Por Mario Carranza

El 22 de enero de 1980 el pueblo salvadoreño crea la Coordinadora Revolucionaria de Masas (CRM) como un valioso instrumento de movilización el cual meses después junto a gremios de profesionales y tendencias del Partido Demócrata  dieron origen el 18 de abril de 1980  al Frente Democrático Revolucionario (FDR) el que como un fuerte embrión se fue desarrollando seguidamente daría paso a la creación del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional el 1 de octubre de 1980.

Asesinato de la Dirigencia del Frente Democrático Revolucionario

Como era de esperarse la oligarquía con sus métodos rastreros y a través de sus secuaces, los escuadrones de la muerte, integrados por los elementos más crueles y desalmados provenientes de los cuerpos de seguridad como la guardia Nacional, la Policía de Hacienda, la Policía Nacional quienes armados hasta los dientes violentaron el portón principal del Colegio Externado  San José en el momento en que se encontraban reunida la dirigencia del FDR constituida por  Juan Chacón, del Bloque Popular Revolucionarios (PBR), Manuel  Franco de la Unión Democrática Nacionalista (UDN), Humberto Mendoza del Movimiento de Liberación Popular (MPL), Doroteo Hernández, Sindicalista y Dirigente de la Unión de Pobladores de Tugurios (UP),  Enrique  Barrera del Movimiento Nacional Revolucionario (MNR),  y Enrique Álvarez Córdova , Presidente del FDR y miembro de la oligarquía salvadoreña, hijo de una de las 14 familias más ricas  y dueñas del país, quien contrario a su clase compartió los sentimientos y los intereses de la clase explotada y al colocarse al lado contario, se convierte en enemigo de su misma clase y es tomado como traidor  y en vista de que la oligarquía  no perdona le toco compartir junto a sus camaradas revolucionarios la misma desgracia.

Los dirigentes del FDR, antes mencionados con excepción de Pichinte fueron capturados a tempranas horas del día 27 de noviembre de 1980, luego de su captura fueron sacados de forma más violenta, luego fueron  torturados en completa violación a sus elementales Derechos Humanos y no bastándoles lo anterior fueron asesinados  brutalmente según evidencia encontrada en sus cuerpos, los que habían sido tirados en uno de los accesos que conducen  al histórico lago de Ilopango.

La ley de Amnistía protege a los  asesinos del pueblo

Este infame hecho que en su momento conmociono a la comunidad nacional e internacional, continua en la impunidad y aunque se dan pasos a través del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA) con la finalidad de esclarecer dichos hechos, es poco o nada lo hecho por parte del gobierno de Funes y del FMLN

Los responsables materiales e intelectuales de dichos asesinatos, quienes confiados en su poder y dinero aun se pasean por las calles, protegidos por el nefasto estado de derecho de El Salvador el cual como instrumento de tolerancia a las constantes violaciones a los Derechos Humanos creo la Ley de Amnistía.

El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA), se solidariza  con las familiares de los dirigentes del FDR que fueron asesinados e insta al gobierno de Mauricio Funes y del FMLN a  que se investigue y castigue a los responsables de dichos asesinatos de igual manera insta al FMLN a trabajar por  la derogatoria  de la Ley de Amnistía.

Recordar y firmar

El día 27 de noviembre familiares de los dirigentes asesinados y miembros de organizaciones  sociales, políticas, y organizaciones  estudiantiles de la Universidad de El Salvador  entre las cuales están la Coordinadora Comunista Universitaria, CCU se hicieron presentes  al cementerio de los Ilustres para conmemorar el asesinato de los Dirigentes del FDR, ocasión que fue aprovechada para exigir el esclarecimiento de dichos asesinatos, castigo a los responsables materiales e intelectuales, asi mismo se pidió la derogatoria de la Ley de Amnistía para lo cual se está realizando una campaña de recolección de firmas, campaña  a la cual se les invita a toda la población a sumarse dando su firma ya de derogarse dicha de Ley de Amnistía, existe la posibilidad de investigar y castigar a los responsables de las Violaciones a los Derechos Humanos cometidas por el Estado o bajo su consentimiento.