Por Marcial Rivera

En 1992 La firma de los Acuerdos de Paz de El Salvador pusieron fin a más de doce años de Conflicto Armado Interno, dejando a su paso más de setenta mil muertos, desaparecidos y población desplazada. El informe de la Comisión de la Verdad señala al ejército como el principal responsable de la mayoría de violaciones a los Derechos Humanos, de la ocupación militar del campus de la Universidad de El Salvador por cuatro años; además de la existencia de cuerpos paramilitares, al tiempo que la Guardia Nacional y la Policía de Hacienda también cometían distintos tipos de abusos hacia la población escudándose en la labor asignada de estar a cargo de la seguridad pública, los relatos contados por las generaciones que vivieron el conflicto armado dan fe de lo anterior, sobre todo del estigma que existía hacia la población joven, aquella que habitaba en los barrios y tugurios empobrecidos de la época. Una de las prerrogativas de la firma de la paz fue que tanto la Guardia Nacional como la Policía de Hacienda desaparecieran, dando paso a un nuevo cuerpo del Estado cuya labor consistiría en hacerse cargo de la seguridad pública.

Fracaso de planes y políticas

El tema de la inseguridad ha sido un “dolor de cabeza” para los últimos cuatro gobiernos, ninguno ha hilvanado una solución para terminar con el problema de la violencia de las pandillas. Las políticas impulsadas desde el gobierno del ex presidente Francisco Flores han consistido en represión policial, encarcelamiento masivo de miembros de pandillas, con Flores se lanzó el plan “Mano Dura”, y posteriormente durante el gobierno de Antonio Saca el plan “Súper Mano Dura”, los cuales no funcionaron, e impulsaron el robustecimiento de las pandillas, y de la actividad delincuencial.  Estos planes que en un principio tuvieron una gran cobertura mediática fracasaron, porque propiciaron la represión de la PNC, sin la prevención de violencia, ni tampoco programas de reinserción social para los pandilleros. Resulta plausible recordar que durante el gobierno de Antonio Saca se acuñó su famosa frase “A los malacates se les acabó la fiesta”, con la que pretendía transmitir la firmeza que durante su administración presidencial y con sus políticas en materia de seguridad, la actividad delincuencial terminaría, la historia no le ha dado la razón.

El gobierno de Mauricio Funes tuvo una disminución de asesinatos durante un periodo importante, producto de una tregua sobre la que al día de hoy no se conocen todos los detalles, se hizo a espaldas de la población y el tema se manejó de forma hermética. El segundo gobierno del FMLN ha reanimado la militarización que se suponía depuesta; el plan quinquenal –el documento- contempla políticas de prevención, la realidad muestra que el énfasis sigue siendo la represión policial. Un estudio llevado a cabo por el Servicio Social Pasionista (SSPAS), en 2016, 1864 jóvenes entre 18 y 29 años fueron asesinados, el aumento de batallones de combate al crimen organizado ha sido paralelo al aumento de juvenicidios que constituyen el 52.3% de los homicidios en el país, además del tema etario, debe considerarse las condiciones de vida de la población asesinada, ya que existe un componente de clase social, debido a que estos jóvenes provienen de las áreas urbanas populares. Las medidas extraordinarias impulsadas por el gobierno actual son un reciclaje de los planes gubernamentales anteriores, y lejos de resolver el problema de la inseguridad, lo empeoran más. En este orden de ideas es necesario que las medidas para combatir la inseguridad dejen de tener la represión como base, y la criminalización de la juventud por su estrato socioeconómico. La PNC refleja la máscara democrática establecida con los Acuerdos de Paz.

Detengamos la militarización.

El 19 de septiembre, San Salvador amaneció militarizado. Una serie de vehículos militares y efectivos militares fueron desplazados en distintos puntos estratégicos de San Salvador, luego del anuncio del presidente Salvador Sánchez Cerén sobre las nuevas medidas de seguridad, resultó en un despliegue militar que recuerda al pasado Conflicto Armado Interno. El Presidente de la República destapo la farsa de los Acuerdos de Paz; el mismo ha pasado a ser percusor de una política de Estado que se suponía evacuada. Los trabajadores, estudiantes y campesinos debemos oponernos al abuso descaradamente abierto e impune que existe sobre la población joven y pobre.  La militarización de la seguridad pública no es la solución al problema de la violencia, para atender el problema de la inseguridad en El Salvador debe combatirse el capitalismo, al mismo tiempo demandar que se garanticen espacios de esparcimiento, de formación académica y empleo digno para la juventud.