Por Marcial Rivera

Uno de los grandes paradigmas en materia de administración pública que deben desmitificarse es aquel que plantea que en el régimen semipresidencialista, el presidente toma la mayor parte de las decisiones, y la población no debe o no debería involucrarse en la conformación del gabinete de gobierno, en tal sentido esto debe considerarse para analizar el caso de El Salvador en el que no hay un involucramiento significativo por parte de la ciudadanía en la escogencia los funcionarios que conforman el gabinete de gobierno, sobre todo en temas muy específicos; práctica que se ha dado tanto en los gobiernos de derecha como en aquellos que se han asumido como de “izquierda”.

Los resultados del proceso electoral del 04 de marzo del corriente año, deberían propiciar un proceso de reflexión, tanto en el gobierno como en el partido oficialista, el cual debería girar en torno al rumbo que está tomando el país, sobre el que el presidente Sánchez Cerén debió dar un giro de timón en el sentido de escuchar el sentir de la población, claramente descontenta con los resultados de la gestión actual, muy mal calificado en las distintas encuestas de opinión pública de las distintas casas encuestadoras; y por tanto propiciar el relevo de la totalidad de funcionarios públicos desde una mística de meritocracia en todas las instituciones públicas, pensando en la formación académica y experiencia laboral de distintos ciudadanos que tienen expertiz en temas específicos.

En lugar de esto, lo que ha sucedido es un notorio y evidente reciclaje de ciertos funcionarios que ya tienen cierto desgaste político, que además han dado resultados insatisfactorios para la población, lo que era algo completamente normal en los gobiernos de derechas, en los que aquellos candidatos a determinados puestos en la función pública que no eran electos, eran enviados al servicio exterior, práctica que se ha repetido durante los gobiernos que se asumen como de “izquierda”. Por un lado, el esquema de gobierno sigue manteniendo a personajes oscuros en la administración pública, como Jorge Meléndez, quien ha sido acusado de dirigir el grupo de guerrilleros del ERP que terminó con la vida del poeta salvadoreño Roque Dalton; y que en la actualidad se encuentra al frente de la Dirección de Protección Civil del gobierno de la República, sin que haya algún pronunciamiento por parte del gobierno central, sobre el asesinato del mencionado poeta, a pesar de existir un proceso judicial abierto en contra del mencionado funcionario, quien además fundó un partido político y lanzó candidatos a diputaciones.

Por otro lado, a nivel del triángulo norte de Centroamérica tanto Honduras, Guatemala y El Salvador se encuentran entre los diez más corruptos de América Latina, en parte por los esquemas de servilismo que existen en los gabinetes de gobierno y la presidencia de la República, sobre todo en la asignación de obra pública, en los que tampoco se han dado cambios significativos en la realización de la obra pública. La falta de participación de la clase obrera y el campesinado en el gabinete de gobierno desligitima y propicia la falta de contraloría por parte de la población hacia el mismo, de manera que no es extraño que se den este tipo de contubernios en el Estado, en los que, allegados a los titulares de determinadas carteras del Estado, participen en la ejecución de obra pública y se lucren a partir de la misma.

Lo que es evidente es que el presidente de la República en El Salvador, no entendió el mensaje, o el mensaje es que no hay mensaje, y que el descontento manifestado por la población durante el recién pasado proceso electoral, sencillamente no tuvo cabida en la toma de decisiones del presidente, de ahí que la cantidad de votos nulos fuese significativa en estas elecciones. Es necesario que desde el movimiento obrero se formen comités los que se sugieran nombres de personas y se recomienden al presidente para ocupar puestos claves en la administración pública, lo cual no es posible en la actualidad por dos razones: no tenemos un gobierno de izquierda y además este gobierno tiene nula capacidad de escucha. De manera que toca organizarse y luchar para exigir una mejora sustancial en la calidad de los funcionarios públicos.