Por German Aquino

Según los magistrados de la Sala de lo Constitucional, el presupuesto 2017 violenta la Constitución por ”…vulneración a los principios de equilibrio presupuestario y universalidad establecidos en los artículos 226 y 227 de la Constitución, debido fundamentalmente al desfinanciamiento del presupuesto producto de la subestimación de los gastos previsibles e ineludibles, tales como el pago de la deuda previsional del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP) y del Instituto de Previsional de la Fuerza Armada (IPSFA), entre otros rubros”.  Además se señala que a pesar que en el presupuesto  los ingresos totales que equivalían a US$4,957,831,280, eran iguales a los egresos US$4,957,831,280, dicha relaciones de igualdad entre ingresos y egresos era ficticia, ya que no se habían incluido egresos como  el pago de la deuda de pensiones, el cual asciende a $230 millones para  2017.

Por otra parte, respecto a la demanda de declarar inconstitucional el presupuesto por la forma como fue aprobada la deuda flotante, la Sala de lo Constitucional señaló que dicho proceso no violenta la constitución. Lo anterior es una interpretación de los mismos magistrados para suavizar el golpe, pero además ha sido la forma tradicional como han venido supliendo la falta de ingresos; de esta manera todos los gobiernos han  endeudando mas al Estado salvadoreño, deudas que tiene que pagar el pueblo.

Sala busca que los funcionarios y los trabajadores carguen con la austeridad

En un comunicado de prensa de la Sala de lo Constitucional titulado “Sala declara inconstitucionalidades en el presupuesto del año 2017”, se  propone una serie de medidas que limitan el uso de recursos a los funcionarios públicos (partiendo de que se refiere a los funcionarios de alto nivel). Así mismo limita la transferencia de fondos a ONG´s, etc.  Pero disfrazan el hecho de que dicha austeridad también será cargada a los empleados públicos. Así por ejemplo, señala: “…en relación con los gastos totales, el monto de remuneraciones en El Salvador supera la media observada en Centroamérica, lo cual no refleja necesariamente una mejora en la calidad de los servicios y funciones estatales. Lo anterior obstaculiza seriamente la estabilidad de las finanzas públicas e impacta en el equilibrio presupuestario que establece el artículo 226 de la Constitución, por lo que deben adoptarse medidas para corregir esta infracción constitucional…”  Entre esas medidas está el congelamiento de plazas.   

La Sala repite las recomendaciones realizadas por organismos financieros internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), según las cuales el Estado debe congelar las plazas porque representan una carga y más grave aún, cuando culpa a los trabajadores de la mala calidad de los servicios; en realidad el hecho de que no mejore la calidad de los servicios es porque no existen las condiciones materiales para ello, y la insuficiencia de personal operativo, lo que lleva a una sobrecarga laboral sobre todo en salud y educación. Después del golpe la sala busca sobar haciendo la salvedad de que dicha medida de supresión de plazas no comprende áreas estratégicas como educación, salud, justicia y seguridad pública.

Posteriormente la sala llama a realizar una revisión del escalafón refiriendo que   “…Todos los servidores públicos beneficiados con escalafón deben mantenerlo en una proporción relativamente constante, que no genere distorsiones entre un sector laboral y otro, ni presiones fiscales desproporcionadas…”. La sala no aclara a cuánto asciende un incremento desproporcionado a partir de los escalafones; lo anterior se asemeja al argumento del FMLN para eliminar el escalafón. La sala busca mantener pírricos aumentos para los empleados públicos, similares a los realizados por la empresa privada.

Que los grandes empresarios financien el presupuesto

El gobierno de Sánchez Cerén ha tenido que lidiar con un Estado en quiebra, a la vez que con el bloqueo de toda fuente de financiamiento realizado por la derecha, y en vez de hacer que el gran empresariado cargue la crisis, ha recargado dicha crisis sobre la clase trabajadora, llegando en un momento a tomar el dinero de los trabajadores.

Debemos exigir que el financiamiento del presupuesto salga del gran empresariado, quienes deben pagar más impuestos; así mismo  una verdadera política de austeridad que implique la reducción de los salarios de todos los funcionarios de alto nivel.