El pasado 19 de julio el presidente Alejandro Giammattei declaró el Estado de Sitio por 30 días en varios municipios de los departamentos de Alta Verapaz e Izabal, lo que muestra nuevamente el matiz represivo de la actual administración. Recién asumió la presidencia, en enero del año en curso, Giammattei ha afrontado la pandemia del COVID-19 con mucha negligencia e ineptitud, adoptando varias medidas represivas similares.

En enero decretó varios Estados de Prevención, en los municipios de Mixco, San Juan Sacatepéquez y Villa Nueva en el área central del país, argumentando que esa es una medida eficaz para combatir la delincuencia. En pleno Estado de Calamidad -donde existe la limitación de ciertos derechos también- se aplicó un primer Estado de Sitio en los municipios de Nahualá, Santa Catarina Ixtahuacán y Santa Lucía Utatlán en el departamento de Sololá, debido a un conflicto ancestral de límites entre los dos primeros municipios; al nivel de violencia fratricida ya existente entre comunidades mayas-kaqchiqueles en estos municipios, se le agregó la militarización, lo cual no resolvió nada.

Todas estas medidas se encuentran respaldadas por la Ley de Orden Público, una verdadera pieza de la represión estatal que data de los gobiernos militares, armada en base a la Doctrina de Seguridad Nacional de aquella época y que todavía perdura. Con la denominada “apertura democrática” se mantuvo esta normativa, pese a las voces que reclamaban su reforma, recordando la verdadera naturaleza del Estado guatemalteco, como un instrumento de la oligarquía.

Así, nuevamente se aplica en pocos meses otro Estado de Sitio, esta vez en los municipios de El Estor, Morales y Livingston en Izabal; además de Panzós y Santa Catarina La Tinta, en Alta Verapaz. Según un comunicado del Organismo Ejecutivo el pretexto es nuevamente “que se ha detectado la presencia de grupos del crimen organizado que cometen actividades ilícitas, como narcotráfico, migración ilegal, contrabando y otros hechos”.

Recordemos que el tristemente célebre gobierno Jimmy Morales antes de finalizar su período, impuso otro Estado de Sitio en estos mismos municipios y otros de tales departamentos; aduciendo la misma situación, hasta el grado de mencionar al igual que en este momento, la existencia de sembradíos de planta de coca, sin mostrar fotos o mapas de tales plantaciones. En esta ocasión las autoridades del Ministerio de Gobernación dicen que han erradicado 12,531 matas de coca sin presentar pruebas de la existencia de estas matas.

Además, se habla de erradicar a grupos del crimen organizado, cuando son los grandes finqueros y las empresas extractivas de la zona, las que operan coludidas con el narcotráfico y otros negocios ilegales. Según información de los vecinos, estas empresas cobran 50 mil dólares por aterrizaje de avionetas, en pistas situados en estas fincas

El verdadero objetivo entonces, no es combatir la pandemia ni luchar contra la delincuencia organizada, sino garantizar los intereses de las grandes empresas quienes han usurpado y expulsado a los campesinos de sus tierras, y extraer los recursos naturales sin el consentimiento de los pueblos indígenas y garífuna. No es casualidad, que a solo días de que la Corte de Constitucionalidad amparara a las comunidades Kekchís de estos municipios, exigiendo establecer un proceso de consulta a éstas, sobre el proyecto minero “Fénix” a cargo de la empresa Compañía Guatemalteca de Niquel-Pronico (un fondo suizo-ruso de inversionistas), se haya dado esta medida represiva.

Por su parte, el Frente Campesino e Indígena de Iximulew, menciona que ademas de esta empresa operan otras, como Naturaceites de la familia Meagli-Novella y Unisource Holding de un tal Turman, quienes se han apropiado de tierras de las comunidades campesinas. Las asociaciones de empresarios se apresuraron a respaldar la medida autoritaria del gobierno; en sendos comunicados, la Cámara del Agro, la Gremial de Palmicultores de Guatemala y la Cámara de Industria de Guatemala, clamaron por el restablecimiento de los “derechos constitucionales”, la “gobernanza local”, del “orden público”, el “Estado de Derecho”, y la “seguridad nacional”, para poder continuar tranquilamente con sus negocios.

Desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) llamamos a la mas amplia unidad de acción de la izquierda, organizaciones estudiantiles, indígenas y populares de Guatemala, para luchar unidos por la derogación inmediata de ese Estado de Sitio.

El Congreso de la República aún no ha recibido el decreto para su ratificación. Llamamos a la movilización para exigir a los diputados que rechacen esta medida dictatorial. Algunas organizaciones de la sociedad civil interpusieron recursos de amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) para que suspenda la disposición del gobierno. Sin movilización y lucha es poco probable que los recursos de amparo sean resueltos de manera favorable. Las acciones legales no son suficientes si no hay un respaldo activo de la población. Son los pobladores de esos territorios, con el apoyo del resto de la población, quienes tienen en sus manos el destino de sus comunidades, y su bienestar. Por eso llamamos a los campesinos indígenas de Alta Verapaz e Izabal a tomar acciones concretas para rechazar el decreto abusivo del gobierno; sugerimos que las autoridades indígenas llamen a un paro total de actividades en los municipios afectados, acompañado de bloqueo de carreteras. Solo la movilización de los pueblos de estos territorios, con el respaldo de las organizaciones populares a nivel nacional, logrará frenar las pretensiones despóticas del dictadorzuelo Giammattei.

¡!RECHAZAMOS LAS ACCIONES AUTORITARIAS DEL GOBIERNO EN FAVOR DE LAS EMPRESAS MINERAS Y AGROINDUSTRIALES!!

¡!PARO LOCAL INDEFINIDO!!

Centroamérica, 23 de julio de 2020

Secretariado Ejecutivo Centroamericano (SECA)

Partido Socialista Centroamericano (PSOCA)