Por: Salvador Belloso          

El próximo viernes 27 de marzo cumplirá 1 año desde que El salvador está bajo régimen de excepción, Nayib Bukele, se alza sintiéndose victorioso de haber logrado (y en verdad lo ha logrado), encestar duros golpes a las pandillas que operan en el país, desmantelar el control territorial y operacional que estas agrupaciones tenían en buena parte del territorio es su mejor carta de presentación de cara a las próximas elecciones, a pesar de las críticas y de las denuncias por los abusos de las capturas arbitrarias e injustificadas, torturas y asesinatos en los recintos carcelarios, el bukelismo recurre a la trampa discursiva de justificar las violaciones a los Derechos Humanos de las personas capturadas en nombre de las mayorías, al presentarlo como necesario para el bienestar general, que los daños colateral son mínimos, si se piensa en lo positivo que resulta para la mayoría de la población.

Es necesario analizar con seriedad el régimen de excepción, pues al quedarnos únicamente con los resultados inmediatos, no habría más darle la razón a la propaganda oficial, y, se acabó el debate: militarizar el país, encarcelar en masas y torturar era la solución definitiva al problema de las pandillas. ¡Qué gran error! Porque con esta visión escasa solo se ve al fenómeno, si se descuidan las causas sociales históricas y estructurales que lo crearon habrá otras expresiones. El militarismo como solución es otro problema que es aún mayor al que tenemos que afrontar, más temprano que tarde, tomemos en consideración que la realidad es compleja y cambiante. 

El fracaso de las medidas de seguridad y el fin de las negociaciones     

El régimen de excepción como medida empleada para combatir a las pandillas surge a consecuencia de dos aspectos importantes: 1) El fracaso del Plan Control Territorial, y 2) El rompimiento de las negociaciones del Gobierno con las principales pandillas. El Plan Control Territorial, fue una extensión de los mismos planes de seguridad que se aplicaron desde las Mano Dura 1, 2 y 3, esquemas repetidos por los Gobiernos del FMLN y empleada tal cual por este Gobierno, sin embargo la variante era ampliar el empleo de elementos de la Fuerza armada de El Salvador (FAES), en el acompañamiento de las tareas de seguridad, pero tenía como complemento la focalización de territorios, siendo estos los municipios: 12 municipios priorizados son San Salvador, Mejicanos, Apopa, Soyapango, Ilopango, San Martín, Santa Tecla, Colón, San Marcos, Ciudad Delgado, San Miguel y Santa Ana.

Con el despliegue de 2,500 policías y 3 mil militares dio inicio la tarea de cercar las zonas y atacar frontalmente a las estructuras pandilleriles, en este plan también se realizaron traslados de reos pertenecientes a las pandillas para impedir que sus líderes quienes cumplen condena orquesten ordenes, así desorientar a los palabreros libres lo que permitiría a las operaciones tener mejores efectos. Las negociaciones fueron el detonante de la ola de asesinatos que en el último fin de semana de marzo de 2022 registró alrededor de 80 muertes violentas en tan solo dos días, las investigaciones periodísticas así como de la Fiscalía General de la República (FGR), antes del agente del Bukelismo Rodolfo Delgado, muestran que hubo negociaciones de este Gobierno, en 2020 se suscitaron negociaciones con las organizaciones de pandilla: Mara Salvatrucha (MS13) y Barrio 18-fracciones Sureños y Revolucionarios-, según manifiesta dichas negociaciones traba la reducción de los homicidios, posteriormente se intentó ocultar las evidencias de esto, según la misma fuente periodística el Grupo Especial Antimafia, que dirigía la investigación “Catedral”, incautó en 2020 documentos oficiales de Centros Penales, esta investigación fiscal se detuvo con la entrada en funciones del fiscal servil a Bukele.

En un intento de ir por encima de las críticas del fracaso del Plan Control Territorial, el Fiscal general Rodolfo delgado, en octubre de 2022 manifestó que este plan fue una fase previa al régimen de excepción, porque le permitió a la FGR recabar importante información. Si tomamos como valido esto entonces habría que suponer que el régimen de excepción estaba dentro de un plan preconcebido y que las negociaciones caídas seguidas por la ola de asesinatos fue una obra maquiavélica para justificarlo.  

La suspensión de Derechos, un método represivo de antaño      

El poder político de la burguesía, dentro de los regímenes democráticos modernos dispone de un amplio repertorio de Derechos en favor del ciudadano, para el goce de estos Derechos se configuran las garantías como medios de ejercicio y protección incluso ante el mismo poder estatal, pero tiene una salvedad. En el constitucionalismo moderno se ha incluido una solución para aquellos casos en los que el Órgano Ejecutivo, no pueda solucionar ciertos problemas por las vías normales y permanentes, permitiéndole hacer uso excepcionalmente de medidas más violentas, pero que por su misma dimensión deben ser temporales y justificarse en atención a un inconveniente específico, siendo estas aquellas que suspenden las garantías de los Derechos civiles, no suspende Derechos en sí sino garantías para su defensa y ejercicio, un claro ejemplo de esto fue lo ocurrido en muchos países del mundo con la pandemia del COVID-19, en El salvador se decretó el régimen de excepción para obligar a las personas al confinamiento, proteger la propiedad privada de las grandes empresas e impedir movilizaciones organizadas de los desvalidos en esta crisis, este mecanismo lleva un año siendo utilizado pero bajo la especificad de ser usada para combatir a las pandillas.

En el pasado ya fueron utilizadas medidas que suspenden las garantías de Derechos civiles. Durante la dictadura militar el 28 de febrero de 1977 fue disuelta violentamente en la Plaza Libertad del centro de la capital, utilizando el fuego de la metralla en contra de los valientes manifestantes que se expresaban en contra del fraude electoral del 20 de febrero, en este contexto se decretó el Estado de Sitio mismo que fue prorrogado tres veces, estando vigente hasta el 27 de junio de 1977. Para tener más eficacia contra las organizaciones de masas en 1978, bajo la Ley de Defensa y garantía del Orden Público (Decreto 407 de 25 de noviembre de 1977), cuyo enfoque principal era coartar la libertad de expresión, reunión y asociación. En 1978, el régimen de Carlos Humberto Romero, decretó la Ley de Garantía del Orden Público, cuyo enfoque era concretamente combatir a las organizaciones guerrilleras en formación y doblegar al poderoso movimiento de masas, bajo el amparo de esta Ley el Gobierno persiguió, torturo y asesinó con total libertad, la fascista Organización Democrática Nacionalista (ORDEN), del tipo paramilitar tuvo en todo este tiempo un papel importante en la aplicación de las embestidas represivas que dirigía la dictadura.

Todo esto fue una forma legal de tener un Estado de Sitio permanente con el cual las fuerzas de seguridad de esa época podían capturar e interferir la morada sin orden judicial, las masacres son la escala suprema de la violencia estatal. Para contener al movimiento de masas e impedir que el movimiento guerrillero se consolide en 1979, hubo un Golpe de Estado que dio falsas muestras de buena voluntad por parte del estado salvadoreño, La Junta Revolucionaria de Gobierno, como una nueva versión de las justas cívicas militares, nada más que un engaño que denunciaron las organizaciones revolucionarias, luego del contragolpe como consolidación de la alianza política entre las casta militar dirigente y la democracia cristiana retornaron los métodos de violencia.

El asesinato de monseñor Oscar Arnulfo Romero, dio lugar a una masiva asistencia del pueblo al funeral, esta enorme concentración fue disuelta con metrallas, tras la masacre de catedral la dictadura decretó Estado de Sitio, al año siguiente, el 10 de enero de 1981 fue lanzada la ofensiva general dirigida por el FMLN, y con ello la dictadura colocó junto al Estado de Sitio, el Toque de Queda, este último mecanismo no fue prorrogado tanto como el Estado de Sitio cuya duración finaliza junto con el nacimiento de la actual Constitución Nacional de 1983, en la cual se establece el Estado de Excepción, por cierto que también se dieron algunos cambios tras el asesinato de Cayetano Carpio en Managua en 1983, en 1984 el FMLN cambia el programa del Gobierno Democrático Revolucionario (GDR), por el Gobierno de Amplia Participación (GAP), concretiza el viraje de la toma del poder por un cambio en el régimen donde se prevé la participación política de sectores progresistas de la burguesía. De aquí en adelante no se volverá a saber hasta 1989 con la Ofensiva General Hasta el tope, tanto del Estado de Sitio como del Toque de Queda.       

El bukelismo se sustenta en el engaño      

Las pandillas, al igual que el bipartidismo, generaron hartazgo entre la mayor parte del pueblo salvadoreño, ha caído en el engaño que hace el bukelismo acerca de lo necesario que ha sido y la importancia que continúe el régimen de excepción para acabar con las pandillas, esto explica por qué pese a los abusos y de todo tipo de violaciones hacia la clase trabajadora y sectores populares, existe una alta aprobación popular. Ante esto Nayib Bukele, hace alarde de haber logrado lo que nadie más hizo antes que él; acabar con las pandillas y es ahí donde logra sobrellevar el que hayan sido expuestas las negociaciones que tanto él como algunos de sus funcionarios tuvieron con las maras y pandillas.            

Acabemos con el régimen de excepción     

A fecha de esta publicación son más de 65,000 capturas por el régimen de excepción, dentro de las cárceles 400 personas han sido asesinadas, esto es preocupante y debe ser detenido inmediatamente pues la forma de actuar de los agentes policiales y efectivos militares es de absoluta libertad e impunidad como en el pasado, su enfoque al ser de criminalizar la pobreza va encaminada a reprimir al pobre solo por su condición.