Por: Josué Villanueva

El solo mencionar a los Derechos Humanos en El Salvador, deja en cuestionamiento acerca de que sí, eso existe en realidad, debido a los niveles de violaciones humanas que suceden a diario, específicamente el flagelo de la violencia y delincuencia que, en concordancia con la represión de los cuerpos de seguridad estatal, se vuelven situaciones impropias de un país que se supondría haber dejado hace 25 años por sentada las bases para una democracia.

La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), es una institución que nació con los acuerdos de paz en 1992, con el objetivo de ’’velar por la protección, promoción y educación de los derechos humanos’’, pasó a formar parte del Ministerio Publico, es decir a estar unida al poder punitivo del Estado, por ende su lugar razón de ser es la preservación del orden que persigue la Fiscalía General de la Republica, y de la promoción jurídico-política de la Procuraduría General de la Republica, en tal sentido hoy en día no es extraño el silencio y pasividad mostrado por esta institución ante las ejecuciones extrajudiciales de la PNC y FAES y de la reaparición de los grupos de exterminio al interior de las instituciones de seguridad pública y defensa nacional.

IDHUCA denuncio ante la CIDH

El martes 5 de septiembre el servicio Social Pasionista y el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (IDHUCA), denunciaron ante la comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el auge de casos de ejecuciones extrajudiciales cometidos en El Salvador. 

De los falsos enfrentamientos y las cifras al caso San Blas

Según la PNC, el año pasado hubo 407 enfrentamientos entre dicha institución y unas pocas veces soldados con miembros de estructuras pandilleriles, de los que se derivaron en número de muertes: 591 pandilleros, 8 policías y 2 soldados.  De entre 2015 a la fecha más de 1000 asesinatos han sido cometidos por agentes policiales, en cuestionables enfrentamientos, muchas de las víctimas han sido menores de edad, y tampoco todos han sido pandilleros, ni tampoco ha habido una condena por estas 1000 muertes perpetradas por la PNC.

Esto ha ocurrido en las zonas rurales y aéreas concéntricas suburbanas donde viven las familias de los estratos populares, los trabajadores de esos lugares están atrapados mediante una especie de estado de sitio, a la merced de la violencia legal y criminal. La PDDH no ha investigado las muertes en manos de la PNC, como debería, ni tampoco la FGR, porque estamos ante un Ministerio Público en su relación efectiva, usando del poder punitivo que  el estado le enviste cuando se trata de coaccionar una acción represiva en una política de orden público.

De esta forma fue perpetrada la masacre de San Blas en donde fue asesinado un trabajador en manos del Grupo de Reacción Policial de la PNC, respecto a ello se lleva un juicio contra 5 agentes del GRP que masacraron a 8 personas, de entre ellas dos menores de edad incluida una joven de 16 años, y el joven trabajador Dennis Martínez, esto ocurrió el 26 de marzo de 2015.

Esperar o tomar acción

Preocupa que las Fuerzas Especializadas de Reacción de El Salvador, FES, estén vinculadas a los continuos casos de posibles ejecuciones extrajudiciales, porque está incurriendo en un acto criminal, esto ya dejo de ser algo efímero y se ha convertido en una práctica habitual, si bien la actividad de las maras y pandillas consiste en la criminalidad y delincuencia, no por ello debe justificarse el uso desproporcional y represiva de los aparatos de Estado, porque esto hace reaparecer los modos en los que operaban los cuerpos de seguridad anteriormente, como lo eran la Policía Nacional, la Guardia Nacional y la Policía de Hacienda, porque de la misma manera esta fuerza desmedida podría volcarse en contra de los sindicalistas, movimientos estudiantes, líderes comunales, etc., en determinadas situaciones.

Por tanto los trabajadores debemos desempeñar la seguridad en nuestros propios lugares de residencia, pero no de la mano de la PNC, porque eso nos llevaría a ser una defensa civil, es decir, en un grupo paramilitar, lo cual no aportaría ninguna solución, más bien crear nuestros comités de seguridad para defendernos de cualquier fuerza que arremeta en contra nuestra.