Por Armando Tezucún

El 29 de abril la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE), ente estatal regulador del servicio, decidió el nuevo ajuste en las tarifas para los meses de mayo a julio. Argumentando el aumento en los precios del petróleo y la sequía que sufre el país desde el año pasado, que afecta la producción de las hidroeléctricas, la Comisión decidió incrementar el monto que pagarán las familias consumidoras. El Estado, desde hace unos años otorga un subsidio a los usuarios que consumen entre 0 y 300 kilovatios hora al mes (tarifa social); en este rango el aumento será de entre el 25 y 30%, según la empresa que da el servicio, manteniendo el subsidio a los primeros 100 kw/h. El resto de consumidores (tarifa no social, a partir de 301 kw/h) sufrirá un incremento de entre el 6.8 a 9.8%, dependiendo siempre de la compañía que le distribuya la energía.

En 1998, el entonces presidente Álvaro Arzú, actual alcalde de la capital, privatizó el servicio de distribución de la energía eléctrica, mediante turbios negocios. Desde entonces el pueblo guatemalteco ha estado en las garras de voraces empresas que privilegian su afán de obtener utilidades y prestan un servicio deplorable y totalmente ineficiente. Estas empresas son: Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A., vinculada a las transnacionales Iberdrola, Teco Energy y EDP Electricidade; Distribuidora de Electricidad de Oriente, S.A. (Deorsa) y Distribuidora de Electricidad de Occidente, S.A. (Deocsa), pertenecientes ambas a la repudiada empresa española Unión FENOSA.

El aumento en el precio de la energía eléctrica de inmediato fue rechazado por todos los sectores y organizaciones populares. Es evidente que aunque se mantenga el subsidio a los pequeños consumidores, todas las familias guatemaltecas tendrán que dedicar una porción mayor de sus escasos ingresos al pago de la energía; lo más grave es que tendrá un efecto inflacionario, porque las empresas y fábricas, como es su costumbre, trasladarán a los consumidores el aumento en sus costos que significan las nuevas tarifas.

El Frente Nacional de Lucha tomó la iniciativa, realizando plantones en la capital y las ciudades importantes, en una campaña para recolectar un millón de firmas de ciudadanos inconformes que rechazan el aumento y demandan la nacionalización del servicio. El 19 de mayo entregaron cien mil firmas al presidente del Congreso. Las acciones de hecho se multiplicaron. El 14 se realizó una marcha masiva por el centro de la capital en rechazo a la decisión de la CNEE. El 14, 17 y 19 se realizaron marchas, bloqueos de carreteras y protestas en el interior.  En Suchitepéquez unas 70 comunidades acordaron no pagar los recibos de luz, exigiendo el retiro de Unión FENOSA del país y la nacionalización del servicio eléctrico.

Por otro lado, el Procurador de los Derechos Humanos, Sergio Morales, presentó un amparo ante el Juzgado Segundo de Instancia Civil, el cual suspendió el incremento de la energía el 11 de mayo. Sin embargo, la CNEE y las empresas distribuidoras apelaron ante la Corte de Constitucionalidad, la cual el 14 decidió dejar en vigencia las nuevas tarifas. En una decisión contradictoria, el presidente Álvaro Colom anunció el 15 que el gobierno dará un subsidio de Q 116 millones a los usuarios que consumen más de 300 kw/h, según él para no afectar a la clase media, especialmente a la pequeña y mediana empresa. Esto puso en serios aprietos al ministro de finanzas, quien hasta el momento no tiene idea de dónde saldrán esos millones.

Desde que Arzú privatizó la distribución de la energía eléctrica, el pueblo guatemalteco ha sufrido incontables abusos, mal servicio, cobros excesivos, cortes e interrupción injustificada del servicio. El Frente Nacional de Lucha publicó en un documento que, según datos de la CNEE, Unión FENOSA recibió, de enero a mayo de 2009, 90,538 reclamos.

Por ello el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) se suma a la exigencia de anular el aumento de las tarifas, nacionalizar el servicio y expulsar el país a Unión FENOSA. La prestación estatal del servicio, para evitar corrupción, robos y mal servicio, debe ser controlada por las organizaciones populares, al igual que las empresas municipales que existen actualmente y que sean creadas en el futuro. Sólo la supervisión directa del pueblo trabajador garantizará un servicio eficiente y transparente.