Por Mario Carranza

Uno de los pretextos utilizados por el gobierno de Mauricio Funes y del FMLN para sacar las Fuerzas Armadas a la calle fue el combate a la delincuencia. Ante esa situación el Partido Socialista Centroamericano PSOCA se manifestó en contra  ello, planteó y la necesidad de la implementación de un plan integral que tome en cuenta las causas estructurales de la violencia y la delincuencia.

A pesar de ello los actuales administradores del Estado tomaron el acuerdo de sacar las Fuerzas Armadas e incorporarla a las labores de seguridad. Los resultados negativos de tan desatinada decisión no se han dejado esperar: ya murieron las primeras personas en manos de los soldados. Ante los cuestionamientos,  Munguía Payes, Ministro de la Defensa, dijo que el soldado actuó en defensa propia, dejando ver, o su alto grado de ignorancia, o podría ser que crea que el pueblo salvadoreño es ignorante.

Actuar en “defensa propia”, consiste en que ambos protagonistas de un hecho estén o se encuentren en iguales condiciones; pero comparar a un hombre  con un arma cortante, en el caso especifico un corvo, con un elemento militar equipado  con un arma larga de fuego  y de grueso calibre, caracterizada para la guerra, es la peor estupidez pronunciada por el ministro Munguía Payes. Está claro que dicha medida  represiva para lo que menos sirvió fue para disminuir la  violencia y la delincuencia, ahora hay más muertos a diario que antes de haberla puesto en marcha el operativo.

Para el 2010 las Fuerzas Armadas están proponiendo que se decrete un Régimen de Excepción, situación que no se veía desde ya hace muchos. De aprobarse dicha medida, muchas libertades y garantías podrían verse suspendidas; todo apunta que el sistema capitalista está preparando las condiciones para volver a gobernar con la Bota milita. Esto no debe ser permitido; el pueblo salvadoreño no debe  dar ninguna confianza a las Fuerzas Armadas y además tiene que manifestarse en contra del Régimen de Excepción.

No puede hablarse de Paz si los asesinos y torturadores no han sido castigados

Con la aprobación de la Ley de Amnistía todos los delitos y violaciones a los Derechos Humanos realizados por parte del estado y del gobierno salvadoreño quedaron impunes siendo el pretexto de ello la reconciliación y reunificación nacional. En estos 18 años de la firma del Acuerdo de Paz las organizaciones no gubernamentales, como el IEJES,  a través de su  presidente  Félix Ulloa expresan: “los familiares de las víctimas de las masacres mantienen una larga espera, y, es el momento que se les repare en todos los aspectos. La oportunidad de anular la ley en este nuevo escenario político de país es grande,…”(Diario Co Latino; 16/I/10)

Por otra parte Miguel Montenegro, de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES) considera que: “La celebración, la fiesta y el brindis que viene con el aniversario de la firma, debe sustentar elementos muy fundamentales como la verdad, la reparación y la justicia que son necesarias para crear una verdadera reconciliación,…. el primer gobierno de izquierda en el país “salde esa cuenta pendiente con esas familias que tienen esperanza de conocer la verdad, sobre qué pasó con sus seres queridos y  sancionar a los responsables”. (Diario Co Latino; 16/I/10).

El Partido Socialista Centroamericano PSOCA considera que la derogatoria de la Ley de Amnistía es un deber y una deuda que el gobierno de Mauricio Funes y del FMLN tiene pendiente con el pueblo y los familiares de todas las víctimas. Pareciera que el gobierno de Mauricio Funes y del FMLN no quiere castigar a los responsables de los delitos y violaciones  a los Derechos Humanos cometidas en el tiempo del conflicto armado; solo ha recurrido a hacer  homenajes póstumos, como en caso Jesuitas, a pedir perdón; a conformar una “comisión para la reparación civil  integrada por Hacienda, Relaciones Exteriores y se invitará a la Procuraduría de Derechos Humanos…”.

Desde el PSOCA consideramos que son los familiares de las víctimas y las organizaciones sociales quienes en todo caso deben de conformar una comisión para investigar y castigar a todos los responsables de los delitos y violaciones cometidas contra el pueblo salvadoreño; además se tiene que evitar que el estado y su actual gobierno se queden en la mera reparación moral  o reparación económica como que si la vida tuviese precio o fuere cualquier mercancía por lo cual los ricos y los asesinos del pueblo pagan un precio; se  tiene que exigirse castigo para todos los responsables intelectuales y materiales del sufrimiento del pueblo y en caso de reparación económica no es el estado quien tiene que desembolsar los fondos económicos porque ser así seria al mismo pueblo a quien se le estaría recargando dichos costos;  se les tiene que expropiar las propiedades  de los responsables de los delitos y violaciones de los Derechos Humanos.