Por Armando Tezucún

A casi tres meses y medio de iniciado el diálogo del gobierno con la burguesía para discutir el ajuste fiscal que financie el presupuesto del Estado, poco ha cambiado para aquél. Los representantes de las organizaciones empresariales se han opuesto sistemáticamente a todas las iniciativas que ha planteado el ejecutivo. A mediados de marzo el gobierno presentó a la Comisión de Finanzas del Congreso cambios al paquete fiscal, modificando las tasas el Impuesto Sobre la Renta y al Impuesto de Solidaridad mediante aumentos graduales. La propuesta eliminó el impuesto a la telefonía celular (al que se habían opuesto los empresarios) y revivió la antigua propuesta del impuesto a la circulación de vehículos de primera matrícula.

El 18 de marzo la Junta Monetaria dio el visto bueno a la emisión de Q 4,500 millones en bonos del tesoro, para cubrir de emergencia las necesidades del gobierno. Éste esperaba que tanto el ajuste fiscal como los bonos fueran aprobados por el congreso antes de semana santa, pero las maniobras dilatorias de los partidos de la burguesía opositora, lo impidieron.

En tres temas hay desacuerdo entre la burguesía y el gobierno: El monto del presupuesto, el ajuste fiscal y la emisión de bonos del tesoro. La burguesía insiste en que se retire de la discusión los cambios en los impuestos y que se de prioridad a las acciones contra el contrabando, las medidas anticorrupción y la calidad en la ejecución del gasto público. Las continuas denuncias de corrupción y malos manejos en diferentes ministerios dan fuerza a la posición de los empresarios, quienes dicen que no hay necesidad de crear más impuestos y deuda pública, sino que basta con controlar el contrabando, la evasión fiscal y velar por el buen manejo de los fondos del gobierno.

El ejecutivo invitó al presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno, quien habló de la necesidad de una reforma tributaria, la cual, dijo, no debe ser condicionada por la transparencia en el gasto gubernamental. Moreno hizo ver que la recaudación fiscal en Guatemala es de 10%, mientras que la media en América Latina es del 23%; ni siquiera se recauda el 13.2% estipulado en los Acuerdos de Paz. Por otro lado, la deuda guatemalteca con respecto al PIB es del 24%, mientras que la media en la región es del 43%.

El 26 de marzo, en una actitud de total descaro, los empresarios propusieron en la mesa de diálogo fiscal el incremento al Impuesto al Valor Agregado del 12 al 13%. Después de negar todo aumento de impuestos, la burguesía cobardemente propuso aumentar el impuesto que paga directamente el pueblo consumidor, y que ellos sólo se encargan de recaudar y manipular a su antojo. Muchos sectores se opusieron, incluyendo al presidente Colom.

Mientras el gobierno empezó a considerar medidas de austeridad y ahorro, las diferencias entre empresarios y gobierno han girado en torno a la emisión de bonos del tesoro. El 7 de abril los burgueses amenazaron con retirarse de la mesa de diálogo porque el gobierno presentó el proyecto de los bonos a la comisión respectiva del Congreso, sin haber acordado con ellos el techo presupuestario ni el monto de los bonos, acusando al gobierno de violar los acuerdos.

Nuevamente el embajador del imperialismo gringo, Stephen McFarland actuó como mediador entre ambos bandos en una reunión en su casa, tratando de evitar una ruptura definitiva entre los dos sectores de las clases dominantes. Gobierno y empresarios acordaron continuar el diálogo.

En una maniobra burda, la bancada oficial junto con sus partidos aliados en el Congreso, intentaron aumentar el monto de los bonos hasta Q 7 mil millones, con el fin de repartirlos en obras y actividades convenientes a sus intereses. Los empresarios y el mismo presidente los obligaron a volver a la propuesta inicial de Q 4,500 millones, que se espera sea definitivamente discutida en el pleno del Congreso la semana del 26 al 30 de abril.

El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) exhorta a las organizaciones populares a exigir al gobierno de Colom que rompa el diálogo con la burguesía tacaña y voraz que se niega obstinadamente a contribuir con impuestos al avance del país. El diálogo debe ser con las organizaciones que representan al pueblo trabajador, único beneficiario por derecho de las políticas gubernamentales.