Por Marcial Rivera

Hace un mes aproximadamente se implementó el Fondo Nacional de Atención a las Víctimas de Accidentes de Tránsito (FONAT). Desde este espacio previmos las consecuencias que la implementación de este impuesto y seguro estatal traería en distintos escenarios. Las primeras consecuencias son ya visibles en el escenario nacional; en materia de turismo, la entrada de turistas de los países vecinos ha comenzado a mermar, sin dejar de mencionar que muchos hostales, hoteles y restaurantes pequeños, en sitios turísticos de interés, se sostienen por el turismo y emplean entre 10 y 15 personas. Por otro lado, algunas gremiales de transportistas amenazaron en su momento con llevar a cabo acciones de hecho, porque esto les afecta directamente.

El principal problema, en el caso del transporte de carga, es que además de pagar seguros de responsabilidad civil con cobertura centroamericana, ahora deberán pagar este nuevo impuesto-seguro; y en un esquema de libre mercado, estas gremiales pueden perfectamente optar por usar el territorio Hondureño como una alternativa, para en ese sentido no tener que entrar a El Salvador y evitar este pago. Sin dejar de mencionar que muchos microempresarios y pequeños productores se verán indirectamente afectados por esta medida.

Además de esto, debe mencionarse que finalmente la medida de implementar este nuevo cobro incrementará los costos de producción y de logística de las gremiales de transporte, y en consecuencia este costo será trasladado a la clase trabajadora, que es quien consume los distintos productos que pasan por territorio Salvadoreño, y al final será un ápice más para el aumento del costo de vida. Esto solo evidencia, sin hacer un análisis económico, tributario, o financiero riguroso, que la estrategia implementada por el gobierno del FMLN, únicamente afectará a la clase trabajadora, de forma directa e indirecta.

Las primeras medidas de hecho ya se dieron. En días recientes un grupo de transportistas Guatemaltecos, protestó en las cercanías de la frontera con El Salvador, debido a este nuevo cobro.

Por otro lado, la necesidad de mayores niveles de recaudación tributaria por parte del gobierno, han hecho -tanto con el FONAT, como con otro tipo de medidas- que la clase media, y la clase trabajadora sean las mayores afectadas y las que al final de cuentas tengan que pagar las consecuencias de la falta de voluntad política por parte del gobierno central de impulsar una reforma tributaria integral, en la que las clases poderosas que detentan el poder fáctico en El Salvador, sean quienes paguen impuestos de acuerdo a su capacidad económica. Sin embargo, las políticas continuistas de los gobiernos de derecha han sido las mismas en el gobierno actual: no tocar los intereses económicos de las clases dominantes, ni con mayores impuestos, ni con otro tipo de medidas que no solo beneficien al Estado con mayores niveles de recaudación tributaria y en consecuencia con la mejora de las condiciones de carteras estatales como Salud, Educación y Seguridad Social; sino además que beneficien a la clase trabajadora, con condiciones justas y equitativas de trabajo.

Puede afirmarse entonces que con esta medida lo que se logra es que, por la misma necesidad de recaudación del Estado Salvadoreño, se afecta la necesaria e imperativa unidad e integración Centroamericana. El paso transfronterizo debiese ser ágil, no solo por motivaciones económicas, fiscales o de otro tipo; el paso transfronterizo debe ser ágil y sin mayores impedimentos, porque fomentar la necesaria integración entre nuestros países.

Desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA), consideramos que este tipo de cobros, desmedidos, poco consensuados y analizados con visiones equivocadas y cortoplacistas, tienen consecuencias negativas. Por eso exhortamos a la población afecta a llevar a cabo las movilizaciones necesarias para frenar este nuevo cobro; las acciones de hecho deben ser implementadas en ánimo de manifestar el descontento generalizado en contra de estas acciones que frenan y obstaculizan la integración centroamericana, pero que además afectan en demasía a la clase trabajadora y merman su capacidad adquisitiva. El financiamiento del Estado debe realizarse mediante una reforma tributaria integral que cargue sobre las clases poderosas la mayor parte de los impuestos ¡Que la crisis la paguen los ricos!