Por: Marcial Rivera

La firma de los Acuerdos de Paz supuso avances significativos en materia de participación política, aun cuando queda pendiente el pleno ejercicio de la democracia. Una de las causas que motivaron el Conflicto Armado Interno fueron las violaciones a los Derechos Humanos por parte de los cuerpos de seguridad como la Policía de Hacienda y la Guardia Nacional; esto se convirtió en una de las condiciones para la firma de la paz, lo que, supuso reformar la Constitución de la República, para formar un nuevo cuerpo de seguridad e incluir sus funciones y marco institucional en el texto de los Acuerdos de Paz, la Policía Nacional Civil, con una mística institucional de respeto a los Derechos Humanos en la ejecución de sus funciones de brindar seguridad a la población, actuando en apego al Estado de Derecho; de ahí que quedaron establecidas y diferenciadas las funciones de la Fuerza Armada, como encargada de resguardar la soberanía nacional y la PNC a cargo de la seguridad pública. 

Mientras se firmaban los Acuerdos de Paz y se transitaba hacia la democracia, el país se enfrentaba a una crisis económica producto de la guerra, la falta de condiciones para invertir, la pobreza y el amasamiento de fortunas por parte de una oligarquía corrupta, cuyos intereses fueron tradicionalmente protegidos por parte de los dictadores de turno y el ejército, bajo la pasiva mirada de la embajada estadounidense. Esto propició una migración masiva de salvadoreños hacia el extranjero y Estados Unidos en particular, buscando opciones de vida, algunos de estos migrantes fueron retornados, aunado a la marginalización de ciertas comunidades; surgiendo grupos de crimen organizado que encontraron en actividades ilegales una forma de agenciarse de ingresos, conformándose como “maras”. Esto es una consecuencia directa de una transición democrática y hacia la paz que resultó fallida.

Políticas de seguridad en El Salvador: Plan Mano Dura y Súper Mano Dura (2003-2008)

En los noventas no hubo políticas de seguridad como tal, sino acciones concretas por parte de la PNC, al tiempo que existen sectores de la sociedad interesados en que la misma no funcione y su labor fracase, lo cual está ampliamente documentado. El Salvador es un país con una cantidad significativa de homicidios, un estudio de la Fundación Heinrich Böllseñala más de 90,000 muertes desde la firma de la paz, y un índice muertes de 70 personas por cada 100,000 habitantes.

El Plan Mano Dura no tenía un antecedente durante el gobierno de Flores, surge a partir de la identificación de las pandillas como un problema de primer orden. Fue creado como estrategia electoral en 2003, para entonces había una sobredimensión del problema de la inseguridad con la idea de mejorar la imagen pública del mismo, de cara a las elecciones presidenciales; estos son los antecedentes de lo que en la actualidad se conoce como "populismo punitivo", pues se exhibían en los medios de comunicación capturas de personas en razón de portar tatuajes, forma de vestir, de llevar el cabello o reunirse en grupo, operativos llevados a cabo por los "Grupos de Tareas Antipandillas", lo que saturó el sistema judicial, pero al mismo tiempo se liberaron a la mayoría de personas capturadas, quienes no pertenecían a grupos de crimen organizado, produciéndose detenciones arbitrarias y violatorias de Derechos Humanos, esto contribuyó a construir un imaginario de las pandillas como enemigas de la sociedad y no como un problema social, replicándose en la narrativa de los medios de comunicación, se aprobó la Ley Antimaras que luego fue declarada inconstitucional, además de una serie de reformas legales en distintos temas.

En la administración del presidente Saca, se convirtió en política pública por medio del “Plan de Gobierno País Seguro” que tenía tres componentes: represivo, preventivo y rehabilitación social; sin embargo, la parte de prevención y rehabilitación social quedó relegada en razón de darle prioridad al componente represivo por ser comunicacional y electoralmente más potable. En ambos periodos presidenciales, la violencia y el número de asesinatos aumentó significativamente. En el periodo de Saca el delito de extorsiones comenzó su apogeo y sigue al alza, se produjo un aumento de población carcelaria, y la segregación de pandillas y control de las mismas en los centros penales.

La tregua y remilitarización de la seguridad (2009-2014)

Durante el gobierno del presidente Funes hubo una nueva reconfiguración de las pandillas, a partir de la tregua entre estas y el Estado en 2012 y según una investigación hecha por El Faro, que consistió en la disminución significativa de homicidios a cambio de beneficios carcelarios. Además de la remilitarización de la seguridad pública, decisiones que en materia de seguridad se tomaron por incidencia del entonces Ministro de la Defensa David Munguía Payés, de hecho, el número de efectivos militares aumentó en lugar de disminuir, lo que contraviene lo establecido en los Acuerdos de Paz, además del nombramiento de generales del ejército en activo, en puestos claves de seguridad. Casi al final del mandato de Funes hubo un aumento en las acciones represivas contra las pandillas, y estas accionaron contra miembros de la PNC y la Fuerza Armada.

Medidas extraordinarias de seguridad y guerra contra las maras (2014-2019)

En el periodo presidencial de Salvador Sánchez Cerén se creó una Política de Justicia, Seguridad y Convivencia como marco regulatorio del tema de seguridad, se conforma el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia, de la que surge el Plan El Salvador Seguro, y se hace una propuesta de reformas legales. A lo anterior debe agregarse la implementación de las medidas extraordinarias que fueron ampliamente criticadas por distintos sectores de la sociedad por violar Derechos Humanos. Contrario a profesionalizar a la PNC, durante este quinquenio hubo una serie de problemas internos en la PNC que tuvieron como principal hecho la desaparición de la agente Carla Ayala, y si bien se impulsó un programa de reinserción exitoso como Yo Cambio, el mismo fue protagonizado por población carcelaria no pandilleril, despojando con estas y otras acciones a las pandillas de su condición humana, reafirmando cómo el discurso ha permeado en los tomadores de decisión.

Plan Control Territorial (Actualmente)

Si bien la Constitución le otorga facultades especiales al Presidente de la República para usar al ejército en situaciones de emergencia, esto debe considerarse como una excepción y no como una regla. Actualmente se ha planteado el Plan Control Territorial como el andamiaje del tema de seguridad en El Salvador. Desde la perspectiva de la gestión pública, un “plan” es el desarrollo de una “política”, de manera que este plan debería desarrollar una política pública previamente elaborada, la cual no existe. En campaña, el candidato Bukele manifestó que la política de seguridad se parecería más al Plan El Salvador Seguro que, a las medidas extraordinarias de seguridad. Lo visto hasta ahora es un refrito de los planes mano dura y súper mano dura, sobre todo en el componente represivo, se creó una Unidad de Reconstrucción del Tejido Social, en el ejecutivo, instancia que promoverá en el plano comunitario, oportunidades para la juventud, como sector más afectado por la violencia e inseguridad.

A lo anterior, debe agregarse que resulta preocupante la falta de claridad respecto de las cifras de homicidios, además del problema de las desapariciones en El Salvador, cuya cifra sigue en aumento, problema producto del que ya existen algunas iniciativas al respecto. Dicho sea de paso, la presencia del ejército y la PNC se realiza en comunidades marginalizadas y no en colonias y residenciales de abolengo.

¿Qué debe hacerse en la actualidad?

La violencia como estructura y la actividad delincuencial determina la agenda pública y transversaliza la actividad del Estado. De ahí que se debe retomar lo recomendado por las entidades de sociedad civil que trabajan en temas de seguridad, atendiendo víctimas de violencia y criminalidad, en el sentido de formular una política de seguridad que tenga al centro el ser humano, es decir una política de seguridad basada en el irrestricto respeto de los Derechos Humanos, una que priorice la transformación de la sociedad y no que tenga como fin el populismo punitivo o la exposición de miembros de pandillas en los medios de comunicación y mejore las condiciones de vida de la población, además de tomar acciones para detener los abusos por parte de los cuerpos de seguridad. El fenómeno de las pandillas debe ser visto y abordado como un problema social, además de un problema de seguridad pública. Criminalizar la pobreza, militarizando las colonias y barrios populares no es la solución al problema de la violencia.