Por: Salvador Belloso

La inseguridad ha sido uno de los problemas que no a dado tregua al pueblo salvadoreño, pese a que la publicidad del Gobierno de Nayib Bukele al respecto muestra enormes avances, los niveles de violencia e inseguridad siguen siendo pare de la cotidianeidad del país, hace poco se creía que esos problemas eran ocasionados directamente por la actividad delincuencial de las maras y pandillas que operan en todo el país,  por lo que se daba el beneplácito a cualquier medida represiva que combatiera frontalmente ese flagelo, pero ahora se sabe que los problemas de violencia e inseguridad  no son solamente provocados por las maras y pandillas, existen diferentes causas como el crimen organizado, entre otros, que de la militarización del país, pese a eso hoy por hoy El Salvador sigue estando igual de inseguro que antes.

Lo mismo: represión sí, prevención no

En campaña electoral Bukele en un conservatorio desarrollado en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) en el 2018, a dijo que su Gobierno se apegaría al trinomio: prevención, rehabilitación y represión para hacer frente a la criminalidad, cunado echó andar el Plan Control Territorial, la política de seguridad del ejecutivo lanzada a las cero horas del 20 de junio de 2019, cambio del trinomio antedicho el cual formaba parte del Plan El salvador Seguro del Gobierno antecesor (que por cierto era palabra muerta pues su enfoque estaba orientado primordialmente en la represión), por el trinomio: control de los centros penales, interrupción del financiamiento del crimen organizado y el fortalecimiento de los cuerpos de seguridad.

Las fases en el espacio y tiempo

Este plan consta de siete fases, la primera fase iba encaminada a la ‘’recuperar territorios’’, mediante la militarización de las calles, la segunda fase en la recuperación del tejido social mediante la creación de oportunidades, la fase tres fortalecer los cuerpos de seguridad con equipo y medios. En cuanto al presupuesto económico para la andadura de las fases, tenemos que para la primera fase en un inicio el Ministerio de Hacienda había proyectado el gasto de $34 millones de dolares en el año 2019, pero se elevó a $71 millones entre el 2020 a 2021, principalmente el Gobierno previó 22 municipios para la implementación de la fase, los cuales tiene una alta presencia de criminalidad, en total son $106.7 millones para esta fase por el momento. La fase dos enfocada en el tejido social como bien cabe decir, en el 2019 tuvo el aval el Gobierno de parte de la Asamblea Legislativa de negociar el préstamo de $91 millones, el problema ha sido que al estar sujeto de aprobación le implicó retrasos, esta fase contempla en económica $158 millones en inversión social en 2019; $69.5 millones en 2020, el foco de seguridad se colocó sobre las zonas m{as violentas y peligrosas que importa el 64% de homicidios y feminicidios concentrados en 25 municipios. ; y $30.9 millones para 2021, en total hacen $258.4 millones para esta fase. La fase tres ha requerido la inyección de $109 millones en 2020, y $89.4 millones para 2021, obtenidos mediante crédito, donaciones y fondo general de la nación.

Los centros penales como enfoqué táctico

El punto de tira y encoje para la implementación de los panes de seguridad han sido los recintos carcelarios, esto porque es allí donde está el estado mayor de las maras y pandillas, allí se ha presionado y se ha negocia, en tal sentido todo comenzó con el traslado de reos de las principales pandillas para ser ubicadas en el mismo lugar, contrario a lo anterior donde estaban separadas para evitar enfrentamientos entre sus miembros ‘’Se acabaron las celdas de una misma pandilla, hemos mezclado a todos los grupos terroristas en las mismas celdas, en todos los centros penales de seguridad. ¿El estado se respeta!’’. Decía el corrupto Directo General de Centros Penales , Osiris Luna. Se inhabilitó el servicio telefónico en los centros penales y sus alrededores con el propósito de evitar la comunicación desde el interior del recinto hacia el exterior, el cierre de cárceles no ha obedecido a  condiciones cuantitativas pues la población de los recintos sigue elevándose, la capacidad actual es para 18.051 reclusos pero ya se supera los 38, 000. La presión del Gobierno ofertada en la mesa es: hacinamientos o ampliaciones y liberaciones.