El próximo 25 de junio tendrá lugar la primera vuelta electoral del proceso eleccionario 2023 en Guatemala. De acuerdo al Tribunal Supremo Electoral (TSE), están inscritos 9 millones 361 mil 068 ciudadanos para emitir su voto, 1.3 millones más que en las elecciones de 2019. De ellos, el 41.57% son jóvenes de entre 18 y 35 años de edad, y el 54% son mujeres; además 90 mil 708 guatemaltecos que viven en Estados Unidos realizaron el trámite para participar en el sufragio ese día, el 3.24% de los más de 2.8 millones que residen en ese país. 25 partidos políticos han presentado candidaturas para diputados al Congreso de la República, alcaldías, diputados al Parlamento Centroamericano, y 23 binomios compiten por la presidencia de la república (hay dos coaliciones que presentan candidaturas conjuntas).

Un régimen político cada vez más autoritario

Las elecciones de 2023 se dan en un momento crucial en Guatemala. El país atraviesa una coyuntura de grave retroceso de las libertades democráticas que deberían caracterizar el régimen democrático burgués plasmado en la Constitución de la República.

La alianza o conglomerado de clases y grupos sociales que controlan la riqueza y el Estado guatemaltecos está conformado por 8 o 10 grandes grupos corporativos empresariales, militares en situación de retiro que conformaron los altos mandos del ejército durante el conflicto armado interno, estructuras del narcotráfico y el crimen organizado, y una pléyade de operadores de partidos políticos que implementan los intereses de estos grupos en el Estado, y de paso se enriquecen y enriquecen a medianos empresarios que hacen negocios corruptos con el Estado.

Este bloque no es homogéneo, tiene su dinámica y contradicciones internas. Pero entre 2014 y 2019, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), con el apoyo de funcionarios independientes del Ministerio Público (MP), la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), las cortes de justicia y la Corte de Constitucionalidad (CC), investigó y expuso una serie de casos que revelaban la forma de operar de estas estructuras al negociar la elección de funcionarios del sistema de justicia, fraguar contratos lesivos de empresas con el Estado, financiar ilícitamente partidos políticos y otros delitos y actos de corrupción. Numerosos funcionarios y políticos cayeron presos, e incluso prominentes miembros de familias de la oligarquía fueron obligados a declararse culpables de financiamiento electoral ilícito. Lo más relevante fue que las acusaciones de la CICIG contra el gobierno de Otto Pérez Molina en 2015 generaron las protestas más masivas de los últimos años, con decenas de miles de personas en las calles protestando contra la corrupción y contra el sistema político.

Al asumir el gobierno Jimmy Morales en 2016, los grupos de poder que controlan el Estado decidieron contraatacar, logrando primero el control del Ministerio Público al elegir una fiscal general plegada a sus intereses. Un paso crucial fue la expulsión del país del jefe de la CICIG, Iván Velásquez, y la negación a renovar el mandato de esta instancia en septiembre 2019. A esto ha seguido una cacería de jueces independientes, funcionarios del MP y fiscales de la FECI que colaboraron con la CICIG; como resultado, más de 40 funcionarios de justicia se encuentran en el exilio, y otros han sido apresados como resultado de denuncias espurias.

Poco a poco, las instituciones del Estado que contaban con funcionarios independientes fueron cayendo en manos de estos grupos de poder corruptos: la no renovación de los magistrados de las Cortes de Apelaciones y de Justicia (CSJ) en 2020, la elección de nuevos magistrados del Tribunal Supremo Electoral en 2020, la elección de nuevos magistrados de la CC en 2021 (todos afines a los poderes corruptos), la elección de un Procurador de los Derechos Humanos aliado en 2022, elección de un Contralor General de Cuentas aliado en 2022, la elección fraudulenta de rector de la Universidad de San Carlos en 2022.

Al caer todas estas instituciones del Estado bajo el control de los grupos de poder, numerosos casos de juicios por corrupción se han visto detenidos o han sido revertidos, y los acusados han salido en libertad; la prensa independiente ha sufrido ataques frontales, siendo el caso más relevante el de ElPeriódico y su director; en el Congreso se han presentado y aprobado leyes que amenazan el libre funcionamiento de organizaciones de la sociedad civil y ongs; se han implementado acuerdos lesivos a los intereses de las y los trabajadores, como el trabajo a tiempo parcial y salariados diferenciados, además de que se han incrementado las violaciones a los derechos laborales y de libertad sindical.

El fracaso del capitalismo guatemalteco

En el fondo, el giro autoritario y dictatorial en el régimen político a que estamos asistiendo, obedece al fracaso del modelo capitalista que funciona en Guatemala. Este modelo, basado en la agroindustria de exportación, el extractivismo y la producción maquilera, produce grandes ganancias para los grupos familiares corporativos de la oligarquía, propicia el florecimiento del narcotráfico y el crimen organizado, y funciona mediante componendas corruptas con el Estado; pero no genera suficientes empleos formales, y es indiferente a la promoción de servicios del Estado a la población, como educación, vivienda, salud, agua, saneamiento, energía, etc. De modo que, para 2018 se estimaba que el 61.6% de la población vivía en situación de pobreza multidimensional, con un 71.1% de la población económicamente activa con trabajos informales en 2022, y una tasa de migración en continuo crecimiento, de modo que en 2022 los trabajadores migrantes enviaron a sus familias US$ 18 mil millones, aproximadamente el 15% del PIB (una tabla de salvación para numerosas familias pobres).

Este es también el fracaso de los Acuerdos de Paz de 1996, que pretendían la transformación democrática del país, pero que los grupos oligárquicos y el ejército nunca tuvieron la intención de cumplir. A través del endurecimiento del régimen político, los grupos de poder se blindan para sofocar más fácilmente cualquier atisbo de protesta popular, cerrando los espacios democráticos e impidiendo en primer lugar que se den movilizaciones de la magnitud de las de 2015.

Las maniobras para dejar fuera candidaturas incómodas

Para los grupos de poder, estas elecciones son cruciales para afianzar el control sobre las instituciones del Estado, y garantizar una continuidad del bloque de partidos en el Congreso que ha permitido la aprobación de leyes favorables a ellos, y la elección de magistrados y funcionarios aliados.

El pueblo y los trabajadores guatemaltecos tienen confianza en que es posible mejorar su grave situación eligiendo un gobierno que represente y favorezca sus intereses, y tenga una gestión con reformas sociales favorables.

El TSE, la CC y la CSJ, controladas por los poderes corruptos, están haciendo su trabajo al bloquear y prohibir a mansalva a candidatos que pueden resultar una amenaza, o que han afectado sus intereses en el pasado. A la par, aplican criterios caprichosos para permitir candidaturas que tenían prohibiciones constitucionales o judiciales, pero que son vistos con buenos ojos.

Uno de los candidatos que fue rechazado es Juan Francisco Solórzano Foppa, postulado para la alcaldía de la ciudad de Guatemala por la coalición de izquierda Movimiento SEMILLA/WINAQ y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG). Foppa fue jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) durante el gobierno de Jimmy Morales, denunciando y procesando a muchos empresarios por delitos fiscales, ganándose el odio de la oligarquía. En 2021 fue acusado de irregularidades en las actas de creación de una organización política; recibió arresto domiciliario, pero el caso fue reactivado en marzo de este año, causando que el Registro de Ciudadanos lo dejara fuera de la contienda electoral. En abril fue apresado, por una acusación que lo vincula al caso del periodista José Rubén Zamora.

Otro caso notable es el de la denegación de inscripción al binomio presidencial del Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP). Este es el brazo político del Comité de Desarrollo Campesino, organización que tiene un largo historial de lucha contra empresas que controlan la distribución de energía eléctrica y otras demandas de la población rural e indígena. El MLP participó por primera vez en las elecciones de 2019, obteniendo en cuarto lugar en la primera vuelta. Esta vez sus candidatos son Thelma Cabrera para presidente y Jordán Rodas para vice. Rodas fue procurador de los Derechos Humanos y fue un tenaz opositor de los gobiernos de Jimmy Morales y Alejandro Giammattei. El Registro de Ciudadanos rechazó la inscripción de Rodas por no contar debidamente con su finiquito, y, además, el nuevo PDH, afín al gobierno, armó contra él un caso por irregularidades en el cobro de su indemnización. El MLP agotó todas las instancias legales para reclamar la inscripción de Rodas, pero el 2 de mayo la CC, último tribunal, le negó la participación.

Otros candidatos que no lograron ser inscritos son los candidatos a diputados Aldo Dávila (que llegó al Congreso en 2019 por el partido de izquierda WINAQ), el expresidente Alfonso Portillo (condenado en Estados Unidos por lavado de dinero), el excandidato presidencial Manuel Baldizón (condenado en Estados Unidos por lavado de dinero y conspiración, y con otros casos abiertos en Guatemala), el candidato presidencial Roberto Arzú (personaje incómodo procedente de una familia oligárquica, rechazado por hacer campaña anticipada).

Otros candidatos con objeciones fueron aceptados, como Zuri Ríos de la coalición Valor/Unionista, que tiene prohibición constitucional por ser hija del general golpista y genocida Efraín Ríos Montt; también el candidato a vicepresidente de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), quien tiene prohibición constitucional por ser pastor evangélico; otro caso es el de Otto Pérez Leal, hijo del expresidente encarcelado, que se postula a la alcaldía de Mixco, ciudad de la que fue alcalde, y fue acusado de malversación de fondos de la comuna, sin embargo su candidatura fue aceptada.

¿Quiénes lideran las encuestas?

Si bien los sondeos de intención de voto no son siempre confiables, nos dan un indicador de por dónde van las preferencias de los electores. Si tomamos como referencia la encuesta que elaboró la empresa ProDatos para el diario Prensa Libre, los cuatro candidatos que van a la cabeza para el puesto presidencial son: Carlos Pineda, del partido Prosperidad Ciudadana, con el 23.1% de la intención de voto; Sandra Torres de la UNE con el 19.5% de preferencia; Edmond Mulet, del partido Cabal, con el 10.1%; y Zuri Ríos, de la coalición Valor/Unionista, con el 9.2%.

Pineda es un finquero originario del departamento de Zacapa, dueño de plantaciones de banano, palma africana y rambután, empresas de transporte, gasolineras y otros lucrativos negocios. Se presenta como un outsider en política, promoviendo profusamente en redes sociales un discurso populachero, demagógico, confrontativo y polémico; es hijo de un personaje vinculado al gobierno militar de Carlos Arana Osorio a inicios de la década de los 70s. Después de tratar de ser candidato con el partido Cambio, de los hijos de Manuel Baldizón, se incorporó al partido Prosperidad Ciudadana, cuya secretaria general es la diputada Lilian Piedad García, de la UNE de Sandra Torres, que ha hecho parte de la aplanadora oficialista. Pineda está rodeado de políticos que fueron parte del gobierno de Jimmy Morales y de partidos de derecha, muchos con señalamientos de corrupción y de nexos con el narcotráfico, y él mismo estuvo vinculado al narco partido UCN en el pasado. Detrás de Pineda se sitúa un grupo emergente de empresarios y estructuras del crimen organizados que desde hace dos décadas ha venido controlando territorios y alcaldías en el departamento de Zacapa, y ahora aspira a controlar la presidencia.

Convertido en un personaje incómodo cada vez más popular entre la población con menor cultura política, los grupos de poder decidieron meterle zancadilla utilizando al partido Cambio; éste presentó un amparo para anular las asambleas en que fueron proclamados los candidatos de Prosperidad Ciudadana, por irregularidades de forma. El amparo fue aceptado por un tribunal y el Registro de Ciudadanos suspendió las candidaturas. Pineda presentó un amparo ante la CC, la igual que el PC, que está pendiente de resolución; el 23 de mayo la secretaria general del PC retiró el recurso presentado, abandonando prácticamente a Pineda a su suerte, con lo que probablemente quede fuera de la contienda electoral.

Zuri Ríos, Sandra Torres y Edmond Mulet presentan candidaturas de derecha, con muchas similitudes y algunas diferencias. Algunos grupos de opinión consideran que se están creando las condiciones para el triunfo de Ríos, quien representa la extrema derecha respaldada por los militares y la oligarquía, con un programa centrado más en temas de seguridad, contemplando la creación de cárceles de máxima seguridad, la reactivación de la pena de muerte, etc. Sandra Torres se unió a la alianza oficialista en el Congreso, y su plan de gobierno está salpimentado con los programas sociales que creó y dirigió cuando fue primera dama en el gobierno de Álvaro Colom, agregados a propuestas similares a las de Ríos en temas de seguridad. Mulet fue candidato en las elecciones de 2019, obteniendo el tercer lugar en la primera vuelta, y su partido Humanista se unió al oficialismo en el Congreso, provocando una ruptura; creó el partido Cabal para las elecciones 2023, con personajes reciclados de otros partidos, y con propuestas de derecha, algunas reformas en temas sociales, críticas a la corrupción y la propuesta de crear la figura de cadena perpetua. El general, los partidos de derecha hacen énfasis en temas de seguridad, emulando al gobierno de Bukele en El Salvador, y su ataque a las maras.

Las candidaturas de la izquierda

Una vez más, la izquierda electoral va dividida en el proceso 2023. El MLP, que obtuvo un relevante cuarto lugar en la primera vuelta de las elecciones de 2019, presenta candidaturas a alcaldías y diputaciones solamente, pues la inscripción de su dupla presidencial fue suspendida; los compañeros mantienen su programa de 2019, básicamente antioligárquico, no anticapitalista, con énfasis en temas indígenas, de pluriculturalidad, de lo que los grupos indígenas llaman el “buen vivir”, instalación de una Asamblea Constituyente Plurinacional, y creación de pequeñas y medianas empresas. Lamentablemente, el MLP llamó a votar nulo para binomio presidencial, mostrando una gran miopía política, puesto que la población debe dar su voto de castigo a los partidos de derecha, apoyando las otras opciones de izquierda.

La Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) se presenta en coalición con el movimiento indigenista WINAQ, con candidatura conjunta a la presidencia. Esta alianza presenta un programa que parte de la creación de un Estado Plurinacional que resuelva los problemas de pobreza, desigualdad, exclusión y discriminación, dando prioridad a las mujeres, juventud, pueblos indígenas y población en desventaja.

El Movimiento Semilla, con un planteamiento socialdemócrata moderado, plantea la reforma del Estado a favor de los pueblos originarios, por un Estado exento de corrupción, que universalice los servicios públicos, una economía que genere trabajo digno y oportunidades de negocios respetando el medio ambiente, priorizando la atención a los más pobres.

Finalmente, algunas organizaciones sociales, como el Comité Campesino del Altiplano, se unieron al partido VOS, liderado por disidentes de la UNE que hicieron gobierno con Álvaro Colom entre 2008 y 2012, participando como candidatos a diputados.

Las elecciones de 2023 se dan en un momento crucial. Las y los trabajadores, las mujeres, jóvenes, indígenas y campesinos debemos frenar el proyecto dictatorial de los grupos corruptos de poder que pretenden perpetuar su control sobre las riquezas y recurso de nuestro país. Estas elecciones son la oportunidad de manifestar nuestro rechazo a los partidos que los representan, dando nuestro respaldo a los partidos que presentan un programa progresista, que debe ser mejorado, pero que puede movilizar y agrupar a los sectores oprimidos, representando un avance hacia la gestación de una opción democrático-revolucionaria.

Ante la falta de una opción unitaria, el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) llama al voto crítico por el binomio presidencial de URNG-WINAQ, y al voto por alcaldías y diputaciones de los líderes sociales y populares que participan en los partidos de izquierda. Este voto electoral no debe reemplazar jamás las protestas y manifestaciones en las calles y carreteras para enfrentar los planes autoritarios de los empresarios, militares y criminales, en contra del pueblo de Guatemala.

 Centroamérica, 24 de mayo del 2023

 

Secretariado Ejecutivo Centroamericano (SECA)

Partido Socialista Centroamericano (PSOCA)