Por: Ricardo Molina.

Nadie en El Salvador niega que la solución al problema de la inseguridad sea su mayor aspiración, dado a que el conflicto social alcanza niveles que rebasan los límites de lo tolerable, esto pese a la aplicación de las Medidas Extraordinarias que entraron en vigor en abril de 2016 (formalmente sin embargo tácitamente ya se venían empleando),  teniendo efecto sobre siete centros penitenciarios con prisioneros exclusivamente pertenecientes a las maras y pandillas lo que supondría cortaría la comunicación de los internos con sus estructuras en el exterior, estando suspendidas las visitas de los reos, los traslados a audiencias judiciales y encierro total y permanente de los reos dentro de sus celdas.

En febrero de 2017 los miembros de la Comisión de Seguridad acordaron prorrogar un año más las medidas hasta el 31 de marzo del 2018 - cuya fecha se amplió hasta abril de este año bajo acuerdo de la comisión. El pasado 6 de abril Con 58 votos a favor, tres abstenciones y uno en contra, la Asamblea Legislativa aprobó el decreto que permite la prórroga de seis meses a las Medidas Extraordinarias de seguridad que afectan particularmente a las cárceles destinadas exclusivamente a pandilleros. Es de recabar que dentro de las discusiones en este casi saliente pleno legislativo se discutió la posibilidad de darle un carácter permanente a las Medidas Extraordinarias, sin embargo, al final será responsabilidad de los diputados que asumirán el 1 de mayo próximo definir el futuro de las Medidas Extraordinarias.

La situación de violencia y las homologaciones entre FMLN y ARENA 

En lo que va del 2018, en El Salvador se han registrado 1,100 homicidios a escala nacional. De esa cifra, entre el 1 y el 15 de abril, se registraron  167 asesinatos, entre los últimos registros aparecen como victimas personas ligadas al periodismo, lo cual contrae las autoproclamaciones oficialistas sobre los avances en el combate contra las maras y pandillas, porque el índice de homicidios mide con reprobaciones a la ineficaz política del segundo Gobierno del FMLN, que no atendió a la problemática social derivada en detrimento de la superestructura, sino que respondió de manera represiva al igual que los anteriores de la posguerra, llevando el rumbo de esta situación a tomar carácter de una guerra civil de baja intensidad, empeorándolo todo.

En enero de 2015, cuando el presidente Salvador Sánchez Cerén anunció una política de lucha frontal contra las pandillas, dijo que su gobierno no regresaría el esquema de negociaciones y entendimientos que tuvo con ellas el gobierno de Funes; en esto se debe subrayar que las políticas represivas de este segundo Gobierno del FMLN se han dado gracias al acompañamiento de ARENA, sin ello no habrían sido realizables, no ha hecho oposición a las mismas pese a ciertos acercamientos que públicamente se ha conocido con miembros de las maras.

El significado de las Medidas Extraordinarias.

Se debe entender algo preciso; las Medidas Extraordinarias no son el corolario de las políticas de seguridad, son la táctica operativa, que consta en cortarles la comunicación a los líderes de las maras y pandillas que están en los recintos carcelarios con los pandilleros que están fuera, en las calles rigiendo las estructuras de aquellas organizaciones, para impedir que desde las cárceles se continúen dando órdenes, creyendo que con eso se quedaran sin capacidad los pandilleros y colaboradores, volviéndose posible masacrarles y/o capturarles en masa, algo que no ha sido posible porque el arraigo territorial de estas organizaciones supera los impedimentos direccionales de jerarquía.

Las Medidas Extraordinarias y los DDHH.

Al cabo de dos años, las medidas surgieron como algo temporal pero ahora se proyectan a volverse permanente, esto dependerá del próximo pleno legislativo que estará bajo control de la derecha con supremacía de ARENA, entre tanto es importante reconocer que las Medidas Extraordinarias cortan las garantías temporalmente los derechos de los privados de libertad,  pero al volverse permanente estarían constituyendo un retroceso en materia del Derecho Penitenciario y con los tratados internacionales suscritos por El Salvador donde existen normas mínimas en el tema de las condiciones de detención y en el trato que el Estado debe tener para con las personas detenidas, aunque se trate de asesinos, por lo tanto la próxima legislación tiene que suspender las Medidas Extraordinarias por un plan de rehabilitación materializado.