Por Alberto Castro
El mes de julio sigue registrando niveles altos de violencia; al inicio del año se registraba un promedio de 16 asesinatos diarios, en una comparación con el 2014, cuando en el mismo período se reportaban 11 asesinatos diarios. Sin embargo ha habido meses en que los asesinatos han estado arriba de los 20 al día; por ejemplo el mes de junio finalizó con 22 crímenes diarios, mientras que en mayo el promedio fue de 21 casos. Estos altos niveles de violencia hacen que este territorio tan pequeño y densamente poblado se convierta en uno de los lugares más peligroso del mundo, cuya población vive permanentemente en la inseguridad.
Las políticas de seguridad del actual gobierno, así como de los anteriores, han sido incorrectas en cuanto no buscan en sí darle posibles salidas al problema, por el hecho de que se han enfrascado en la persistente intención de desgastar a las principales organizaciones de resistencia juveniles del país, es decir a las maras y pandillas, principalmente a las más grandes: Mara Salvatrucha y Barrio Dieciocho.
No está de más recordar todos y cada uno de los planes con sus respectivos métodos aplicados, con resultados fallidos en el pasado. Todos han tenido en común la inclusión de la forma de acción represiva hacia estas agrupaciones de jóvenes, que lejos de reducir la violencia la extiende hacia la población civil, y los planes lejos de ser incluyentes son de lo más excluyentes posible. Sin embargo, se ha comprobado que cuando a nivel nacional se implementó la tregua, los asesinatos tuvieron relativamente una enorme baja; se marcó cierta inclusión de estos jóvenes, que por lo general vivían en la marginalidad, y mostraron disposición de integrarse a la vida de los ciudadanos comunes. No obstante es de recordar que cuando se trata de una tregua, esto no es algo permanente, sino eventual, que dura el tiempo en el que las partes involucradas sostienen cierto grado en colaboración.
La demagogia u oportunismo
La tregua al parecer fue más bien aprovechada por políticos demagogos de la burguesía, gangueros y oportunistas que fueron quienes sacaron verdaderos lucros al respecto, mientras que las partes involucradas, que en cierta manera se incorporaron a la vida civil de los ciudadanos, quedaron a merced de los aparatos represivos del Estado. Cuando se dio por finalizada la tregua, al quedar focalizados en determinados territorios, colonias, comunidades, etc., la policía los tomó bajo cierto control, donde constantemente son perseguidos, mostrándoles ante los medios como a unos criminales, dándoles el calificativo de malos; no obstante, ellos son empujados por las acciones represivas a actuar y responder violentamente, ocasión especial que han aprovechado las autoridades policiales para cometer delitos que quedan impunes, al asesinar a miembros de las maras y padillas, y más que esto se han dado reportes de maltrato de la policía hacia la población civil. Aquí cabe la gran interrogante, luego de saber que mientras duró la tregua los más beneficiados fueron terceras personas, en una escala baja la población civil y por último los menos beneficiados fueron los jóvenes de las maras y pandillas, ya que no lograron concretar al menos algunas de sus mayores reivindicaciones.
Por una verdadera tregua
La tregua anterior debió ser tratada y conducida por sus partes integrantes, y las personas externas debieron garantizar y proporcionar los medios necesarios, razón por la que, tomando en cuenta la situación actual en la que el gobierno impulsa como medida de reducción de los índices de violencia los planes represivos, es el momento preciso para que se inicie una nueva fase de la tregua, donde se corrijan los errores antes mencionados. También es el momento justo para incorporar sus demandas como parte de sus reivindicaciones básicas como lo son, la situación que viven en los penales en los que se les violenta y priva de algunos de los derechos esenciales como la media pena, mejoras a la atención de la salud, etc.
Por esto, el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) llama a que, ante la farsa que hace el gobierno a través Consejo de Seguridad Ciudadana y Convivencia Ciudadana, se anteponga una nueva fase de diálogo-negociación entre las maras y pandillas, que goce de todo el respaldo necesario para escuchar sus demandas, por el bien de la clase trabajadora que es la principal afectada en el país.