En el último periodo ha existido en Guatemala un agrio debate y un tremendo forcejeo entre los grupos de poder por el control del organismo judicial y la Corte de Constitucionalidad (CC), el gran arbitro que dirime todos los conflictos.

Los mafiosos grupos de poder incrustados en las instituciones del Estado, que favorecen la corrupción y la impunidad, han arremetido de nuevo contra la CC, como si viviéramos un dejá-vu del gobierno de Jimmy Morales, poniendo de nuevo en cuestionamiento la frágil institucionalidad democráticas del Estado.

Una resolución que dejaba por fuera a un sector de los corruptos

Procurando mantener un equilibrio inestable entre los diferentes grupos de poder en pugna, en mayo la CC ordenó al Congreso de la República que en la elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Cortes de Apelaciones no fueran tomados en cuenta los candidatos que tienen procesos penales en su contra, ni los que estén involucrados en el caso “Comisiones Paralelas 2020”, y que los diputados involucrados en este caso no votaran en la elección.

No contentos con haber evadido el espíritu de la resolución de la CC, un entramado de funcionarios con dudosos antecedentes pasó a la ofensiva contra el máximo tribunal del Estado. El abogado José Roberto Guzmán Hernández solicitó el viernes 26 a la CSJ el antejuicio contra cuatro de los cinco magistrados de la CC, por haber ordenado al Congreso de la República excluir de las votaciones a 20 candidatos a magistrados y a 10 diputados implicados en el caso arriba mencionado, con lo cual habrían supuestamente abusado de sus funciones y sobrepasado los límites legales y constitucionales.  

La CSJ presurosa aprobó el antejuicio

Ese mismo día la CSJ convocó a un pleno extraordinario que dio curso a la solicitud de antejuicio y la remitió al Congreso de la República, donde la Comisión Permanente ya tenía lista una comisión pesquisidora para hacerse cargo del caso. La CC se adelantó y dio trámite a tres amparos provisionales que protegen a sus propios magistrados, ordenando al Congreso de la República que entregue el expediente original emitido por la CSJ y suspendiendo el proceso de antejuicio. En adelante se ha desatado una guerra de amparos, que hasta el momento ha llegado al Ministerio Público, instancia a la que recurrieron ambas partes.

El CACIF conspira contra la CC

Las asociaciones empresariales se unieron al ataque contra la CC, por considerar que ya no garantiza la defensa de sus intereses en el contexto de la enorme crisis que vive Guatemala bajo la pandemia. La Cámara de Comercio Guatemalteco Americana, la Gremial de Palmicultores, la Cámara del Agro, la Cámara de Industria, la Asociación de Azucareros y el propio Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), en sendos comunicados acusaron de ilegalidades a los magistrados de la CC.

El verdadero origen del conflicto

Desde su instalación en 1986, la CC ha ejercido como un tribunal independiente de los demás organismos del Estado, incluido el organismo judicial (poder judicial), teniendo como función esencial la defensa del orden constitucional y actuando como Tribunal Extraordinario de Amparo. Está integrada por cinco magistrados titulares y cinco suplentes. La actual CC fue electa en 2016 y su período finaliza en 2021. Durante la actual magistratura, cuatro de sus funcionarios han actuado en contra de la corrupción y la impunidad, protegiendo a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en su momento, y favoreciendo antejuicios contra el ex presidente Jimmy Morales.

La punga entre la CSJ y el Congreso de la República por un lado, y la CC, por el otro, implica un resquebrajamiento del orden establecido por la Constitución de 1985, poniendo en peligro la institucionalidad del Estado.

Hasta el momento el poder ejecutivo en manos de Alejandro Giammattei ha mostrado una aparente neutralidad, declarándose respetuoso de las decisiones de ambos bandos, pero tolerando la embestida contra los magistrados de la CC. Lo que está en juego es la continuidad del control del organismo judicial y de la propia CC por parte de los grupos mafiosos, ligados a la cúpula militar, que viven de la corrupción y en la impunidad; ya tienen mayoría en el Congreso de la República, la CSJ y las Cortes de Apelaciones; y podrían llegar a tenerla en las próximas elecciones a magistrados de la CC, pero no es la primera vez que se enfrentan a los actuales magistrados, desacatando sus disposiciones.

La CC es parte esencial del andamiaje de dominación del Estado Burgués guatemalteco, dentro del régimen de relativa democracia iniciado en 1985; recordemos que la democracia burguesa es el mejor de los métodos de dominación de los capitalistas sobre las clases trabajadoras, porque las adormece con la ilusión de que pueden controlar los destinos del país por medio de elecciones y el ejercicio de libertades.

Ilusiones en la CC

Lamentablemente en la actual coyuntura una gran cantidad de organizaciones populares, desde sindicatos, ongs y partidos de izquierda han manifestado su respaldo acrítico e incondicional a los magistrados de la CC bajo acusación, confundiendo la necesaria lucha contra la corrupción con la defensa en última instancia las instituciones del Estado burgués que nos dominan y nos oprimen, creando ilusiones en la institucionalidad burguesa.

El conflicto en torno a la CC en un impasse

El ministerio Público continúa en absoluto silencio, sin tomar una decisión en torno al grave conflicto institucional que enfrenta a la alianza oficialista del Congreso de la República y a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra la Corte de Constitucionalidad (CC). El Poder Ejecutivo sigue sin pronunciarse, avalando con su silencio la actuación de los diputados del partido de gobierno en el Congres.

La Comisión Permanente del Congreso, que se encarga de los asuntos del legislativo en el actual período de receso, se negó rotundamente a obedecer la orden de la CC de suspender el trámite de antejuicio contra sus magistrados Gloria Porras, Francisco de Mata Vela, Neftalí Aldana y Bonerge Mejía. Al contrario, la Comisión Pesquisidora no entregó a la CC el original del documento de solicitud de antejuicio que recibió de la CSJ y continúa trabajando.

Los diputados corruptos han estado cabildeando para conseguir 107 votos para retirar la inmunidad a los cuatro magistrados, entre los bloques de los partidos Vamos, Frente de Convergencia Nacional, Visión con Valores, Humanistas, Valor, Todos, Unionistas, Prosperidad Ciudadana, Unión del Cambio Nacional, Partido de Avanzada Nacional (PAN), Bienestar Nacional (BN), Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Victoria y Compromiso Renovación y Cambio.

Por otro lado, 50 legisladores de oposición tuvieron la pusilánime ocurrencia de recurrir al organismo del imperialismo Organización de Estados Americanos para que haga valer la Carta Democrática Interamericana, acompañe la crisis política y haga un análisis de la situación por la que atraviesa Guatemala. Este triste papel lo jugaron diputados de los partidos de izquierda Winaq, Urng, Semilla, con algunos parlamentarios de Bienestar Nacional, la Une y el Pan.

Estos mismos diputados, mas la representante del Movimiento para la Liberación de los Pueblos dirigieron el 6 de julio un petitorio a la Comisión Permanente del Congreso, exhortándole a iniciar la elección de magistrados a las cortes, la suspensión de las acciones de la Comisión Pesquisidora y el cumplimiento de la demanda de la CC de entregar el expediente original del antejuicio contra sus magistrados.

 La solución: que el pueblo elija directamente a los magistrados

El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) llama a continuar la lucha contra los mafiosos y corruptos grupos de poder enquistados en las instituciones del Estado, pero alerta que la solución de fondo es que la izquierda y las organizaciones populares e indígenas levantamos las banderas de la democracia directa, es decir, que sea el pueblo de Guatemala, mediante elecciones libres y democráticas, que elija directamente a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, y a todos los magistrados del órgano judicial.

Es la única manera de no caer en la trampa, de apoyar a una u otra fracción de la burguesía, que se disputan el control de estas instituciones. Los magistrados deben ser electos por voto directo de los ciudadanos, tal como lo establecía la Constitución de la República Federal de Centroamérica de 1824, y la primera Constitución del Estado de Guatemala del año 1825.A pesar que en esa época solo votaban los propietarios, son experiencias históricas que deben ser rescatadas, máxime que en nuestra época existe el voto universal para todos los ciudadanos y ciudadanas. Estas tradiciones fueron borradas por el golpe de Estado del caudillo militar Rafael carrera y la disolución del Estado Federal Centroamericano.

Los magistrados de los tribunales de justicia no solo deben ser electos directamente por el pueblo, sino también destituidos o revocado su mandato cuando haya comprobación de actos de corrupción.

No podemos fomentar ilusiones de que la débil democracia burguesa en Guatemala va a llegar a funcionar de forma impoluta, resolviendo los problemas de las y los trabajadores; este régimen, incluyendo la CC como institución, está diseñado para excluir a los trabajadores y el pueblo de las grandes decisiones; y para permitir a los empresarios y políticos con ambiciones de poder controlarlo desde la oscuridad para favorecer sus intereses, quebrantado todas las reglas.

Reiteramos, una vez más, la demanda de una Asamblea Nacional Constituyente, popular y plurinacional que, entre otras cosas, establezca el principio de elección democrática directa de los altos funcionarios, así como el derecho sagrado del pueblo de revocarles el mandato.

Centroamérica, 30 de junio del 2020

Secretariado Ejecutivo Centroamericano (SECA)

Partido Socialista Centroamericano (PSOCA)