Por: Alberto Castro.

En los treinta años del bipartidismo (FMLN-ARENA), la criminalidad y políticas de seguridad publica configuraron la dinámica de tratamiento al auge de la violencia y delincuencia, representada por las maras y pandillas, quienes en sus inicios fueron un fenómeno juvenil de composición social, transformándose con el paso del tiempo en las peligrosas organizaciones criminales que son en la actualidad, capaces de estremecer al Estado y sociedad.

El Gobierno de Bukele-GANA, reciclaje del bipartidismo, no parece traer la solución real y efectiva que el pueblo salvadoreño espera con ansias, pues el Plan de Control Territorial se basa en la repetición de fracasados esquemas, con la variante de acompañarse de populismo punitivo y  remoción vertiginosa al proceso de remilitarización del país.

Violencia, delincuencia e institucionalidad.

Han transcurrido 27 años de los Acuerdos de Paz, que significó el fin a la guerra civil, mas no del conflicto social que le precedió. La guerra fue la mayor dimensión del conflicto, que continua hasta nuestros días bajo otras formas. La posguerra advino dentro del proyecto de Constitucionalidad cristalizadora de la institucionalidad democrática: democracia representativa. Los cuerpos represivos de las dictaduras militares fueron abolidos, se creó la Policía Nacional Civil (PNC) encargada de la seguridad pública, pero los problemas no solo continuaron, sino que se agudizaron.

Aunque se produjo el fin del absolutismo de la dictadura militar, la oligarquía confió a los partidos políticos del nuevo régimen la iniciativa del poder represivo, que antes fuera de los militares.

El Conflicto continuó en el tejido social. Las pandillas provenientes de EEUU hicieron su nido, se desarrollaron y fortalecieron. Desde el inicio representaron un peligro para el Estado, pero conforme se constituyeron en un poder dual en los barrios y colonias, se volvieron un auténtico mal.

ARENA inició el proceso de remilitarización, de manera tenue, a través de manos duras y súper duras, los militares regresaron a las tareas de seguridad pública, mientras en la oposición el FMLN criticaba la tentativa de militarización, pero cuando llegó al Gobierno, el FMLN abandono los intentos de negociación y fortaleció dicho proceso. Fue cuando reaparecieron fortalecidos los grupos de exterminio y las ejecuciones extrajudiciales se volvieron parte de las políticas de seguridad pública.

El problema de la violencia empeoró bajo la administración de Sánchez Cerén. En este contexto emerge Bukele, quien llega acoplándose a esta forma de hacer política de seguridad, con viejas ideas, aprovechando su alto grado de legitimidad, haciendo uso de acciones que están por encima de sus límites constitucionales. En el tema de los capturados, Bukele ha asaltado la división de poderes, ejerciendo las funciones que le competen al Órgano Judicial: ’’enviar a los capturados...al Penal de Máxima Seguridad y colocarlos en aislamiento total, hasta que sean llevados a juicio’’.  Como se observa, actúa en total arbitrio inobservando la seguridad jurídica de las personas detenidas, propio del bonapartismo.

Ningún apoyo al bonapartismo de Bukele.

Desgastado el bipartidismo, la burguesía ha logrado embaucar al proletariado y pueblo salvadoreño mediante la figura de Bukele, mostrándolo como  el Mesías que salvará al país del desastre. El que traerá progreso y solucionará el problema de inseguridad, y en aras de ello, consiente  el arbitrio del poder ejecutivo, ya que este garantiza el resguardo y viabilidad del modelo neoliberal, al mismo tiempo que impone con legitimación el camino hacia la dictadura policíaca-militar.

Las políticas de seguridad son una muestra de la naturaleza del régimen de Bukele, que tiene elementos de bonapartismo, por tanto los trabajadores y pueblo salvadoreños sin percibirlo estamos a priori enfrentados a esa dictadura, no debemos apoyar las medidas de seguridad del Gobierno, demandemos soluciones estructurales que den por finalizado el flagelo, no se está atacando las causas que generan el fenómeno.