Bajo el pretexto de que la Asamblea Legislativa apruebe un préstamo de $109 millones para el financiamiento de la fase tres del Plan Control Territorial, que es el programa central de combate contra las maras y pandillas, el presidente de Nayib Bukele convocó a una sesión plenaria extraordinaria de la misma para el día domingo 9 de enero en horas de la tarde. Los diputados de ARENA y del FMLN negaron la urgencia de tal convocatoria, y con ello se ha iniciado una nueva confrontación entre la presidencia de la republica y la Asamblea Legislativa.

Bukele pretende imponerse sobre la Asamblea Legislativa

Bukele ha fundamentado la convocatoria a sesión plenaria extraordinaria de la Asamblea Legislativa, con base al artículo 167 de la Constitución, el que establece que: “(…) Corresponde al Consejo de Ministros:... 7º.- Convocar extraordinariamente a la Asamblea Legislativa, cuando los intereses de la República lo demanden; (...)”

La negativa de los diputados a aceptar la convocatoria de Bukele, se debe a que consideran “…que los procesos de préstamos no constituyen una emergencia nacional por lo que no se puede aplicar una convocatoria extraordinaria…” (LPG. 08/02/20),

Bukele juega con la “insurrección popular”

Para forzar un desenlace, el presidente Bukele ha invocado el “derecho a la insurrección”, establecido en el artículo 87 de la Constitución, llamando a la movilización popular contra la resistencia de la Asamblea Legislativa.

La respuesta de Bukele ha sido militarizar el palacio legislativo, retirar a los agentes de la División de Protección a Personalidades Importantes (PPI) de Policía Nacional Civil (PNC) encargados de la seguridad de los Diputados, aunque pocas horas después dicho agentes fueron devueltos a sus posiciones.

Bukele pretende manejar a El Salvador como si fuera su propia empresa, y por ello ha amenazado con la insurrección popular: “si los diputados deciden no asistir y “si alguien rompe el orden constitucional, el pueblo tiene el artículo 87”.

Sin lugar a dudas, Bukele ha interpretado de manera antojadiza el artículo 87 de la Constitución, el que reconoce  el derecho a la insurrección, pero solo bajo ciertas condiciones: “(…) él solo objeto de reestablecer el orden constitucional alterado por la transgresión de las normas relativas a la forma de gobierno o sistema político establecidos, o por graves violaciones a los derechos consagrados en esta Constitución”.

Mientras tanto, el partido Nuevas Ideas no ha se ha quedado atrás y está ofreciendo la logística para canalizar el descontento de la población a su favor, especialmente contra el establishment representado por los partidos del FMLN y ARENA.

Este populismo reaccionario de derecha no es nuevo en la historia de El Salvador. Solo basta recordar que General Martínez, para llegar el poder, en 1932 utilizó un discurso similar a favor de las masas empobrecidas, en contra de los ricos, llamando también a la insurrección en contra de ellos, pero cuando los indígenas lo hicieron por sus propias motivaciones, fueron aplastados de manera inmisericorde.

Los peligros del bonapartismo de Bukele

El Salvador es una sociedad que desde hace varias décadas se hunde en la violencia, la miseria y la barbarie. Eso provoca constante flujo migratorio hacia Estados Unidos, donde vive mas de un tercio de la población. La crisis del Estado y la decadencia económica provocan decenas de miles de marginados, que son la base social de las maras y pandillas. El origen de estos males esta en la incapacidad de la economía capitalista de satisfacer las necesidades básicas de la población.

La violencia y la marginalización social son temas que preocupan a las masas populares. Bukele pretende solucionar el problema de la violencia apoyándose en el aparato militar, lo que inevitablemente conduce a un nuevo genocidio en varias etapas. Por ello concentra todos sus esfuerzos en aplastar a los sectores marginalizados, agrupados alrededor de las maras y pandillas.

Bajo esta orientación, Bukele ha comenzado a atacar a las instituciones surgidas de la Constitución de 1983 y de los Acuerdos de Paz de 1992, las cuales ya son repudiadas por la mayoría de la población. El problema es que el régimen bonapartista que Bukele pretende imponer en los hechos, no es democrático, sino autoritario y crea las condiciones para que los militares retomen directamente el poder.

Debemos encontrar una solución democrática al problema de las maras y pandillas

Hasta el momento, todos los planes contra las maras y pandillas han fracasado porque han pretendido revolver enormes problemas sociales con represión, cárcel y balazos. Los gobiernos anteriores, tanto de ARENA como del FMLN, intentaron solucionar el problema de las maras con corruptas negociaciones con las dirigencias de las maras y pandillas. También fracasaron. Ahora Bukele intenta resolver el problema con más represión militar. También va a fracasar, porque la descomposición hace surgir de manera permanente nuevos miembros de maras y pandillas.

La única solución democrática posible es que se les brinde a los pandilleros la oportunidad de reinsertarse a la vida social, con oportunidades de trabajo y superación personal. Debemos rechazar que la táctica de presión militar de Bukele solo pretenda crear mejores condiciones de negociación secreta con las cupulas de las maras. Cualquier negociación debe ser publica y sometida a la aprobación del pueblo salvadoreño.

El conflicto entre Bukele y la Asamblea Legislativa se produce en momentos en que salen a la luz pública las negociaciones secretas de los gobiernos de ARENA y del FMLN, en la que están involucrados funcionarios del gobierno de  Bukele.

Todos los partidos políticos del régimen han sacado provecho de la violencia social, mientras en este conflicto armado de baja intensidad, al pueblo le ha tocado la peor parte.

Es hora de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente

Desde el Partido Socialista Centroamericano, (PSOCA) alertamos al pueblo salvadoreño que de Nayib Bukele está instaurando en los hechos un régimen bonapartista que puede terminar restableciendo un régimen dictatorial, como las dictaduras militares del siglo XX.

La Constitución de 1983 y los Acuerdos de Paz de 1992 establecieron una frágil democracia burguesa, que no ha podido solucionar los problemas sociales, y por ello está en crisis total.

Es hora que el pueblo decida como solucionar los problemas, sin el autoritarismo y el populismo barato de Bukele.

Llamamos a todas las organizaciones a aprovechar esta coyuntura para cerrar filas en la defensa de las libertades democráticas, movilizarnos y luchar con independencia respecto a Bukele, pero también en relación a los corruptos partidos políticos representados en Asamblea Legislativa. Si hay alguien contra los que debemos luchar es contra los ricos, y exigir mejores prestaciones económicas.

Los planes de seguridad deben ser financiados mediante impuestos cargados al gran empresariado y a las transnacionales.

Debemos avanzar en la democratización para ello debemos exigir la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, libre y soberana, que discuta como solucionar los problemas que carcomen a la sociedad salvadoreña.

Centroamérica, 9 de febrero del 2020

Secretariado Ejecutivo Centroamericano (SECA)

Partido Socialista Centroamericano (PSOCA)