Por Mario Carranza

La delincuencia es uno de los principales problemas de los cuales la población salvadoreña está demandando una solución por parte del gobierno de Mauricio Funes y del FMLN. Así lo refleja  el estudio realizado por  el Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) de la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" (UCA) el cual se expresa: “…. la seguridad es el área que en los primeros cien días de gobierno recibe las valoraciones más críticas. El 58.6 por ciento de la gente considera que la delincuencia aumentó con el gobierno de Funes, el 26.5 por ciento aseguró que sigue igual y el 14.9 por ciento opina que ha disminuido.  Al ser consultados sobre los resultados de los planes de seguridad, el 52 por ciento asegura que están dando poco o ningún resultado, mientras que el 48 por ciento dijo que estas medidas están produciendo mucho o algún resultado….. es notorio el aumento de las opiniones que señalan aspectos asociados a la delincuencia como el principal problema del país (47.7 por ciento), respecto a los más recientes sondeos del IUDOP. La encuesta cursada en mayo recién pasado reportaba que las personas que identificaron como problema principal aspectos asociados con la violencia y delincuencia no superaban la quinta parte de los encuestados y encuestadas (16.9 por ciento), mientras que en esta evaluación alcanza cerca de la mitad de las opiniones.” (IUDOP, UCA. Boletín de prensa Año XXIV, No.3)

La  delincuencia y la violencia son efectos  del sistema capitalista y del modelo económico neoliberal  impulsado por los gobiernos de ARENA.

El gobierno de Funes debe desistir de apoyarse en los militares para combatir la delincuencia.

En el capitalismo el Estado  es un instrumento al servicio de las oligarquías y las burguesías quienes son las clases económicamente dominantes. El Estado cumple con diversas funciones, dentro de estas está la función represiva mediante la cual la clase dominante asegura su dominio y explotación sobre la clase trabajadora. Para el cumplimiento de esta función cuenta  con un  conjunto de instituciones como son las fuerzas armadas, la policía, las cárceles, los tribunales, etc.

A pesar de lo anterior y de la función que la misma Constitución burguesa le da a las fuerzas armadas, el gobierno de Mauricio Funes y del FMLN insiste en involucrar a las fuerzas armadas en labores de seguridad. Funes ha manifestado que: “ En una reunión que yo tuve con comandantes militares en el cuartel de la Brigada de Artillería, los comandantes militares me planteaban lo siguiente, mire, el gran problema que tenemos nosotros y que tienen nuestros soldados es que si ellos actúan in fraganti y de pronto para defenderse tienen que disparar y terminan hiriendo o matando al delincuente ellos van a la cárcel porque no están protegidos, a diferente del policía. …habría que hacer un estudio y una reforma de ley que les permita a los policías actuar y no inhibirse a actuar porque cualquier soldado, perdón a los soldados, cualquier soldado puede decir, bueno, y si yo intervengo y por mi intervención voy finalmente a la cárcel. Habría que darle, entonces, un sustento jurídico a la intervención de los efectivos militares, pero por qué no, si la sociedad entera nos está demandando una mayor presencia de efectivos militares junto con policías en aquellas zonas de persistencia delincuencial, por qué no hacerlo.”

Con lo anterior se estaría creando funciones paralelas a las de la Policía Nacional Civil y  dándoles el aval a los militares  para poder matar  lo que traería como consecuencias graves violaciones a los Derechos Humanos.

No al retorno del militarismo.

El actual Ministro de la Defensa Nacional, David Munguía Payés  tiene un largo currículo: ex jefe del batallón de contrainsurgencia “Belloso” (que durante la guerra civil fue conocido como el “Batallón Gringo” y el segundo bastión de la estrategia de contrainsurgencia y el digno ejecutor de operaciones de tierra arrasada en Morazán y el oriente de país durante el gobierno de facto y la Administración Duarte en la década de los 1980s) y uno de los de los altos militares entrenados en torturas y en operaciones contrainsurgentes especializadas en la tristemente célebre Escuela de las Américas, también ex Director de Inteligencia del Ejército y Director de la Escuela Militar.

David Munguía Payés  forma parte del actual gobierno del FMLN como parte de una cuota de poder del grupo conocido como “Amigos de Mauricio”. Dicho militar ve actualmente la oportunidad para que las fuerzas armadas recuperen  el espacio que les fue quitado con los  Acuerdo de Paz de 1992.

La participación de las fuerzas armadas en labores de seguridad ya anteriormente había sido  propuesta  por Joaquín Villalobos  quien   expresaba que "la ruta más factible es utilizar a la Fuerza Armada a través de caminos legales y renovaciones doctrinarias, que permitan adaptarla a la emergencia y emplear así su infraestructura, personal, capacidades y disciplina". (El Diario de Hoy; 4 de marzo).

El Ministro David Munguía Payés  retomó dicha idea y expresa: “que no se descarta que el Ejército pueda actuar de forma independiente de la policía y que se le otorguen facultades legales para hacerlo. "En el ámbito de las facultades que tiene el señor Presidente de la República de emplear a la Fuerza Armada en el combate de la delincuencia, ahí se nos puede dar a nosotros algunas facultades que no tenemos en este momento, para actuar como policías, si el señor Presidente así lo decide". Para que el Ejército pueda desempeñar funciones de seguridad pública de forma paralela a la Policía Nacional Civil (PNC) se necesitarían decretos legislativos y ejecutivos y hasta una reforma constitucional.

El jefe militar reconoció que hay zonas donde la delincuencia ha sobrepasado la capacidad de la Policía. "Hay lugares donde la delincuencia está ejerciendo algún control y eso es un problema de soberanía. La policía está haciendo sus mejores esfuerzos, pero lo que pasa es que la delincuencia ha llegado a un nivel que está siendo difícil de controlar".  Con lo anterior el Ministro David Munguía Payés  busca  desprestigiar, restarle valor,  meritos   e importancia a la PNC  institución surgida como producto del Acuerdo de Paz y que significó una avance en el marco del estado democrático burgués; además pretende ganar protagonismo y hacer ver a los militares como los salvadores del pueblo, pero para ello  quieren  destruir las limitaciones  constitucionales que les fueron impuestas mediante el Acuerdo de Paz, lo que costó muchas vidas de hombres y mujeres revolucionarias.

Otro elemento que debemos analizar es que David Munguía Payés  ve el problema de la delincuencia como un problema  de soberanía, lo que es una justificante para implementar medidas represivas como las implementadas durante las operaciones de tierra arrasadas en las cuales todas las personas eran blancos de las operaciones militares. Los trabajadores no podemos permitir esta orientación. Tenemos que estar preparados para lo peor, porque si a los policías, a  muchos se les ha comprobado ladronismo, secuestro, cuatrerismo ,abusos de autoridad, sicariato y  hasta de estar incriminados en las mismas maras en el tema de las execrables extorciones, ahora con soldados permisivos y sedientos de sangre como ya se ha podido ir viendo con los militares, al pueblo le va llover sobre mojado por no decir plomo, al momento que se ponga en defensa de sus derechos y  contra del abuso del gobierno, la burguesía y  las transnacionales. Al pueblo le va ir muy mal con los soldados en  la calle por que estos han sido formados con  otra ideología no apta para la seguridad pública.

Una política preventiva y  de reeducación.

El gobierno de Mauricio Funes y del FMLN con su política de  ataque a la violencia y a la delincuencia  esta siendo un continuador mas de las políticas  represivas de ARENA, con el agravante que éste  es peor porque quiere legalizar lo que actualmente es ilegal, a través de la ya anunciada reforma. La sociedad entera necesita verdadera seguridad y no una sociedad militarizada, como ya antes la hemos tenido y que tantos sinsabores le ha dejado al pueblo salvadoreño.

La violencia y la delincuencia es producto del sistema capitalista, situación que se ha agravado con la crisis del capitalismo y del imperialismo. Un  verdadero plan de combate a la violencia y la delincuencia pasa por una mayor  distribución de la riqueza nacional, la cual se encuentra concentrada en pocas manos, y por un verdadero plan para enfrentar la crisis económica que abarque a la clase trabajadora, los campesinos, los indígenas  y demás sectores populares y no solamente planes de asistencialismo social. Para ello la clase trabajadora, los campesinos, los indígenas  y demás sectores populares tienen que exigir  la protección  de los empleos, generación de empleos dignos y permanentes, un aumento sustancial del salario para los trabajadores públicos y los privados el cual tiene que ser movible de acuerdo a los precios de la canasta básica, la creación de un fondo de asistencia para las personas despedidas y para los desempleados que cubra la canasta básica del  núcleo familiar.

El gobierno tiene que tomar en cuenta como que para evitar la violencia y la delincuencia un punto  que tiene que tocar es el comercio legal de las armas de fuego, el cual genera grandes ganancias a sus propietarios; también el gobierno tiene que crear planes de reeducación  y rehabilitación para aquellas personas con problemas de conductas.