destacamento de vanguardia en la lucha contra el régimen bonapartista instaurado por Daniel Ortega.

Los partidos de derecha no dirigen nada, aunque tratan de pescar en rio revuelto. Es importante recalcar que los partidos de derecha están sumamente debilitados, desprestigiados, y que no son ellos quienes conducen estas movilizaciones que se han convertido en semi estallido social en todo el país. Estas movilizaciones tienen como destacamento de vanguardia a los jóvenes.

Todo parece indicar que la masividad de la lucha juvenil se debe a que un sector importante de la base sandinista se ha sumado a las movilizaciones, y ha impuesto métodos revolucionarios de lucha. En las marchas contra las reformas al INSS hemos visto quemar banderas del FSLN, pero también hemos visto a personas que marchan protestando, pero enarbolando también las banderas del FSLN. La participación de trabajadores o jubilados ha sido mínima.

La preocupación de los empresarios

Las movilizaciones de protestas no se iniciaron porque el gobierno rompió la política de “diálogos y consensos”, como pretenden hacer creer los empresarios del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), sino, por el simple hecho, que los jóvenes y la población perciben que con las últimas reformas se pretende ocultar los manejos turbios de las finanzas del INSS, que han enriquecido a la burguesía sandinista, además de perjudicar a trabajadores y pensionados.

El COSEP y la totalidad de las cámaras empresariales han hecho llamados a reanudar el dialogo y los consensos. Temen profundamente que con estas movilizaciones se esté gestando una revolución democrática que ponga fin al gobierno de Daniel Ortega, el gobierno que ha garantizado altas tasas de ganancias en los últimos 12 años.

Centralizar la lucha: paro nacional de 24 horas

Una característica de la lucha actual es la dispersión y la espontaneidad, lo que favorece las maniobras del gobierno contra los jóvenes.

Por ello, desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) llamamos a la solidaridad activa de los estudiantes de Centroamérica hacia los jóvenes en Nicaragua. Al mismo tiempo aconsejamos luchar por lo siguiente:

1.-¡Derogación inmediata del Decreto No 03-2018 que contiene las reformas inconsultas al Reglamento de la Ley de Seguridad Social!

2.- Desde las diferentes universidades en lucha, llamamos a los jóvenes a organizarse en comités con el objetivo de establecer un Coordinadora Nacional de Estudiantes en Lucha. Llamamos a las estructuras de UNEN a no ser utilizados como fuerzas de choque contra nuestros hermanos y hermanas en lucha.

3.- ¡Defendamos el derecho democrático a marchar y movilizarnos libremente!

4.- ¡Abajo la represión de las tropas antimotines de la Policía Nacional! Llamamos a los policías a no reprimir ni disparar contra el pueblo en las calles.

5.- Organicemos Brigadas de Autodefensa ante los ataques de “motorizados” y fuerzas de choque de la JS-19 y del partido FSLN.

6.- Llamamos a las centrales obreras y sindicatos a romper con esta directriz del gobierno sandinista, porque solo perjudica a trabajadores y pensionados.

7.- El INSS necesita una urgente reforma, esto es innegable, pero cualquier reforma a la seguridad social debe ser consultada y aprobada por los trabajadores (y no por los burócrata sindicales como Gustavo Porras), y debe contemplar, entre otros aspectos, la absorción y nacionalización de las empresas medicas previsionales privadas para fortalecer las coberturas del INSS, el control de los fondos del INSS por parte de los afiliados, que el gobierno pague la deuda histórica con el INSS, que los patrones aporten mas ya que ellos gozan de exoneraciones fiscales, etc.

8.- Para garantizar la victoria de esta lucha democrática, llamamos a organizar un Paro Nacional de 24 horas, desde los sindicatos, centrales obreras y los comités de lucha estudiantiles.

 

Centroamérica, 20 de abril del 2018.

 

Secretariado Ejecutivo Centroamericano (SECA)

Partido Socialista Centroamericano (PSOCA)