Por: Salvador Belloso
El 15 de septiembre del año pasado, Nayib Bukele, anunció lo que a voces se sabía; su candidatura de cara a las elecciones presidenciales del 2024. A pesar del impase constitucional logró sobre pasar tal obstáculo mediante un fallo de la Sala de lo Constitucional un año anterior, tomando en consideración que al asumir sus funciones, la Asamblea Legislativa 2021-2014  con las bancadas de Nuevas Ideas y GANA quienes juntos hacen mayoría absoluta, el bukelismo destituyó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y en su lugar eligió magistrados que respondieran a sus intereses, lo mismo sucedió con el Fiscal General de la República.

Con los magistrados de la Sala de lo Constitucional a su favor Bukele evita tener los obstáculos que en sus diez años tuvo el FMLN, así puede reelegirse sin inconvenientes legales además de realizar cualquier política sin tener consecuencias en contra por la vía constitucional.       
Preparar el derecho a la insurrección  
Desde el mismo instante que Bukele anunció su reelección la oposición saltó en rechazo por contradecir a la Constitución, ante la opinión pública se ha argüido la reelección como sinónimo de anticonstitucionalidad y como una muestra de las intenciones de perpetuarse en el poder. Las críticas han sido acompañadas con denuncias públicas, y dentro de las observaciones realizadas aparece la insurrección como indicativo de solución ante las flagrantes violaciones a la Constitución.

El artículo 87 Cn establece el Derecho a la Insurrección con el propósito de restablecer el orden alterado y, valga la redundancia volver al estado anterior. Es de tomar en consideración que la Constitución vigente data desde 1983, redactada en plena guerra civil, echada andar sobre un Estado que se planteaba su propia sobrevivencia, por ello en las llamadas clausulas pétreas (arts. 83 al 89 Cn), se fijaron la reglas del juego donde se  bloqueó la posibilidad que por la vía democrática ascendieran dictadores al poder, y cuando se inobserven estas cláusulas y se violente el orden constitucional establecido, como consecuencia legal se faculta la insurrección para detener las causas que le alteran e imponer el orden utilizando medidas coercitivas para ello, es decir, esto se refiere a la facultad para imponer golpes de Estado, pero para volver a poner las reglas del juego en un sitio supremo, como un pacto entre partidos y facciones de clase burguesa. La palabra pueblo en el texto indicado es una estrategia discursiva que disfraza su significado real, porque en cambio al pueblo propiamente dicho, no se le permite revelarse organizadamente ante el poder político, y en caso de hacerlo a ese acto se le denomina ya sea  rebelión o sedición, si este es el caso lejos de un reconocimiento positivo se castiga duramente tal acto.

La oposición parlamentaria se pierde y naufraga en el discurso sobre la insurrección como si se tratase de un simple llamado a deponer la alteración actual, esta oposición carece de control militar y no tiene la fuerza social necesaria como para presionar a las Fuerza Armada de El salvador (FAES), a dar golpe de Estado. La realidad es distinta: el bukelismo tiene buena relación tanto con la FAES y   con la Policía Nacional Civil (son instrumentos de terror), y se encamina a ganar las próximas elecciones sin ningún impedimento, mientras la oposición pierde cada vez más su credibilidad pues al final la intención verdadera es acumular fuerza electoral.        
Que solo nuestras propias fuerzas nos representen
La clase trabajadora y pueblo salvadoreño no deben dejarse embaucar con la propuesta que desde el bukelismo se plantea, donde si no apoya a Bukele pertenece la oposición formal (ARENA-FMLN), tampoco dejarse cobijar por esta oposición que no tiene más propósitos que resurgir como alternativas electorales. Debemos plantearnos emplear resistencia contra la dictadura e ir por auténticas y legitimas sendas revolucionarias, porque aquí no tienen cabida aquellos intereses ajenos a las clases subalternas. Confiemos en nuestras propias fuerzas y en nuestra capacidad organizativa para afrontar los desafíos que supone luchar por la conquista del poder.