Por: Magdalena D. Paz       

A un año del régimen de excepción se ha normalizado lo que en algún otro momento hubiese sido descaradamente la entrada en vigor de una política de opresión y terror de estado, sin embargo, lejos de preocupar es aceptado de manera favorable por amplios grupos poblacionales, quienes justifican esto en correspondencia a la retórica del Gobierno; esta medida está bien porque ha encestado certeros golpes a las maras y pandillas y por eso a pesar de los daños colaterales debe continuar.

Con su accionar las organizaciones pandilleriles durante décadas, convirtieron a las zonas bajo su control en territorios donde el sadismo y lo macabro se volvió parte de la normalidad, sin embargo, en su silencioso temor la población civil pedía a gritos el cese de esto, por eso no es nada extraño que a pesar de las violaciones por parte de la PNC y FAES se justifica el régimen de excepción.

Pero estos daños colaterales están lejos de ser aislados y poco significativos, en realidad son parte del componente del reverso de los efectos sociales del régimen de excepción, donde uno de los grupos afectados son las mujeres pobres.

Debemos prestar nuestra atención al informe de CRISTOSAL     

Un informe de CRISTOSAL en los primeros días de junio 2023, ha generado reacciones porque presenta lo adverso de la propaganda gubernamental en lo referente al régimen de excepción: niños, adolescentes y adultos mayores han quedado obligadamente bajo el cuidado de mujeres a consecuencia de las detenciones en masa que ha realizado la PNC y FAES en las zonas donde operaban las pandillas, cambiándoles su vida en el sentido que deben procurar el alimento y subsistencia de ellos y además tener que correr con los costos de los paquetes de sus familiares presos, los precios de dichos paquetes rondan los $200 dólares, si a esto le sumamos el costo de sostener a niños, adolescentes y ancianos, esto resulta enormemente caro tomando en consideración que en la mayoría de los casos estas mujeres no tienen un empleo formal o quienes sí lo tienen devengan salarios mínimos.

Lo preocupante en esto no solamente es la responsabilidad forzada adquirida en lo referente a la manutención, además está el cuidado, lo que es pavoroso cuando se revisan algunos casos donde se han tenido que responsabilizar hasta por seis niños.     

La propaganda dice lo que no es, ¡ojo con ella!      

Se podría pensar sin el mayor cuidado que esto es el merecido por los daños ocasionados por las pandillas a la población civil, y que estas mujeres deben costear con esto porque sus familiares fueron los  perpetradores de tanto mal, esto es precisamente lo que la propaganda oficial quiere que se piense, en esta consecuencia debe tratarse como un acto de venganza y por lo tanto lo mejor es hacerse de la vista gorda y seguir aplaudiendo todo. Error, la mayor parte de las personas detenidas están ahí por la irresponsabilidad de este Gobierno en las negociaciones caídas que tuvo con las pandillas, no solamente son inocentes sino además víctimas de las detenciones arbitrarias y posterior tortura y asesinatos cometidos por el Estado. Así las cosas, de ser mujer en las zonas que antes eran asediadas por las pandillas, por el simple hecho de residir allí ya es razón de peso para ser vigilada, al igual que sucede con los adolescentes, a esto le agregamos el deber de asumir roles de cuidado y manutención de niños, adolescentes y ancianos quienes se han quedado sin sus progenitores y responsables, más los costes de los paquetes carcelarios, tal y como cabe mencionar.   

Expresémonos, no callemos más    

Ante esto debemos organizarnos aún mejor dentro de las organizaciones de víctimas del Estado en el régimen de excepción, lo cual implica elevar más la voz y proceder con las denuncias de todas y cada una de las violaciones causadas por el Estado. El Gobierno se ha servido de esta herramienta legal para encarcelar a personas críticas y opositoras, entre las que hay mujeres sindicalistas y lideresas comunitarias, siendo este otro de los propósitos ocultos tras la inflexible propaganda fascista del Gobierno de Nayib Bukele, al quien no le importan para nada estos efectos sociales.