Por Alberto Castro

En el XV encuentro empresarial (ENADE), el presidente Salvador Sánchez Cerén anunció, para el gusto de los empresarios allí presentes, que el gobierno aplicará en los próximos meses dos leyes: una de reinserción y la otra de proscripción de pandillas. Presentándose a sí mismo y tan patéticamente como el representante de la lucha en contra de la violencia que estremece al país dijo: ’’Nuestra visión integral sobre la inseguridad implica medidas de represión y también acciones para la prevención de la violencia y la rehabilitación. Bajo esta visión pondremos a funcionar en los próximos meses dos leyes: una de reinserción y otra de proscripción de pandillas’’. Esto es lo que manifestó el presidente, dejando muy en claro que la represión es parte de sus políticas en cuanto a seguridad se refiere. Las dos leyes implican una serie de acciones que, aunque se presentan como una salida para lograr la paz, no son sino la mecha la bomba que estallará en una serie de sucesos que empeorarán la situación de violencia social.

La represión en nombre del pueblo

Desde hace un tiempo el gobierno viene restando puntos a las maras y pandillas, tomando como herramienta el descrédito ante la opinión pública, para acorralarlas colocándoles malas referencias, atribuyéndoles la culpa de todos los males que tiene el país. Las autoridades ya han preparado el terreno: marchas blancas, decretos, leyes, lucha, mediática, etc. El gobierno tiene ya hecho y trazado el terreno para empezar la represión de manera constante en contra de estas agrupaciones; esto es algo muy peligroso, ya que implica el regreso, en cierta manera, del militarismo a la escena de la vida del país.

El índice de homicidios se mantiene en 14 diarios. Esto, en un territorio tan pequeño y densamente poblado, muestra con claridad que la violencia rebasa los límites de lo soportable y la inseguridad que percibe la inmensa población es mayor, por lo que es ahí donde se concentran las aspiraciones y demandas.

Un balance objetivo durante la última década, muestra con claridad el aumento no solo de los homicidios y la violencia, sino además del presupuesto general; se ve con claridad cómo en el 2004 se destinaron $264 millones, mientras que en el 2014 fueron $ 513 millones. La interrogante es, ¿en qué se ha invertido? No solamente los últimos gobiernos del FMLN, si no los anteriores gobiernos de ARENA, que con las acciones represivas de mediana envergadura no hicieron mayor cosa. No se ha hecho inversión acertada para una verdadera inclusión; la decadente recuperación de la crisis en la región ha traído aparejados los nuevos fenómenos del desempleo, y la desocupación de millones de jóvenes. Esta realidad no es atendida con responsabilidad, ya que lo único que ofrece el FMLN es la represión y leyes que nada van a cambiar.

¿Soluciones reales o parciales?

Una solución que implique la aplicación de medidas represivas no es justicia verdadera, y por lo tanto tampoco es una solución, sino una acción mediocre de tipo reaccionaria, que se niega a dar y conceder las exigencias que desde hace un tiempo han realizado las agrupaciones de maras y pandillas. Su nombre de marca ha servido para cubrir los otros males que vive la gran masa popular de la población; la violencia es la demagogia bajo la que se arropan la burguesía y el gobierno de turno.

Ante las malas medidas que ha tomado el gobierno, como Partido Socialista Centroamericano rechazamos rotundamente todas las medidas que impliquen la represión, y la participación directa de la Fuerza Armada de El Salvador en tareas de seguridad pública. Esto, como ya lo dijimos, pone en riesgo la misma seguridad de la ciudadanía. Tampoco aceptamos las recetas dadas por el ex alcalde de Nueva York Rudolph Giuiliani en el último encuentro del ENADE. No es a través de la relación entre la ANEP y el gobierno que esto va a cambiar; más bien la solución de este gran problema radica en el otorgamiento de las reivindicaciones que tienen las maras y pandillas, para ello el restablecimiento del diálogo-negociación es de mucha importancia.